Europa se convierte en una trampa para Puigdemont: el auto del juez Llarena acerca la entrega de Bélgica

Cada día está más cerca. La entrega de Carles Puigdemont a las autoridades europeas ha pasado de nivel tras la revisión del auto de procesamiento por el que, hasta este jueves, estaba siendo reclamado desde el Supremo como cabecilla del 'procés'. La reforma del Gobierno con la que Pedro Sánchez lograba el apoyo presupuestario de sus socios de Esquerra (ERC) ha obligado al juez instructor de la causa a revisar las acusaciones iniciales que pesaban sobre el expresidente catalán y otros cuatro líderes políticos del 1-O que, como él, eran prófugos de la Justicia española: la exdiputada Marta Rovira y los exconsejeros Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig. Y, con ello, ha puesto más que nunca la pelota en el tejado de los tribunales europeos que están pendientes de pronunciarse sobre la causa penal en la que Bélgica se había negado a colaborar con España alegando discrepancias en la correspondencia del tipo penal de la sedición por la que todos ellos estaban siendo reclamados.

La desaparición del tipo ilícito de la discordia y la transformación de la responsabilidad contra Puigdemont en una mera desobediencia y un delito de malversación obligan a Bruselas a replantear su posición y devolver al líder del PdCat a España. Un escenario que el magistrado Pablo Llarena aceleraba coincidiendo con la entrada en vigor de la modificación del Código Penal, a la carta del separatismo, este mismo jueves.

Así las cosas, el refugio que Europa había proporcionado al exprófugo de la Justicia española podría convertirse, en los próximos meses, a partir de la notificación de las resoluciones pendientes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –esta última prevista para el próximo 31 de julio– en la garantía de que el político separatista perderá su actual estatus en Waterloo, donde llegó en 2017 tras cruzar la frontera con Francia en el maletero de un coche, regresará a nuestro país y lo hará para ser detenido por malversación y juzgado conforme a la legislación vigente.

No en vano, en la nueva valoración jurídica del magistrado instructor de la causa del procés, no sólo no queda rastro de la sedición -que ha sido eliminada de nuestro ordenamiento- sino que tampoco hay encaje para perseguir al expresidente de la Generalitat de Cataluña por los desórdenes públicos agravados con los que el Gobierno socialista ha tratado de cubrir, tímidamente, el hueco dejado por la derogación del delito anterior. Llarena es consciente de que en esta nueva fase los precedentes europeos juegan a su favor: tan sólo un año después de la huida de Puigdemont, en 2018, un tribunal alemán ya se abrió a entregarle por malversación.

Una malversación fuera de las rebajas

Una malversación que el magistrado ha mantenido para los separatistas catalanes fuera del catálogo de rebajas aplicado por el Gobierno al Código Penal, antes de Navidad, que acaba de entrar en vigor. El juez Llarena sostiene que el desvío de fondos públicos cometido por el expresidente de la Generalitat y sus dos exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig debe enmarcarse en la previsión del artículo 432.2 de la norma, donde se conserva el matiz del ánimo de lucro y, por lo tanto, las penas son más severas que en el resto de supuestos. Si Puigdemont pisa España o es devuelto a su jurisdicción se enfrenta a penas de cárcel de entre 4 y 8 años, a los que habría que añadir de 10 a 20 de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Y es que, de acuerdo con el criterio de Llarena, no es necesario que exista beneficio personal para quienes disponen de los fondos públicos para descartar la existencia del ánimo de lucro. Basta que se disponga del dinero «como si fuera propio», recoge el auto en el que motiva la vigencia de las acusaciones por esta cuestión. «Las actuaciones» bajo la lupa del Supremo que afectan a Puigdemont «no son subsumibles en los tipos penales atenuados que se introducen» en la última y polémica reforma de Pedro Sánchez, asegura el magistrado en su pronunciamiento.

Además, según han apuntado fuentes judiciales a El Debate, es muy probable que tras su puesta a disposición judicial y tras tomarle declaración, el instructor de la causa del procés decretase la prisión provisional, a la espera de juicio, dados los antecedentes de los interesados y la gravedad de los hechos que, más allá del relato político, siguen pesando sobre ellos.