Batet oculta sus gastos personales como presidenta y los camufla en los de todos los diputados

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, mantiene en el más absoluto de los secretos los gastos destinados a sus desplazamientos, gastos de alojamiento y manutención y apuesta por «diluirlos» en los ingentes gastos que, entre todos los titulares de un escaño, soporta la institución.

La Cámara Baja recoge en su portal de transparencia los datos globales de todos viajes de los diputados en territorio nacional, que el pasado 2022 ascendieron a 3.230.550 euros, incluyendo las compensaciones por kilometraje en sus vehículos privados, a lo que hay que sumar todos los destinos internacionales, por lo que la cifra se dispara hasta los 6,8 millones, pero la presidenta se niega a dar detalles de cuántos de esos diez millones acabaron a su servicio.

En la documentación que obra en poder de El Debate, los servicios de la dirigente socialista sólo aceptan reconocer que «la Presidencia dispone de coche oficial para sus desplazamientos», en territorio nacional, pero aseguran que no puede facilitar los datos concretos.

Sobre este particular, este periódico ya reveló que el vehículo en cuestión forma parte de la flota de 22 vehículos de alta gama arrendados para cuatro ejercicios por un importe de un millón de euros que, en su caso, le permite disponer de un Audi A6 Sedan 50 TFSI e Quattro Stronic, con motorización híbrida eléctrica enchufable.

En el sector puede considerarse un lujo, con un precio de mercado superior en más de 20.000 euros al del DS 7 Crossback Elysee estrenado por el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, a finales de 2021, en el que el vecino Estado redujo gasto y lujos con varias medidas simbólicas: prescindió del techo solar retráctil y le quitó los acabados en «pan de oro» del vehículo anterior en recuerdo del esplendor de Versalles.

Del resto de gastos de Batet, que tiene uno de los salarios más altos del Estado con sus 236.710,04 euros anuales, nada de nada. Y para taparlos, apela a la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 18 de noviembre de 2014, en materia de control y publicidad de los desplazamientos de los diputados, que dispuso en su apartado segundo que «la información sobre los mismos se facilitaría con carácter trimestral y de forma globalizada respecto de cada categoría de desplazamiento».

La excusa de Batet

Una normativa que utiliza ahora la Secretaría General del Congreso, en un documento con referencia 2023/22 instado por El Debate, como excusa para no dar la información expresa sobre sus propios gastos una vez solicitados por este periódico, y por extensión, de ningún otro parlamentario, ahondando en la opacidad de la Cámara, ya que, a su juicio, «sólo en los términos de la norma se puede facilitar esta información y no se puede, en consecuencia, facilitar información individual. La norma es vinculante en relación con esta cuestión y resulta de obligado cumplimiento».

Ni un detalle personal

Esta negativa resulta relevante, una vez que El Debate desveló los reiterados viajes a Cádiz del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Unas idas y venidas a costa del erario público, que han llevado ampliar la investigación a su pareja, la presidenta del Congreso, con la mantiene una discreta relación y con la que ha compartido escapadas a las playas de la provincia, imposibles ahora de determinar si, en el caso de haberse producido, corrieron o no a cargo del contribuyente y fueron asumidas por Batet.

Sin embargo, escudándose en la legislación propia de la Cámara, Batet, ha asegurado que «no se puede, en consecuencia, facilitar información individual», acerca de los desplazamientos que realiza. Ni siquiera aunque hubieran sido de carácter personal, con su actual pareja o por cualquier otro motivo ajeno a sus funciones.

Pero esto no solo afecta a Batet, sino que es extensible a todos los diputados, algo que se torna fundamental habida cuenta de que uno de los escándalos de las últimas semanas tiene una de sus ramificaciones en el propio Congreso, el caso Tito Berni.

La opacidad de los gastos de la Cámara afecta a todos los parlamentarios en medio de la tormenta ocasionada por el caso ‘Tito Berni’

El ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, procedente de Canarias, usaba las dependencias del Palacio de Las Cortes como base de operaciones para sus presuntas corruptelas. Allí, organizaba reuniones con los empresarios implicados en la trama antes de celebrar fiestas gastronómicas y con prostitutas, pero la opacidad en la contabilidad de los gastos de los parlamentarios no permite saber si cargó algún gasto a cuenta de la Cámara.

De hecho, hay que tener en cuenta, además, que según el régimen económico de los diputados, desde mayo de 2006 la Cámara facilita a los que no disponen de vehículo oficial una tarjeta personalizada que permite abonar el servicio de taxi en la ciudad de Madrid.

Por tanto, a falta de que exista una mayor obligación de dar a conocer el detalle sobre los gastos que sufraga el Congreso, los ciudadanos no pueden saber a dónde se desplazan sus señorías y cuánto destinan a cada uno de sus viajes.

El único dato que pueden conocer es revelador: entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022, el trimestre del año con más puentes y vacaciones al margen del verano, sus Señorías se gastaron sólo en desplazamientos la friolera de 1.072.127,89 euros.