La amenaza de una demanda ante la Justicia europea obligó a los progresistas a votar a los candidatos del CGPJ

Un doble nombramiento unánime, antes de final de año, sin esperar a las reformas legales del Gobierno que aspiran a reducir las garantías del trámite y de acuerdo con la propuesta formulada por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La designación de los dos candidatos al Constitucional –que completarán los cuatro que habrán de incorporarse al Tribunal junto con los ya elegidos por Pedro Sánchez– se producía este martes tras un tenso Pleno extraordinario en el que dos factores fueron decisivos para desencallar la tendencia de los bloques estancos.

Por una parte, la confirmación de que el vocal del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Enrique Lucas –quien se había abstenido en la anterior votación al ser su hermano, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, uno de los dos aspirantes– respaldaría la propuesta; por otra, la amenaza de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si los progresistas boicoteaban, de algún modo, la elección de ambos perfiles, para asegurarse de que los mismos lo fueran de acuerdo a la mayoría reducida, y no cualificada de tres quintos, con la que el Ejecutivo aspiraba a controlar, vía reforma en marcha, la Corte de Garantías y, una vez, que el intento de hacerlo como enmienda y por la puerta de atrás fuese cautelarísimamente paralizado por el propio órgano afectado.

El hecho de que once votos del ala conservadora –diez más uno del vocal a propuesta del PNV– frente a los siete que aglutina la izquierda en el Consejo, hiciesen matemáticamente imposible frenar la elección de César Tolosa, hasta ayer presidente de la Sala Tercera del Supremo, y de María Luisa Segoviano, también expresidenta de la Sala Cuarta, y primera mujer en ocupar el puesto en el Alto Tribunal, precipitaron los acontecimientos a favor de la propuesta, pese a que ello ha supuesto dejar caer al candidato bendecido por la Moncloa para el caso, el procatalanista José Manuel Bandrés quien, desde un primer momento, suscitó numerosas dudas sobre su «idoneidad» para el cargo.

El malestar entre los socialistas es notable. No en vano, son conscientes de que Segoviano, frente a las expectativas de Bandrés, «actuará y votará en el seno del Constitucional con independencia de criterio» y no respondiendo a intereses partidistas, han apuntado fuentes de toda solvencia a El Debate.

De hecho, sólo en el momento de la votación, los miembros del sector progresista Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez se plegaban a la evidencia y dejaban caer a Bandrés, al que se había aferrado hasta entonces sin alternativa, «por sentido institucional».

No en vano, una semana antes, tal y como adelantó El Debate en primicia, el grupo de cinco vocales conservadores que propusieron a los dos candidatos alternativos, finalmente elegidos –la magistrada Segoviano y el presidente Tolosa–, conscientes de la importancia de renovar el Constitucional antes de final de año y frustrar, así, los planes del Gobierno por controlarlo, dinamitaban la expectativas del elegido por Sánchez para sumarse al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exalto cargo de la Generalitat, Laura Díez, en el tercio de magistrados que renovarán el TC a comienzos de 2023.

Con la más renuncia al perfil de Pablo Lucas Murillo de la Cueva y la inclusión de la magistrada Segoviano –la primera mujer presidenta de Sala del Supremo– en el tándem, los conservadores apostaron por recuperar el voto del vocal Enrique Murillo, quien se había abstenido por su relación de parentesco con el candidato. Y lo lograron, condicionando con ello al resto de sus compañeros que «no tenían ningún motivo objetivo, ni de peso para rechazar» a Segoviano, apuntan a El Debate fuentes próximas al Consejo.

Antes este nuevo escenario podría complicarse la futura y eventual Presidencia de Cándido Conde-Pumpido al frente de la Corte, en favor de su compañera María Luisa Balaguer quien, con la llegada de los nuevos magistrados y el más que previsible apoyo mayoritario del sector conservador, no descarta confirmarse como la candidata más adecuada para encabezar los retos que el Tribunal tendrá que asumir próximamente, con un talante a la altura de las expectativas y como primera mujer de nuestra historia en asumir el cargo de quinta autoridad del Estado.

Una cuestión prejudicial al TJUE

No en vano, sobre la mesa del Pleno celebrado este martes se planteó la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para que interpretase la situación jurídica en base a la que, en un momento del cónclave, los siete miembros del sector progresista –con el presidente interino Rafael Mozo entre ellos– deslizó la necesidad de renunciar a la votación extraordinaria, en espera de la entrada en vigor de la reforma legal con la que el Gobierno trata de reducir a simple la actual mayoría reforzada de tres quintos, para confirmar la elección de los candidatos del CGPJ al Constitucional. Esto es, una maniobra con la que el Ejecutivo socialista busca reestructurar, a la baja, el mecanismo cualificado de control cruzado de los perfiles del Supremo a la Corte de Garantías.

Ante tal sugerencia, el sector conservador advirtió de que, cualquier «intento injustificado de bloqueo» de los progresistas, alegando un futuro escenario legal, les obligaría a dirigirse a la Justicia comunitaria para aclarar si una parte del Consejo puede secuestrar la voluntad de la «mayoría amplia de acuerdo al ordenamiento vigente» y en contra de un próximo contexto que todavía está en proceso y cuyo atajo inicial fue congelado por el propio Tribunal Constitucional, bajo sospechas de alegalidad.

La cuestión prejudicial ante el TJUE se considera útil cuando, ante un órgano jurisdiccional nacional, se plantea una situación inédita y de interés general para la aplicación uniforme del Derecho de la UE, o cuando la jurisprudencia ya existente en sede doméstica no aporta soluciones para el caso concreto, ni ha dado antes respuesta a un dilema jurídico similar. Una vez elevada, el procedimiento nacional debe suspenderse hasta que el TJUE haya emitido su fallo y de ahí que los progresistas no hayan querido arriesgarse a que el Constitucional pudiese quedar prorrogado, incluso una vez aprobada la reforma de Sánchez, como mínimo, dos años más hasta la respuesta de la Justicia europea.