Investigación
Tito Berni pidió a su sobrino que escondiera una sanción a un empresario que amenazó con tirar de la manta
El cabecilla del caso Mediador, el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, pidió a su sobrino que escondiera una sanción a uno de los empresarios que formaba parte de la trama corrupta. Según la Policía Nacional, este empresarios había amenazado con tirar de la manta si no se satisfacía su petición de eliminar una multa.
«Que Curbelo le pide a su sobrino que borre o esconda ciertos expedientes, ya que tiene acceso a ello directamente pero siempre queda copia documental». Así de tajante ordenaba Tito Berni a su sobrino Taishet Fuentes, director de Ganadería del Gobierno de Canarias, que tapara los incidentes administrativos de los empresarios de la red. Esta información ha sido conocida por parte de los investigadores a través de las pruebas que ha aportado Antonio Navarro, alias El Mediador.
En concreto, uno de estos empresarios amenazó en una ocasión con desvelar la mecánica de la trama corrupta si no se le quitaba una multa. Este empresario llegó incluso a asegurar que, si no se le retiraba la sanción, armaría un escándalo mediático que consistía en verter leche sobre la sede del Ejecutivo canario. De esta manera, se aseguraba destacar entre la opinión pública y que se escuchara su denuncia.
Esta amenaza quedó inmortalizada por escrito en la declaración que El Mediador hizo ante los investigadores: «Que hay mensajes de WhatsApp y quizás algún audio en los que Taishet le informa al declarante (Antonio Navarro) que Paco Martel, tras enterarse de la sanción, dice que si no se le quita se presentará delante del Gobierno de Canarias y que verterá cisternas de leche delante de su sede y dejaría de comprar leche a los ganaderos».
Tras esta afirmación, la mano derecha de Tito Berni comunicó a los agentes que la trama política que después se bautizó como caso Mediador consistía en una larga retahíla de prácticas corruptas: «Beneficiarse ilícitamente de dinero público rebajando o quitando sanciones, dando licencias sin tener el aprobado del servicio técnico, otorgar subvenciones sin el proyecto pertinente, tráfico de influencias, uso de información privilegiada para beneficiar a ciertas empresas y perjudicar a otras y extorsionar a los empresario de la industria láctea y ganadera».
El hijo de Tito Berni
Como ha publicado El Debate, dentro del caso Mediador se está investigando también la posibilidad de que uno de los hijos de Tito Berni se beneficiara económicamente de la trama al cobrar 90.000 euros en contratos. Unos pagos que recibió a finales de 2021, momento en el que ya estaba en marcha la investigación judicial que acabó con la red, desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura), donde gobierna el PSOE.
Estos dos contratos fueron adjudicados a la empresa Guaguaeventos SL, constituida y administrada por el diputado del Congreso entre el 22 de febrero de 2019 y el 2 de diciembre de 2020. En esta última fecha cedió la compañía a su hijo y desde entonces, el Consistorio de Puerto del Rosario comenzó a contratar sus servicios. El primer contrato fue adjudicado el 25 de noviembre de 2021 y su importe ascendió a 46.224 euros.
El objeto de este encargo fue la «contratación de la prestación del servicio de alquiler, montaje y desmontaje de infraestructura y actividades de Navidad en Puerto del Rosario Sal por Puerto». Tres semanas después, la misma corporación municipal, gobernada por el socialista Juan Jiménez, volvió a recurrir a los servicios profesionales del hijo de Tito Berni y le adjudicó un segundo contrato para realizar una continuidad del primer encargo por otros 43.200 euros.
Este periódico también ha desvelado que el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, único encarcelado en la actualidad por el caso Mediador, creó un premio falso en nombre de la Unión Europea para agasajar a empresarios. El falso galardón, llamado Medaille-Insigne du Projet Gar-Si Sahel, fue constituido durante la etapa de Espinosa como jefe de proyecto de una misión de la Unión Europea liderada por España en el Sahel.
El objetivo de otorgar este premio ficticio era engrasar las relaciones que mantenía con empresarios. En cambio, la justificación que Espinosa usó para otorgar este falso galardón era que su creación estaba destinada a ser entregado como «distintivo que sirva como reconocimiento a todo el personal que se haya distinguido especialmente por su contribución al buen suceso del proyecto».
La orden dictada por Espinosa también establecía que la concesión y posesión de esta falsa medalla «se acreditará mediante el oportuno certificado-diploma expedido, firmado y sellado por el Director del Proyecto». Es decir, por el único miembro del caso Mediador que hoy se encuentra encarcelado. En estos documentos se usó el nombre de la Unión Europea para dar apariencia de validez.