García-Castellón prohíbe salir de España al etarra 'Iñaki de Rentería' por ordenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Tan solo unos días después de que el exdirigente de ETA se negase a declarar ante el juez Alejandro Abascal por el asesinato del político Gregorio Ordóñez, el titular del Juzgado de Instrucción Central Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón ha acordado la libertad con medidas cautelares para Ignacio Miguel Gracia Arregui, « Iñaki de Rentería», en el marco de otra investigación abierta para identificar a los autores mediatos, esto es los 'cerebros', que ordenaron el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco, perpetrado por la banda terrorista en julio de 1997.

El magistrado ha decretado la retirada del pasaporte, vinculada a la prohibición de salir del territorio nacional, y la obligación de comparecer cada quince días ante su juzgado o ante el juzgado más próximo a su domicilio, para el que fuera dirigente de ETA que, además, deberá designar un lugar fijo de residencia y un número de teléfono directo y operativo para estar localizado si el juzgado requiriera su comparecencia. La negativa de «De Rentería» a cumplir cualesquiera de las medidas cautelares impuestas por el juez, conllevaría su inmediato ingreso en prisión.

No en vano, en el auto dictado por el instructor, al que ha tenido acceso El Debate, se explica la necesidad de tomar dichas prevenciones atendiendo al principio de proporcionalidad y a la vista de los indicios de criminalidad que pesan frente al investigado y la gravedad de los delitos que habría cometido y del mínimo grado de afectación que comportan, en este momento procesal, las comparecencias quincenales en sede judicial.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimaba la última oportunidad del exjefe de ETA para que se archivasen, por prescripción del plazo legal para investigar los delitos que se le atribuyen, las pesquisas que dirige el juez Manuel García-Castellón contra él por su presunta participación en el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. El magistrado instructor, a raíz de una querella interpuesta por la Asociación de víctimas Dignidad y Justicia autorizó una operación judicial que apuntaba a la intervención del exterrorista como «autor mediato» del atentado contra el edil popular.

De nada servía el intento por evitarlo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz que, el pasado mes de julio y apenas una semana después de su llegada al cargo se veía envuelto en una agria polémica al apartar de esta causa al fiscal que, desde un primer momento se había hecho cargo de ella, tras negarse a defender, como sí hizo su sustituto, la prescripción de los hechos alegada por «de Rentería» en un alegato que sonrojó a media España.