El TC se asoma al aborto y la memoria democrática bajo la amenaza de falta de quorum

Doce años después de que el PP recurriese ante el Constitucional (TC) la ley «Aído» del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma llega al Pleno del Tribunal con una ponencia que propone avalar parcialmente la misma, en lo relativo al sistema de plazos como fórmula válida para aproximarse a la interrupción voluntaria del embarazo, salvo en lo relativo a la exigencia de información a la mujer, y bajo la amenaza de que no se logre el 'quorum' necesario para poder resolver la cuestión.

Tal y como avanzó El Debate, hace unos días, de validarse la abstención de la magistrada Concepción Espejel y las recusaciones lanzadas, contra un total de cuatro magistrados, por algunos de los diputados populares que, en 2010, firmaron la impugnación del texto legal, no habría un número mínimo de miembros válidamente disponible para entrar en el fondo del asunto por parte de una Corte que, también abordará la admisión a trámite de otra de las leyes más polémicas del Gobierno, la Memoria Democrática. En este último caso, según ha podido saber El Debate, el recurso presentado cumple con los requisitos objetivos de admisión a trámite y, por lo tanto, debería ser aceptado.

El recurso presentado hace ya más de una década por 71 miembros del Grupo Parlamentario Popular será uno de los asuntos que aborde el Constitucional en el Pleno que celebrará esta semana, el martes día 7, en el marco del Plan diseñado por el nuevo presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, para desatascar el Tribunal empezando por dar salida a los casos más antiguos que, lógicamente, por su alto componente político son algunos de los más polémicos. el veterano magistrado gallego es uno de los jueces a los que se ha puesto en duda para resolver sobre una materia de la que ya se pronunció, a favor, cuando era fiscal general del Estado.

Así las cosas, la ponencia que ha recaído en el magistrado Enrique Arnaldo quien, tal y como adelantó El Debate en primicia, propone la validación parcial de la cuestionada ley del aborto –en lo relativo al sistema de plazos–, pero plantea la inconstitucionalidad respecto de su artículo 17 al considerar que no garantiza que haya un consentimiento informado suficiente por parte de la mujer.

Pese a que la propuesta pone el foco sobre una de las cuestiones más delicadas de la norma: no reconoce el aborto como un derecho de la mujer y condiciona la validez constitucional del aborto terapéutico, para acotar que el concepto de salud solo se refiere a la salud física o psíquica; y, de la objeción de conciencia en el hecho de que es extensible a todos los profesionales sanitarios implicados en las actuaciones previas o posteriores a la intervención y no sólo para aquellos que participen de manera directa en la práctica del mismo.

No habrá pronunciamiento alguno en la cuestión de la innecesariedad del consentimiento paterno para los abortos de menores de edad de 16 y 17 años porque, aunque éste era uno de los preceptos inicialmente impugnados, el Gobierno de Mariano Rajoy lo derogó en 2015, con lo que el recurso habría perdido su objeto en este punto. Y ello pese a que el nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez con Podemos retoma este delicado aspecto e, incluso, lo amplía.

Cuatro magistrados recusados

El Debate ya avanzó cómo llegados a este punto, sin embargo, el recurso del aborto está amenazado por las recusaciones formuladas por una representación de los 71 diputados populares que en su día firmaron el recurso de inconstitucionalidad, entre ellos el exministro Federico Trillo. Cuatro son los magistrados cuestionados por su presunta falta de imparcialidad en la toma de una decisión en la que ya tuvieron un pronunciamiento previo por diferentes motivos: el presidente Conde-Pumpido, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, la vicepresidenta de la Corte Inmaculada Montalbán y la magistrada Concepción Espejel quien ya se ha apartado voluntariamente del caso.

En relación a Conde-Pumpido, alegan que «era fiscal general del Estado y participó en las deliberaciones del Consejo Fiscal que informó sobre el anteproyecto de la ley orgánica objeto de este recurso y se formó criterio sobre el mismo hasta el punto de firmar un informe alternativo» al emitido por el órgano al estar en desacuerdo con éste último.

Sobre Campo, el escrito sostiene que «fue secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011 y, por lo tanto, miembro de la estructura de Gobierno de la que partió la iniciativa del anteproyecto que dio lugar a la Ley Orgánica 2/2010 hoy recurrida».

