El Congreso vive su propio 'procés' con el PSOE aplicando el rodillo a oposición y jueces

El Congreso se pareció este jueves demasiado al Parlament de Cataluña de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando el rodillo independentista aprobó las llamadas 'leyes de desconexión' pasando por encima de los derechos de los diputados constitucionalistas. Dos leyes, la del referéndum de autodeterminación y la de transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana, que días después suspendió el Tribunal Constitucional.

De hecho, la presidenta de Ciudadanos empezó precisamente así su intervención en el pleno de aprobación de la 'reforma Junqueras', rememorando aquellos dos días de infausto recuerdo: «Estamos reviviendo lo que muchos sufrimos en septiembre de 2017. Ésta es la primera vez que se va a producir en el Congreso, pero no es la primera vez que se produce en España», lamentó Inés Arrimadas.

Pero había una diferencia notable. Entonces, el PSC estaba en el otro lado de la historia. Entonces, los socialistas catalanes recurrieron en amparo al Tribunal Constitucional al considerar que la Mesa del Parlament, con Carme Forcadell al frente, vulneró los derechos de los parlamentarios en la tramitación exprés de ambas leyes. Y de hecho el TC les dio la razón.

Ayer, por el contrario, una dirigente del PSC, Meritxell Batet, presidía la sesión. Ayer, por el contrario, los socialistas y sus socios de coalición acusaron de golpistas al PP, Vox y Ciudadanos por hacer lo mismo que ellos hicieron en septiembre de 2017: pedir amparo al máximo intérprete de la Carta Magna ante la que la oposición considera la mayor tropelía legislativa de la era Sánchez.

Tal es así que, durante un discurso muy provocador, el diputado del PSOE Felipe Sicilia afirmó: «Señorías, hace 41 años la derecha quiso parar un pleno en el Congreso y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Quisieron parar la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido», señaló.

El grupo parlamentario socialista podía haber elegido a cualquier otro diputado para defender su postura en la tribuna. Pero eligió precisamente a Sicilia, que es el presidente de la Comisión de Justicia. Es decir, de la comisión parlamentaria en la que durante el lunes y el martes se ventiló el dictamen de la ponencia de esta reforma. Sin comparecencias, sin apenas debate y a puerta cerrada en una de las dos sesiones. Ni en la elección de su portavoz guardaron los socialistas las formas.

El mundo al revés

El PP, Vox y Ciudadanos tuvieron que escuchar a Sicilia, a Jaume Asens –el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos–, a Gabriel Rufián y a Bildu acusarlos de violentar la democracia por intentar, hasta la extenuación, que se suspendiera el pleno extraordinario. Yendo no ya al fondo de la proposición de ley, sino a las formas: porque, además de reformar el Código Penal (para derogar la sedición y rebajar la malversación), el Gobierno la ha utilizado como caballo de Troya para modificar asimismo las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y forzar el cambio de mayoría en el TC.

«El PP ha intentado utilizar un Tribunal con mayoría caducada para sustituir la voluntad del pueblo, atacando la separación de poderes. Están intentando perforar la democracia con un golpe silencioso», denunció Asens, ante las protestas de la bancada de la derecha. «Hablo con el miedo a que entre Tejero con toga, porque ya no entran con pistolas, entran con togas», ironizó el líder del ERC.

Rufián ya adelantó que los republicanos no se conformarán con este Código Penal a medida: quieren los cambios de leyes que hagan falta hasta llegar a un referéndum. «Nunca más se puede subcontratar a la Justicia lo que tiene que ver con la política, y tenemos que legislar para que esto no pase nunca más», resumió.

Los pasillos fueron un hervidero todo el día. Por la mañana, los diputados del PP, Vox y Cs se agarraban al clavo ardiendo del Constitucional, con la esperanza de que adoptara las medidas cautelarísimas solicitadas por los populares. Éstas habrían conllevado la suspensión de la votación de dos de las enmiendas (las referidas al abordaje del TC). Pero los del PSOE estaban muy tranquilos: horas antes de que el TC decidiera posponer cualquier decisión al lunes, diversos diputados socialistas se jactaban en privado de que el Constitucional no se iba a atrever a desafiar así al ejecutivo y al legislativo.

Cuca Gamarra, Javier Ortega Smith e Inés Arrimadas alertaron sobre el atril, cada uno a su manera, de que la de este jueves era una jornada negra para la democracia española; un punto de no retorno que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo definió en los pasillos de la Cámara con pocas palabras: «Un Gobierno contra el Estado».

«Somos el poder legislativo, pero lo somos los 350 diputados. Y este grupo parlamentario y este partido está defendiendo los derechos políticos y fundamentales no solo de mi grupo, sino de todos los diputados», empezó la portavoz del PP. «Quienes acudimos a las instituciones del propio Estado de Derecho nos dicen que estamos dando un golpe a la democracia. Se han mimetizado tanto con aquellos que dieron de verdad un golpe a la democracia que han llegado a creerse que la democracia son ustedes», añadió Gamarra.

El portavoz de Vox, por su parte, abrió la puerta a juzgar a los responsables de este «golpe de Estado desde dentro de las instituciones» en el futuro: «La respuesta de la mayoría de los españoles será muy pronto echarles a la calle o sentar a una gran parte de ustedes en el banquillo», vaticinó Ortega Smith.

A Rufián no le pareció descabellado ese escenario, porque recordó que la expresidenta del Parlament de Cataluña acabó en la cárcel. Y recomendó al PSOE y a Unidas Podemos que se cuidaran las espaldas porque intentarán llevarlos ante la Justicia: «Nosotros, los independentistas, hemos sido el spoiler. Progresistas, ustedes son los siguientes».

El PP, Ciudadanos, Foro Asturias, los dos exdiputados de UPN y el ex de Cs Pablo Cambronero no quisieron votar siquiera para no participar de ese acto de «caciquismo», como lo definió Carlos García Adanero. Sin ellos pasó lo mismo que habría pasado con ellos: la proposición de ley salió adelante y ya va rumbo al Senado para ser aprobada definitivamente en el pleno del 22 de diciembre. Salvo que el TC tenga algo que decir antes.