Conde-Pumpido evitó su propia abstención en la ley del aborto para evitar una avalancha de «bajas» en el TC

Que el nuevo presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, votase a favor del Anteproyecto de Ley «Aído» del Aborto de la era de José Luis Rodríguez Zapatero siendo fiscal general del Estado, en 2009, ha supuesto el primer gran obstáculo para el titular de la Corte, durante su recién estrenado mandato. «No ha querido ni oír hablar de ello» ni de otras abstenciones que «deberían haberse producido por iniciativa propia de varios magistrados» porque de hacerlo «daría la sensación de una avalancha de bajas» en el seno de la Corte «por razones políticas» y el veterano jurista gallego «ha tratado de evitar los titulares desfavorables», apuntan a El Debate fuentes próximas a la institución.

Mientras el pasado martes, el Tribunal decidía sobre las 5 abstenciones y las 2 recusaciones que, tan sólo unas horas después del reparto de asuntos del primer Pleno del órgano recién renovado, salpican fundamentalmente a los dos magistrados designados por Pedro Sánchez –el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa y la Generalitat Laura Díez– ni rastro de los efectos de la «contaminación» del propio presidente para pronunciarse en uno de los temas más polémicos que tendrá que resolverse en unos días.

Tanto él como dos de las magistradas que forman parte del Pleno actual, Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán, entonces vocales del Consejo General del Poder Judicial, se pronunciaron en contra de la norma. Y, por lo tanto, «están afectados por el artículo 219 de la ley del Poder Judicial (LOPJ)» que «prevé como uno de los motivos tasados de abstención en la resolución de cualquier conflicto jurídico» el hecho de haber «participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo».

«Si el primer Pleno celebrado admitió el argumento contra Díez y Campo en algunos asuntos en los que participaron como miembros del actual Gobierno en base a dicha norma, , lo que no se entiende es que Conde-Pumpido no haga valer dicha razón para sí mismo», apuntan a El Debate fuentes de toda solvencia. Además, las misma fuentes recuerdan que «el hecho de que nadie haya recusado la participación de uno de los magistrados en un procedimiento no significa que no exista el deber de auto abstenerse» del mismo cuando «se ha conocido de éste previamente».

Conde-Pumpido «sabe perfectamente que cuando se ha ocupado un cargo público y durante la etapa del mismo se ha participado de un modo u otro en la confección de un texto legal, se pierde la imparcialidad» que todo juez debe presentar. También «es consciente» de que los trámites de una recusación «son más lentos» que los de la decisión de apartarse de una cuestión en la que «sólo se necesita el aval del Pleno a los motivos de la misma».

Lo mismo para el caso de María Luisa Segoviano quien formó parte de la Junta Electoral Central (JEC) que confirmó al Supremo la retirada del acta del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez quien ha recurrido esa decisión ante la Corte. Conde-Pumpido ha alegado «para no perder ni un solo efectivo» del sector de la izquierda que «no es necesario apartar» a la recién sumada magistrada Segoviano del caso «porque su intervención en el tema desde el máximo órgano de control electoral fue de mera aplicación de una sentencia». La realidad es que aunque fuese así, «participó en ella», confirman los expertos consultados por El Debate.

Una petición forma sobre la mesa

Así las cosas, el exministro Federico Trillo y los políticos Eva Durán, José Eugenio Azpíroz, Carmen Álvarez Arenas y Teófilo de Luis Rodríguez han solicitado, este domingo, al Tribunal Constitucional mediante un escrito con fecha del 27 de enero de 2023 la recusación de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel en la deliberación y votación del recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del Partido Popular, hace doce años, contra la ley del aborto vigente.

La petición para apartar al actual presidente del Tribunal Constitucional y los otros jueces del proceso parte de que ninguno de los cuatro podría ser parcial ante los hechos a tratar puesto que todos participaron de una u otra forma a favor de la actual ley en el escrito del anteproyecto y proyecto. En concreto, sobre Conde Pumpido se alega que «no solo tuvo conocimiento del objeto del recurso como Fiscal General del Estado, sino que ha participado en su elaboración y ha tenido conocimiento y se ha formado criterio previo sobre él en detrimento de su imparcialidad actual como miembro del TC, por lo que debe ser recusado».

De igual modo pasa con Juan Carlos Campo, puesto que en aquel momento era secretario de Estado de Justicia y participó en la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios participando en la elaboración del proyecto de ley.