Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana
Investigación
El constructor avalado por Calviño figura en la caja B del PSOE de Valencia junto al nombre «Ximo»
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que el constructor Francisco Javier Luján Morant aparece junto al nombre «Ximo» en las agendas de José María Cataluña, cabecilla de la caja B del PSOE de Valencia. El Debate publicó este lunes que el Ministerio de Economía ha avalado con 4,3 millones de euros a la constructora de Luján, investigada en el caso Azud por haber abonado con dinero ilícito una campaña electoral de los socialistas valencianos tras haberse beneficiado de un contrato público de 46 millones de euros.
La primera aparición de Luján en las agendas de Cataluña se remonta al 15 de septiembre de 2004, algo que para los investigadores confirma que ambos mantenían una estrecha relación desde al menos hacía dos décadas. La UCO cifra en «numerosas» las referencias a este constructor en los archivos del cabecilla de la caja B del PSOE de Valencia. La segunda referencia a Luján fue anotada en otra agenda de Cataluña junto a un listado de empresas.
Anotación de «Ximo» junto a la constructora de Luján
La Guardia Civil considera clave este manuscrito ya que, en el informe secreto al que este periódico ha tenido acceso, junto a ella aparece la palabra «Ximo». Una anotación que a los investigadores llamó la atención, motivo por el que la marcaron con un recuadro y una flecha de color rojo. A continuación aparece otra anotación referida a Luján junto a las lujosas marcas de relojes suizos Rolex y TAG Heuer, objetos que la UCO sugiere que fueron adquiridos para posteriormente ser entregados como sobornos.
La UCO asegura que las agendas de Cataluña revelan que la formación política en Valencia se financió durante más de una década mediante un mecanismo de cobro de sobornos y mordidas que eran obtenidos tras el amaño de concursos públicos. En estas agendas aparecen multitud de referencias a empresarios y compañías que, según los investigadores, se beneficiaron de contratos millonarios a cambio de «condiciones de adjudicación», término con el que se referían a las comisiones ilegales.
Avales del ICO
Los investigadores mantienen que el constructor Luján se comunicaba con Cataluña a través de su teléfono móvil personal. La numeración de su línea telefónica figura en el amplio listado de contactos del tesorero del PSOE de Valencia. Como ha desvelado El Debate, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, ha concedido 4,3 millones de euros en avales a la constructora de Luján: Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos SA, anteriormente denominada Construcciones Luján SA.
La primera de las ayudas públicas otorgadas a esta empresa por Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, tiene un importe de 3.150.000 euros y fue adjudicada el 22 de abril de 2020. Seis meses después, el 27 de octubre de ese mismo año, el Ministerio de Economía volvió a inyectar una nueva partida en Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos SA. En esta ocasión de 573.999,30 euros.
El 9 de noviembre, la constructora investigada por la Guardia Civil recibió 300.000 euros y el 22 de diciembre, de nuevo, otros 350.000 euros. El concepto de todas estas ayudas siempre fue el mismo: «Paliar los efectos del coronavirus». A día de hoy, el ICO se encuentra presidido por José Carlos García de Quevedo. El pasado mes de junio, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo que establece un plazo de diez años para la devolución de los créditos públicos otorgados durante la pandemia.
Comisiones ilegales
Según el Registro Mercantil, Luján es a día de hoy «director gerente» de la constructora. Anteriormente fue presidente de la compañía, cargo del que fue cesado el 28 de julio de 2016. Ese año fue detenido por la Guardia Civil en la operación Taula, otro caso de corrupción política. En su lugar fue sustituido por Gabriel Fernández Pérez, que mantiene la presidencia en la actualidad.
En 2006, Construcciones Luján resultó beneficiaria de un contrato de 46 millones de euros que fue adjudicado desde el Ministerio de Medio Ambiente. Este contrato tenía como objeto «desarrollar las obras del trasvase Júcar-Vinalopó». El coste total del proyecto ascendió a los 200 millones de euros, por lo que se decidió adjudicar por tramos. El constructor Luján logró hacerse con uno de ellos cuyo valor fue de 46 millones de euros. De esa cantidad, según la UCO, Luján desvió 2 millones que fueron a parar a la caja B del partido que hoy investigan los tribunales.
Paralelamente, la Guardia Civil vincula esta adjudicación con un abono posterior de 120.060 euros que la constructora hizo para sufragar los gastos electorales del PSOE de Valencia en 2007. Construcciones Luján SA usó a la mercantil Cronosport SL como empresa interpuesta para abonar la campaña del socialista Joan Ignasi Pla para las elecciones autonómicas del 27 de mayo de 2007. En aquel momento, Pla, secretario general de los socialistas valencianos, se presentaba a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Un cargo que finalmente logró Francisco Camps del PP.
