Tribunales
La magistrada Balaguer aspira a ser la segunda presidenta del Constitucional frente a Conde-Pumpido
La idoneidad de los cuatro nuevos miembros del Tribunal, tras los nombramientos del CGPJ, ha desatado una pugna progresista por el liderazgo
No corren buenos tiempos para la Moncloa. Los intentos del Gobierno socialista por controlar, desde dentro, el Constitucional podrían verse definitivamente frustrados si, finalmente, la magistrada María Luisa Balaguer logra los apoyos necesarios para convertirse en la segunda mujer presidenta del Tribunal frente al candidato gubernamental, su compañero Cándido Conde-Pumpido. La elección de César Tolosa y María Luisa Segoviano como nuevos miembros de la Corte de Garantías, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –y la idoneidad de ambos perfiles, confirmada por el propio órgano, junto con los dos designados por Pedro Sánchez– ha provocado efectos colaterales, también, en el Pleno del TC. Más allá de la caída del candidato progresista del Consejo, el magistrado José Manuel Bandrés, la renovación del Constitucional culminaría con una Presidencia alejada de los planes de «servilismo» al Ejecutivo que representa el perfil de Conde-Pumpido. La primera mujer que presidió el TC fue María Emilia Casas desde 2004 a 2011.
El vuelco del Tribunal hacia una mayoría de izquierdas durante los próximos nueve años ha quedado consumado tras la llegada del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, la exalto cargo de la Generalitat Laura Díez y la expresidenta de la Sala Cuarta del Supremo María Luisa Segoviano.
Ahora, la pugna se sitúa entre los dos magistrados progresistas que aspiran a encabezar el Pleno del Constitucional: el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y la catedrática María Luisa Balaguer a quien le gustaría convertirse en la segunda mujer al frente de la quinta autoridad del Estado y que para lograrlo contará, como mínimo, con el apoyo de los cuatro magistrados del bloque conservador –ya que la quinta plaza se mantiene vacante tras la renuncia, en julio, del magistrado Alfredo Montoya Melgar por enfermedad grave– que, sumados a su propio voto, podrían inclinar la balanza de manera favorable a la candidata.
Sería necesario, sin embargo, arrastrar un respaldo adicional y, así las cosas, todas las miradas están depositadas en su recién llegada tocaya María Luisa Segoviano. No solo porque se presupone que su marcado «compromiso feminista» le llevaría a preferir a su compañera, en igualdad de condiciones, sino porque «si por algo se caracteriza Segoviano es por su independencia», dentro de su sensibilidad de izquierdas, y por el hecho de que su llegada al cargo no es resultado de ningún cálculo político gubernamental, apuntan a El Debate fuentes próximas al TC. Es decir, «su voto no viene condicionado», a priori, por ningún compromiso de apoyo en concreto, como si lo estaba el de Bandrés quien, bendecido desde la Moncloa, era una de las bazas seguras de Conde-Pumpido para lograr su ansiado puesto.
A priori, tanto Balaguer como Conde-Pumpido cumplen con la tradición de que el presidente de la Corte resulte elegido de entre el tercio más antiguo. No en vano, ambos se incorporaron al Pleno del órgano en 2017, junto con el dimitido Alfredo Montoya y con el conservador Ricardo Enríquez, que se postula como futuro vicepresidente, sea de quien sea el liderazgo, para mantener el equilibrio de fuerzas que, tradicionalmente, sitúa en ambos puestos a dos magistrados de distinta tendencia.
Los temores de Conde-Pumpido
Ante este nuevo escenario se han confirmado los temores de Cándido Conde-Pumpido quien, como ya adelantó El Debate a principios de diciembre, sospechaba que la propuesta progresista de José Manuel Bandrés en el seno del CGPJ podría convertirse en un escollo para su futura y eventual Presidencia del Constitucional.
El destino del elegido por Moncloa para presidir el Tribunal, una vez renovado, y el de su compañero magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo quedaron, entonces, fatalmente ligados, incluso antes de que se produjese el ansiado vuelco de la Corte de Garantías hacia una mayoría de izquierdas, menos afín al Gobierno de lo que se las prometían los socialistas. Conde-Pumpido era consciente de que sus expectativas de liderar el Pleno del órgano estaban frustradas si los vocales conservadores del Consejo tumbaban la propuesta para que el juez Bandrés se sumase a las filas del TC, como finalmente ha ocurrido.
Hasta el pasado 22 de diciembre, los interlocutores del bloque de izquierdas del CGPJ habían sido tajantes en su intención de que José Manuel Bandrés fuese su representante en un Constitucional concebido a la medida de Sánchez. Sin embargo, el sesgo procatalanista y progubernamental del magistrado suscitaron, desde su proclamación como candidato, importantes dudas sobre la idoneidad del perfil entre la mayoría de los vocales, como avanzó El Debate en varias ocasiones.
Así las cosas, la votación inicialmente celebrada por el Pleno del Consejo se planteaba adversa para Bandrés quien necesitaba, al menos, cuatro votos de los conservadores para salir airoso tras la propuesta de sus compañeros. La mayoría, sin embargo, no dejaba de insistir en su metodología de negociación que «exige no aceptar acríticamente los candidatos que deben ser evaluados y aceptados como propios por todos los vocales» frente al bloque progresista que se negaba a descartar a su elegido quien concitaba no solo el beneplácito del Gobierno sino el de sus socios separatistas de Esquerra (ERC).
La llegada in extremis de María Luisa Segoviano, unos días más tarde, en un segundo intento de votación extraordinario, dinamitaba todos los planes del Ejecutivo para sacar adelante a su candidato al Constitucional. El perfil de la magistrada progresista era irrenunciable para sus compañeros en el CGPJ y la mayoría aritmética de tres quintos –alejados los fantasmas de la reforma exprés de Sánchez que aspira a rebajarla a simple– estaba asegurada tan solo con los votos del bloque conservador y el del consejero a propuesta del PNV, Enrique Lucas Murillo. No quedó más remedio al Pleno que avalar, por unanimidad, a la magistrada y, con ello, despejar el camino para que María Luisa Balaguer pudiese disputarle el puesto de presidenta del Constitucional a su compañero Cándido Conde-Pumpido.