Jueces y fiscales se dan cita con Pilar Llop en la Mesa de Retribuciones más tensa de los últimos años

Ha llegado el día clave para los jueces y fiscales de nuestro país. A unas horas de celebrarse, por primera vez en los últimos cuatro años, la Mesa de Reribuciones Salariales que la ley obliga al Ministerio de Justicia a convocar, al menos en una ocasión, cada 365 días, las asociaciones profesionales, en unidad de acción, se preparan para subir el tono de las «medidas de presión» que, desde hace varios meses, llevan a cabo contra el Departamento que dirige Pilar Llop y con el anuncio de una huelga indefinida declarada en el sector como única opción, a partir del próximo día 16 de mayo, salvo que un giro radical de actitud de la socialista lo evite in extremis durante el encuentro de hoy.

La crisis institucional de la Administración es tal, en materia de tribunales que, tras el paro de más de dos meses de los Letrados (LAJ) y las protestas convocadas por los funcionarios y los abogados del turno de oficio, los magistrados y los miembros de la Fiscalía no han tenido más remedio que unirse al conflicto colectivo de su sector.

Así lo adelantaban en un comunicado conjunto emitido el pasado lunes día 24 de abril, publicado por El Debate en primicia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), tras «años preocupadas y denunciando la falta de dotación suficiente del servicio público que constituye la administración de Justicia».

Ni la partida destinada desde los Presupestos Generales del Estado, ni las cargas de trabajo que tienen, en la práctica los tribunales y fiscalías, permiten, a juicio de los profesionales implicados en el día a día, desarrollar su trabajo de acuerdo con la «calidad y rapidez de la respuesta judicial» que merecen los ciudadanos, ni atender a la «salud» de los miembros de ambos ramos que soportan con meros «planes de refuerzo» y su «dedicación» personal, la «sobrecarga del sistema» fruto de una «elevada litigiosidad».

Polémica con los Fiscales

Precisamente, ayer día 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, saltaba una agria polémica a raíz de un encuentro mantenido, el pasado 18 de abril, entre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria del sector– que fue «absolutamente correcta e institucional» y en la que se defendió la «independencia de los fiscales».

Desde el entorno asociativo de la entidad con más número de representantes, democráticamente elegidos por los miembros del Ministerio Público, en el Consejo Fiscal, condenaban con rotundidad, y sin ocultar su perplejidad ante un falso escándalo, el «intento de utilización política» de su reunión con Feijóo. «Fue una reunión absolutamente correcta e institucional, a la que yo he ido previa invitación», insistía, por su parte, el líder de los populares.

Y, todo ello, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochaba a Núñez Feijóo, durante un mitin de los socialistas de Málaga, que se hubiese «reunido» con «fiscales»; a raíz el encuentro del pasado 18 de abril que se hacía público ayer: «Hoy nos hemos enterado de que el señor Feijóo se reúne a hurtadillas, de escondida, a puerta cerrada, con fiscales conservadores para asumir compromisos de derogación de leyes que hemos aprobado esta legislatura».

Sin embargo, como desvelaba El Debate en primicia, el propio Sánchez se reunía en abril del 2018, en Ferraz –a menos de dos meses de su llegada al Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy– con las cuatro principales asociaciones de jueces y las tres mayoritarias de fiscales. En aquella ocasión, el que era líder de la oposición les transmitió que apostaba por una Justicia moderna y dotada de «medios suficientes, transparente y eficaz».