Javier Jordán da voz a los funcionarios en huelga: «Justicia, Hacienda y el Gobierno no pueden mirar a otro lado»

La falta de una oferta económica concreta por parte del Ministerio que dirige Pilar Llop, para una subida de retribuciones en todos los cuerpos generales y especiales y en todos los ámbitos territoriales y los nulos avances en la negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia Organizativa (LOEO), llevaban a los convocantes de la huelga de funcionarios del sector a endurecer sus movilizaciones.

La imagen de Llop vestida de flamenca en la Feria de Abril cuando, hasta la fecha, no ha querido sentarse con ninguno de los implicados en el segundo, pero no único, conflicto colectivo declarado en Justicia en las últimas semanas –jueces y fiscales notificaban, este mismo viernes, que irán a una huelga indefinida desde el próximo 16 de abril– llevaba a los representantes del Comité del personal de Justicia a sustituir los paros parciales de tres horas, de los que habían venido acompañando sus reivindicaciones, por jornadas completas de huelga general.

Así las cosas, El Debate ha entrevistado a Javier Jordán, presidente de la Sección Nacional de Justicia del sindicato CSIF y una de las voces de los funcionarios frente a los Ministerio para conocer, en primera persona, sus preocupaciones, sus problemas, sus necesidades,...

–¿Por qué los funcionarios han decidido pasar de los paros parciales a las jornadas completas? ¿Por qué ahora la huelga?

–El detonante de nuestra huelga es el acuerdo firmado entre el Comité de Huelga de los Letrados (LAJ) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Pero la causa de fondo, por así decirlo, es un debate que estaba dormido... un conflicto que latía en los juzgados sobre quién ejecuta materialmente determinadas funciones y las está asumiendo para que los juzgados puedan avanzar. Si todos trabajásemos lo que nos corresponde por Reglamento, los juzgados estarían realmente atascados, paralizados. Y si funcionan es por la labor de un equipo que estamos asumiendo tareas por encima de las que nos asigna la Ley Orgánica de Poder Judicial (LOPJ). Hasta ahora regia una especie de acuerdo tácito sobre las mismas pero, desde el momento en el que el Ministerio de Hacienda reconoce las funciones extra de los Letrados, nos vemos abocados a plantear este conflicto con la Administración de Justicia.

–¿Es, por lo tanto, algo más que una reclamación económica?

–Esto no es una reclamación de pedir dinero por pedir dinero. Ni porque se le haya dado a los letrados, nos tienen que dar dinero también. Lo que estamos defendiendo es que esas funciones que hemos asumido los funcionarios, que entendemos que van a solucionar una parte importante del problema del funcionamiento de los juzgados, se retribuyan como corresponde. ¿Por qué no hacer legal lo que es real en las oficinas judiciales y se reconoce y se retribuye al personal que realmente está haciendo esas funciones, adecuadamente?. Eso es lo que estamos reclamando.

Una Justicia con medios y con personal bien reconocido, bien valorado, bien remunerado, sería mucho más ágil

–Da la sensación por sus palabras de que la Justicia en España funciona a base de parches y de buena voluntad...

–La justicia no da votos. Se habla mucho, sobre todo los últimos tiempos, de que es un servicio público esencial pero se queda sólo en el eslogan, no en la práctica. Los cambios que exige la Administración de Justicia no son de hoy para mañana, no los anuncias en el Consejo de Ministros y en el corto plazo se hacen realidad... El problema de la Justicia se resuelve con un pacto de Estado político, pero también social, que cuente con los trabajadores. Y esto es algo que hay que construir en varias legislaturas.

–¿Se dan las circunstancias para conseguirlo?

–Cuando yo empezaba mi formación, uno de mis compañeros lo primero que nos dijo es: «Que sepáis que los juzgados funcionan por moral de tropa». La responsabilidad, la vocación de servicio público de todos mis compañeros nos lleva a que muchas veces decir bueno, aquí el trabajo hay que sacarlo hacia adelante y lo vamos a hacer entre todos y vamos a intentar que las cosas avancen. Es verdad que los ciudadanos se queja de la Justicia lenta cuando la Justicia funciona razonablemente bien para los medios que tenemos a nuestra disposición y sobre todo, para el reconocimiento que se hace a sus profesionales. Y eso hay que ponerlo en valor, incluso, o con más motivo ahora en tiempos de conflicto. Por eso también confiamos en nuestros compañeros. Éramos perfectamente que si se da este sí se abre la puerta a este reconocimiento. Yo creo que la administración de Justicia al servicio público, los ciudadanos van a ver una mejor. Y lo van a agradecer al final en términos de servicio público mejor.

