El plan B de Sánchez será peor que el plan A: el Gobierno culpa al PP de no dejarle otra salida

El Gobierno ya está diseñando su plan B para renovar los órganos constitucionales después del mazazo del Tribunal Constitucional. Y, aunque por ahora no entra en detalles, ya se adivina que será peor que el plan A, dadas las últimas comparecencias.

Por lo pronto, esta semana los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos presentarán una nueva proposición de ley para reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Y por el procedimiento de urgencia, nuevamente, según confirmaron fuentes parlamentarias este martes por la tarde.

La cuestión es con qué alcance: no parece que únicamente para forzar el cambio de mayoría en el TC, que era lo previsto en el primer intento, sino que podría subir la apuesta para entrar con todo también el CGPJ. Esto último es algo que lleva tiempo pidiendo Unidas Podemos.

El Ejecutivo vela armas por el momento, sin querer anticipar qué opciones pasan por la cabeza de Pedro Sánchez; cuáles son esas «medidas precisas» que él mismo anunció este martes para que «sean respetadas» la Constitución y la voluntad popular. Según él.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno no dio pistas, escudándose en que quieren estudiar al detalle el pronunciamiento del Constitucional y los votos particulares de los magistrados del bloque progresista.

Isabel Rodríguez se limitó a afirmar que el Gobierno está estudiando con «absoluto rigor, serenidad y tranquilidad» qué pasos dar. La portavoz rechazó hasta en dos ocasiones hacer la más mínima autocrítica, asumir cualquier responsabilidad, y culpó al PP de haber llegado a esta situación. «El error es bloquear el CGPJ», zanjó. El argumentario del Ejecutivo consiste en eso: en decir que el PP no les dejó más opción que actuar como actuaron, utilizando la puerta trasera de la proposición de ley sobre la sedición y la malversación para cambiar el TC.

A su lado compareció la ministra de Justicia. Pilar Llop no solo apuntaló ese argumentario, sino que fue más lejos: «Estamos legitimados para decir que el PP y Feijóo han secuestrado al CGPJ y las instituciones democráticas (…). Si se hubiera renovado a tiempo el CGPJ, o durante estos cuatro años, no estaríamos en esta situación. Ni estaríamos en esta posición de tener que hacer iniciativas legislativas para legislar sobre patologías democráticas generadas exclusivamente por el PP», sostuvo.

«Cuando se nos dice que hagamos autocrítica… ¡pero si nosotros lo que estamos intentando es desbloquear esta situación indeseable!», se excusó la titular de Justicia. Quien también aludió a que el Gobierno tiene tanto «respeto y pudor» a inmiscuirse en el CGPJ que por eso optó por una proposición de ley de los grupos parlamentarios y no por un proyecto de ley del Consejo de Ministros.

«Lo que tiene que hacer el PP es poner los nombres sobre la mesa, porque ha generado una patología, un germen democrático. Pero, ante esto, el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Nadie está por encima de la ley», concluyó.