Los casos Mediador y Cuarteles aceleran la aplicación de medidas contra la corrupción en la Guardia Civil

Corría octubre de 2019 cuando el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. En diciembre de 2021, la dirección de la Guardia Civil aprobó el Código de Conducta. Han tenido que saltar los mayores casos de corrupción en el seno de la Benemérita desde las andanzas de Luis Roldán a comienzos de los años 90 para que se traslade la Directiva Europea al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 2/2023 y para que el Consejo de la Guardia Civil de abril de 2023 adopte las primeras medidas de ese Código de Conducta.

El caso Mediador, por el que el general retirado Francisco Espinosa Navas ha terminado en prisión por encabezar una trama de obtención de comisiones, y el caso Cuarteles, por el que tres mandos de la Guardia Civil están imputados por amañar contratos en 13 comandancias por valor de 3,3 millones de euros, han obligado a activar un ‘Plan de choque contra la corrupción y por la regeneración democrática en la Guardia Civil’.

De esta forma, el Pleno del Consejo de la Benemérita que se celebró el pasado lunes aprobó un plan de gobernanza, un plan de acción ética profesional, un protocolo de buenas prácticas, un observatorio de conducta ética y, por último, un sistema de información interna, que es la aplicación de la Directiva Europea y por la que se refuerza la protección de los denunciantes de corrupción.

Suspicacia de las asociaciones

Sin embargo, las asociaciones de guardias civiles no las tienen todas consigo. Así, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que «habrá que esperar para ver si estas acciones son eficaces y si contarán con una verdadera participación de los representantes de los guardias civiles a través de las asociaciones profesionales». Y para ello, habrá que esperar, incluso, que se apliquen las medidas ya que, por ejemplo, el Observatorio de Conducta Ética se pondrá en marcha «en el segundo trimestre del año», es decir, de aquí a junio.

Por su parte, la asociación Jucil añade que «más del 90 % de las peticiones realizadas por las asociaciones, no tienen respuesta por la Administración o directamente no se tienen en cuenta, con lo cual, entendemos que no hay transparencia si no se tiene en cuenta estas peticiones o propuestas».