Álvaro García Ortiz comparece en el Congreso como candidato a Fiscal General del Estado
Nuevo «bandazo» del fiscal general
García Ortiz propondrá ahora a la Junta de Fiscales un decreto para investigar sin límite los crímenes de ETA
El titular del Ministerio Público dará forma de orden a la posición oficial que es la misma por la que apartó y expedientó al encargado del caso Miguel Ángel Blanco
Han hecho falta más de nueve meses y varios «bandazos» para que, por fin, este jueves, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz se reúna con la Junta de Fiscales de Sala con el objetivo de fijar una postura única que apoye, sin limitaciones, el esclarecimiento de los crímenes de ETA reabiertos en la Audiencia Nacional. En especial, la presunta «autoría mediata» de los cuatro etarras que diseñaron, intelectualmente, el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, en 1997. García Ortiz ha rectificado y lo hará, según ha podido saber El Debate, proponiendo al generalato de la institución un borrador de decreto con una orden directa para el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso: «Dejar que continúen las pesquisas actuales y las que puedan llegar» en esta materia, sin pronunciarse sobre la posible prescripción de los delitos imputables a los hechos que están siendo investigados, al menos, en este momento procesal.
Es decir, ahora García Ortiz apuesta por la tesis que planteó en todo momento el fiscal Vicente González Mota, encargado en un primer momento del caso Miguel Ángel Blanco, y que fue apartado del mismo y expedientado «sin pruebas», hasta en dos ocasiones –como desveló El Debate– por negarse a cambiar su posición para «cerrar la causa antes de tiempo», a instancias de sus superiores.
Así las cosas, el fiscal genera tratará de obtener el aval de la Junta de Fiscales de Sala a su propuesta, que ahora pasa por considerar prioritario el derecho de las víctimas a conocer la verdad, si bien la decisión última cuelga únicamente de su firma. Con ello, el sucesor de Dolores Delgado quiere zanjar uno de los temas que más críticas y quebraderos de cabeza le ha propiciado desde que llegó al cargo.
El dilema de la caducidad de los supuestos delitos cometidos por los exjefes de la banda terrorista cambió de pantalla en el momento en el que, hace un par de semanas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvía a favor de seguir investigando el atentado contra Miguel Ángel Blanco, tal y como defendían tanto el magistrado Manuel García-Castellón como el fiscal Vicente González Mota al que, sin embargo, no se le ha repuesto al frente del caso. Y ello, aún cuando, desde su intervención del pasado 16 de febrero en el Senado, García Ortiz viene defendiendo lo contrario de lo que se había acordado con el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.
Para García Ortiz, ahora, si la Fiscalía se manifestara «anticipadamente» sobre el asunto, podría obstaculizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad. «Si se hubiera pensado antes, no habría que haber instado al fiscal a actuar contra su criterio, en un escrito del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional que incluso por su redacción conciliaba mal con la de un documento oficial sujeto a reserva», le reprochan desde la Asociación Profesional de Fiscales (APIF).
La APIF exige explicaciones
Por su parte, la APIF de la que es asociado González Mota, el fiscal expedientado, considera que la investigación a la que la Fiscalía General ha sometido al ex responsable de la causa Miguel Ángel Blanco «ha sido una represalia por su actuación procesal difiriendo del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional (AN) y del ahora FGE que pretendían el archivo» de la misma. Y así lo han hecho constar en una carta remitida a García Ortiz una vez que el Tribunal Central daba la razón a la posición del fiscal apartado.
La APIF entiende que «la Inspección incumplió de forma grave lo previsto» en el Reglamento Interno cuando instó la apertura de investigaciones«, primero de carácter penal y, posteriormente, expediente disciplinario por falta grave o muy grave a raíz de que el pasado mes de julio, a raíz de que »el fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso de Miguel Ángel Blanco se opusiera a la instrucción de su Fiscal Jefe, consensuada con el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General (hoy Fiscal General)«, que pretendía que solicitara »el sobreseimiento libre de la causa contra dos procesados, por prescripción del delito«. El fiscal hasta entonces al frente del procedimiento, González Mota, »se opuso al considerar que no estaba prescrito el delito y, además, que no era el momento procesal para considerarlo así".