Por lo que respecta a Montalbán y Espejel, ambas en la misma situación, los recurrentes han señalado su condición de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vigente cuando se tramitó la ley del aborto y, en consecuencia, «participaron en la elaboración y votación del informe de ese órgano sobre el citado anteproyecto». Una razón que comparte la propia Espejel tal y como ha hecho constar en el escrito consignado ante la Corte en el que promovió, unilateralmente, apartarse de la deliberación y votación de la norma, antes de la entrada de las recusaciones formuladas desde las filas del PP.

Si estos cuatro magistrados fuesen finalmente alejados del tema del aborto, bien voluntariamente o bien por decisión del Pleno, el Constitucional se quedaría sin el mínimo legal exigido para resolver con arreglo a Derecho los temas sobre la mesa de la Corte: al menos 8 magistrados de los 11 que conforman el mismo en la actualidad y tras su última renovación.

Rechazar la abstención de Espejel

Sin embargo, frente a las recusaciones formuladas Conde-Pumpido se opone férreamente a la posibilidad de que tanto él como Campo y Montalbán se sumen a la posición de Espejel que, además, para adquirir validez tiene que ser avalada por el Pleno. Fuentes próximas al Tribunal de Garantías apuntaban a El Debate cómo la negativa del actual presidente del órgano trata de paliar la imagen de «bajas masivas» que salpica al órgano desde que se incorporaron al mismo los dos últimos magistrados designados por la Moncloa. Y, para ello, utilizará toda la artillería posible en su mano.

En primer lugar, Conde-Pumpido considera que la recusación formulada no ha puesto en duda la imparcialidad de los cuatro magistrados afectados por la misma, de forma que aspita a aplicar la propia doctrina consolidada para mantener su jurisdicción evitando la falta de 'quorum' en un asunto tan estratégico ideológicamente como el aborto. Además, las mismas fuentes apuntan a que dicho escrito estaría fuera de plazo, una razón que tampoco dudará en esgrimir Conde para frustrar cualquier intento de mermar los efectivos disponibles de su sector de la izquierda judicial.

Así las cosas, una vez sorteado el primer escollo de las recusaciones y la abstención de Espejel, con carácter previo al comienzo del debate de fondo, la ahora mayoría zurda del TC está en la tesitura de declarar íntegramente constitucional la ley «Aído» del aborto por lo que no ha quedado claro que pueda prosperar la ponencia «restrictiva» de Arnaldo en algunos casos. Si éste fuese el escenario final, caben dos opciones: que el magistrado adapte su texto al dictado de la mayoría de los miembros del Pleno o bien que renuncie a continuar al frente de la sentencia que ha de resolver el tema. En este segundo escenario podría renunciar al mismo o serle retirado por Conde-Pumpido para encargarlo a otro magistrado.

Evitar la sensación de «bajas» en bloque

Además, el Pleno estudiará una serie de asuntos en los que se han lanzado recusaciones contra varios magistrados, sobre todo Campo, que en la mayoría de los casos ha optado por abstenerse, bien por su anterior cargo como ministro de Justicia, bien por tratarse de impugnaciones dirigidas contra decisiones adoptadas por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, quien es su pareja sentimental.

Algunas voces del Constitucional achacan la ola de recusaciones a la que se enfrenta en este momento el tribunal a una estrategia de «presión» para entorpercer su labor. Mientras, desde sectores de la propia judicatura, entre ellos algunos exmagistrados del TC consultados por El Debate se habla de la necesidad de mantener la imparcialidad y la independencia de un órgano que nace politizado hasta la médula tras las últimas designaciones efectuadas por el Gobierno socialista.

Campo se ha apartado del recurso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la decisión adoptada por Batet el 22 de octubre de 2021 de retirarle el escaño en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a un mes y 15 días de prisión por un delito de atentado a la autoridad, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo, por propinarle una patada a un policía durante una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife).

Se ha abstenido también del recurso de amparo parlamentario formulado por el PP contra la decisión de Batet, el 13 de septiembre de 2021, de no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos a los líderes del procés, una medida de gracia que se concedió cuando Campo aún formaba parte del Ejecutivo.

La misma decisión que ha tomado sobre los recursos presentados en su día por PP, Vox y Ciudadanos contra los acuerdos adoptados por Batet por los que se admitieron todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución empleadas por diputados electos de Unidas Podemos y de formaciones independentistas.