Entes públicos del PSOE dieron otros 30,4 millones al constructor que pagó comisiones al partido en Valencia

Varios organismos públicos gobernados por el PSOE han otorgado contratos públicos por valor de 30,4 millones de euros a la empresa del constructor Enrique Gimeno, imputado en la trama de comisiones al PSOE de Valencia que investiga la Guardia Civil en el marco del 'caso Azud'. Paralelamente, El Debate ha revelado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha adjudicado otros 15,4 millones de euros a este empresario a pesar de estar condenado por la Audiencia Nacional.

El primero de estos organismos fue el Ayuntamiento de Castellón, que ha adjudicado 9 millones de euros a Facsa en forma de seis contratos. Todos ellos otorgados durante 2022, momento en el que el dueño de la compañía ya estaba imputado por, según la Guardia Civil, nutrir de fondos irregulares la 'caja B' de los socialistas valencianos. De todos ellos, el más alto fue adjudicado el 28 de julio por valor de 2.599.254 euros para «conservar y mantener las estaciones de bombeo de la red de alcantarillado y el control de vertidos».

Otro de los contratos, de 1.369.244 euros, aprobado el 29 de septiembre, tuvo como objeto la prestación del «servicio de limpieza e inspección de la red de alcantarillado». También otro de 912.387 euros para encargarse de las fuentes ornamentales del municipio de Castellón. Durante todas estas adjudicaciones la máxima responsable de los encargos ha sido Amparo Marco, alcaldesa del PSOE.

Desde la Diputación de Castellón, en este caso en manos del también socialista Josep Pascual Martí, también se ha recurrido a los servicios que presta la constructora que está en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En concreto, este organismo ha adjudicado 5,9 millones de euros a Facsa sólo en 2022. El contrato más reciente se firmó el 27 de septiembre por 2.498.731 euros para gestionar «el servicio sanitario del agua potable y mantenimiento de los equipos de cloración de Castellón».

Un mes antes, el mismo organismo controlado por el PSOE volvió a recurrir a Facsa para el mismo servicio, por el que abonó a la constructora implicada en el 'caso Azud' otros 3.023.465 euros. El 28 de junio del mismo año, la Diputación de Castellón contrató a la constructora nuevamente por 72.598 euros para que desarrollara un protocolo para la calificación y mejora de la eficiencia energética de los sistemas de transporte de agua a presión en abastecimientos urbanos.

Este periódico también ha descubierto que Facsa mantiene a día de hoy decenas de contratos públicos millonarios con otras instituciones públicas fuera de la Comunidad Valenciana. A pesar de que los organismos adjudicadores están repartidos por todo el territorio nacional todos tienen dos cuestiones en común: que están administrados por cargos del PSOE de distintas comunidades autónomas y que los contratos siempre tienen que ver con el negocio del agua. Es el caso de Aragón, donde gobierna Javier Lambán, Asturias, en manos de Adrián Barbón, y las Islas Baleares, presididas por la también socialista Francina Armengol.

El negocio del agua

El pasado 13 de octubre de 2022, el Instituto Aragonés del Agua (IIA), adjudicó un contrato de 1.622.496 euros a Facsa para que se encargara del funcionamiento, el mantenimiento y la conservación de las varias estaciones depuradoras de aguas residuales. Este organismo, dirigido por María Dolores Fornals Enguídanos, encargó a Facsa el mismo servicio en otras tres ocasiones anteriores en otros municipios de Aragón. El 19 de septiembre de 2022 el contrato fue de 1.784.746 euros; el 25 de agosto del mismo año el importe fue de 810.570 euros y el 15 de julio de 2022 de 891.624 euros. En total, 5,1 millones de euros.

Otro de los organismos que también recurrió a Facsa fue el Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), que dio un total de 4,6 millones de euros a esta constructora. El 3 de marzo de 2021 fichó a la compañía por 3.380.522 euros para que se encargara del «servicio de explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de depuración de la cuenta de los ríos Nalón y Casqueiro». El 22 de marzo de ese mismo año, es decir, apenas dos semanas después, esta institución recurrió a la misma empresa por 1.313.786 euros para que prestara el mismo servicio en otra zona de la región. Este organismo está en manos de Julio Antonio Pérez Álvarez.

La Agencia Balear del Agua (ABAQUA), cuyo gerente es Guillem Rosselló Alcina, recurre igualmente a Facsa. Este periódico ha localizado siete expedientes de contratación firmados en los últimos dos años por un valor total de 3,7 millones de euros. De todos ellos, el más voluminoso es de 1.384.520 euros y fue firmado el 7 de marzo de 2022. Un importe que se le abonó por asumir el control de la desaladora de agua de mar de Ciudadela. El segundo de los contratos se firmó unos días después, el 29 de marzo, y tuvo un importe de 1.144.231 euros. El objeto del resto se reduce a la realización de diversas obras en materia de seguridad y salud en instalaciones de saneamiento.

Por último, la empresa estatal Aguas de las Cuencas de España SA, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, vicepresidenta segunda del Gobierno, pagó a esta constructora 1.549.764 euros y 315.615 euros los días 1 de septiembre de 2020 y 30 de agosto de 2021 respectivamente por el abastecimiento de agua en Cantabria y en la zona central del Embalse de Las Parras de Teruel. Un total de 1,8 millones de euros en contratos.

Este periódico ha publicado que Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, ha otorgado otros 15,4 millones de euros entre contratos públicos y subvenciones a la constructora de Gimeno. La Guardia Civil ha acreditado en las investigaciones que está llevando a cabo en el 'caso Azud' que este constructor mantenía una estrecha relación de amistad con José María Cataluña, ex tesorero del PSOE de Valencia, acusado de cobrar comisiones a cambio de amañar concursos públicos.