La única alto cargo que ha dimitido en Igualdad en tres años sigue cobrando 7.000 euros al mes de indemnización

La reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ fue uno de los asuntos estrella de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, una semana más. La ministra de Igualdad volvió a pedir al PSOE llegar a un consenso: «Por favor, no nos levantemos de la mesa hasta alcanzar un acuerdo», afirmó. Y también hizo oídos sordos a la petición de la diputada del PP Marga Prohens: «Pida perdón, rectifique y dimita. Sí o sí, señora ministra», sostuvo la popular.

Sigue sin haber visos de un acuerdo entre los socialistas e Irene Montero, y tampoco de dimisiones en la cúpula del Ministerio de Igualdad. A pesar de que los ceses encubiertos del presidente de Renfe, Isaías Táboas, y de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, eran también un claro mensaje de Pedro Sánchez a Podemos.

Dimitir no es un verbo que acostumbren a conjugar en el número 37 de la madrileña calle de Alcalá, cuartel general del Ministerio de Igualdad. En más de tres años únicamente ha dimitido una alto cargo, la que fuera secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género, Noelia Vera. Y, en realidad, ésta sigue a sueldo del Estado, puesto que está percibiendo una indemnización por cese. En concreto, desde el 1 de noviembre de 2021 viene recibiendo 7.049,12 euros mensuales. En total, su indemnización ascenderá a algo más de 148.000 euros hasta el próximo mes de julio (incluido), que es cuando se le agota.

Vera, hasta entonces mano derecha de la ministra, renunció a su puesto en octubre de 2021, alegando «motivos personales». Necesitaba «tomar aire y emprender otros caminos», dijo. Le sustituyó Ángela Rodríguez, ‘Pam’, ahora en el foco de la polémica por la ley del 'solo sí es sí'.

Ese camino fue acogerse a la indemnización por cese a la que legalmente tenía opción. Cuando un alto cargo abandona el Gobierno, ya sea voluntariamente o no, tiene derecho a una indemnización del 80 % de su salario por el mismo tiempo que haya ocupado el cargo, hasta un máximo de dos años. En el caso de Vera fueron 21 meses. Se trata de una compensación que el interesado tiene que solicitar al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Y es, asimismo, incompatible con cualquier otra remuneración, ya sea pública o privada.

En esta legislatura, hay otra alto cargo que ha salido de Igualdad: la que hasta junio fue la jefa de Gabinete de Montero, Amanda Meyer, procedente de IU Andalucía. Sin embargo, en su caso no fue una dimisión, sino un despido fulminante. Y no porque cometiera algún fallo en su trabajo, sino por una venganza: la que emprendió Podemos contra IU tras las desavenencias internas por la ‘candidatura de unidad’ en las elecciones andaluzas. Meyer salió del Ministerio Igualdad y Enrique Santiago –líder del PCE– del de Derechos Sociales, donde hasta entonces había sido secretario de Estado para la Agenda 2030.

Meyer, al contrario que Vera, no solicitó la indemnización por cese, sino que volvió a darse de alta como autónoma en la Seguridad Social y a trabajar en el despacho Almadia. «Asesoramiento a entidades, administraciones y empresas. Derecho administrativo, contratación pública, mercantil, civil y penal», se anuncia éste.

El propio Pablo Iglesias se benefició de esta indemnización cuando dimitió como vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 para presentarse a las elecciones madrileñas, en marzo de 2021. La estuvo ingresando entre el 1 de abril y el 4 de septiembre de ese año, a razón de 5.316,42 euros mensuales. Percibió en total 27.290,96 euros, porque en septiembre de 2021 renunció a esa compensación para iniciar sus colaboraciones en prensa y radio.

Hay un tercer nombre, aunque en su caso ni siquiera llegó a tomar posesión en Igualdad, sino que dimitió antes de hacerlo. Así que no cuenta. Se trata de Alba González Sanz, a quien Montero eligió para encabezar la Dirección de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial. Pero recibió tantas críticas porque no era negra, que acabó renunciando en favor de Rita Bosaho, una guineana que por entonces era diputada de Unidas Podemos.