En los sucesos acaecidos en la valla de Melilla murieron al 23 inmigrantes, aunque las ONG multiplican la cifra de fallecidos
La Fiscalía sale al rescate de Marlaska y archiva la investigación sobre los muertos de Melilla
El Defensor del Pueblo y diversas ONG denunciaron numerosas irregularidades, también en suelo español
La fiscal de Sala de Extranjería, dependiente de la Fiscalía General del Estado, ha decidido no continuar investigando lo sucedido en la valla de Melilla el pasado 24 de junio al no encontrar ningún responsable concreto.
De esta forma, la Fiscalía General del Estado absorbe la vía judicial y quita presión a Marlaska que se veía contra las cuerdas tras las denuncias presentadas tanto por el Defensor del Pueblo, como por ONG como por los propios socios del Gobierno de Pedro Sánchez de que España no había cumplido los acuerdos internacionales.
El Defensor del Pueblo puso número, 470, a las devoluciones en caliente que había constatado en la valla de Melilla «sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales», aseguraba el departamento que dirige Ángel Gabilondo.
Las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la zona también elevan las cifras oficiales de fallecidos, que el Gobierno de Marruecos cifra en 23. Un documental de investigación emitido por la BBC cifraba el número de fallecidos en 77, algunos de los cuales, aseguraba, se habían producido en suelo español.
Incluso los diputados que el pasado mes de noviembre visionaron los videos de las cámaras de seguridad de la frontera aseguraron que se habían producido muertos en suelo español y que había habido devoluciones en caliente.
La fiscal de Sala de Extranjería tenía de plazo hasta el día 28 para sacar conclusiones, decidir si continuaba la investigación otros seis meses más o abandonar lo sucedido en Melilla. Finalmente ha optado por esta tercera opción ya que considera que no se puede responsabilizar a nadie concreto sobre lo sucedido aquel 24 de junio, aunque su investigación se había centrado en el suelo español, que es donde tiene competencias, tanto la Fiscalía General del Estado como el ministro Fernando Grande Marlaska.
Pidió las imágenes captadas por los helicópteros y los drones, también las conversaciones entre los pilotos de la Guardia Civil que sobrevolaron la valla aquel día. Después de 6 meses de investigación, cierra la vía judicial.