–Las cosas se están poniendo muy feas para la Ministra de Justicia... ¿Cuál es el calendario a partir de ahora?

–El día 30 de marzo se nos convocó y nosotros, Comité de Huelga, además de manifestar nuestra voluntad de negociación, durante cinco horas, quisimos negociar. Seguimos queriendo alcanzar una solución al conflicto de forma pactada porque nosotros, como sindicato, anteponemos siempre la negociación y el diálogo a las medidas de presión. Pero Función Pública sigue sin hacer una oferta económica. Si CSIF va a una huelga que tenga la gente muy claro que es porque se han agotado todas las vías de negociación. Convocar una medida de conflicto conlleva una responsabilidad muy importante y, aún así, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que los Ministerios no miren para otro lado. No puede mirar para otro lado ni Función Pública, ni Justicia, ni el presidente del Gobierno.

El Ministerio ya conoce cuál es la posición sindical y tiene que sentarse a negociar con una oferta económica. Ganaremos los funcionarios pero, también, el servicio público y la sociedad

–¿Son ustedes conscientes de que la huelga supondrá un perjuicio para los ciudadanos? ¿Qué consecuencias tendrá en la práctica?

–Podemos hablar, perfectamente, a tres años de retraso sobre los plazos ya, de por sí, amplios lo cual es mucho tiempo, demasiado tiempo. A nosotros nos duele también esa situación pero son el Ministerio y el Gobierno los únicos responsables por su cerrazón a sentarse a negociar y por haber cerrado un conflicto falsamente con los Letrados. Creyeron que con el acuerdo con ellos se solucionaba todo y o estaban mal asesorados o no quisieron verlo pero nuestro conflicto latente existía.

–¿Consideran un desprecio que la ministra de Justicia no se haya sentando ni con los letrados, ni con ustedes?

–Pues esa misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Realmente es así? ¿Tenemos una ministra ausente del debate real? Esta misma semana, en comparecencia parlamentaria, respondió al Partido Popular con el tema del Consejo General del Poder Judicial.

Lo hemos dicho millones de veces. La independencia judicial o lo que pase en el Consejo es importante, pero el verdadero problema lo tenemos los funcionarios, lo tienen los jueces, los fiscales, los letrados, los ciudadanos en el día a día, cuando vamos a los juzgados y vemos que se cae el programa informático, que los programas de toda España no comparten datos entre ellos, que los edificios se caen...

La Justicia es la hermana pobre de la Administración porque no da votos

Así que para quienes desde el Gobierno aseguran que se nos ha subido el sueldo como parte de una subida de todos los funcionarios que, por cierto, CSIF no firmó porque suponía una pérdida para adquisitivo, si ése es el único argumento que tienen y que los otros llevan 1.642 días bloqueando la renovación del Consejo al Poder Judicial. Es un desprecio a los funcionarios y un desprecio a los ciudadanos, también, porque parece que los problemas reales de la justicia no le importan a la ministra y eso es muy grave.

–Es curioso que uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, se haya convertido en el patito feo de la Administración...

–Es la hermana pobre de la Administración... La educación, la Sanidad, preocupan a todo el mundo. A nosotros, los funcionarios, que somos ciudadanos que pagamos impuestos y tenemos hijos que llevamos al colegio, o nos ponemos enfermos, también. Pero es evidente que esos temas son necesidades más primarias. Y lo de la Justicia... que tengas juicios y los ganes si tienes que ir a un juzgado. Es curioso porque ha habido dos ocasiones que el CGPJ ha hecho una encuesta sobre cuál es la valoración de la Justicia y es curioso cómo las personas que han pasado por los juzgados la valoran bastante mejor que las que no.

Lo que no significa que la Justicia esté bien porque si los procedimientos se alargan o se retrasan no se obtiene. La Justicia rápida es, para nosotros, un servicio público esencial. Una Justicia con medios y con personal bien reconocido, bien valorado, sería mucho más ágil.