Los fiscales rechazan el «intento de utilización política» de su reunión con Feijóo

«los Fiscales tiene derecho efectivo a la libertad de expresión, de creencias, de asociación y de reunión» y «especialmente tienen derecho a tomar parte en cualquier debate público que verse sobre derecho y administración de Justicia». En la misma línea de lo dicho, hace unos meses, por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) para justificar la participación del actual titular de la Carrera, Álvaro García Ortiz, en un «laboratorio de ideas» del PSOE gallego –o, lo que es lo mismo, la intervención de un fiscal en el acto de un partido político– ha sido el argumento empleado por la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) como reacción a la polémica suscitada por su reciente renunión con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

«Rechazamos todo intento de utilización política de las actividades que se desarrollan» por parte de la entidad «siendo ésta una más de muchas», reza el comunicado remitido a raíz de las críticas y pronunciamientos políticos tras conocerse el encuentro. «Si con ello se pretende actuar a modo de tiralíneas, de trazo gordo sin duda, para dibujar a la Asociación de Fiscales como una recta paralela de un concreto partido político, la realidad de las cosas evidencia que se han obviado los extremos que no favorecen tal postura y que dejan al descubierto la estrategia».

Si se trata de «deslegitimar» la posición hecha pública por la Asociación de Fiscales en relación a la «convocatoria de huelga para el próximo día 16 de mayo mediante la insinuación de un seguidismo al partido político que encabeza la oposición al Gobierno de la Nación», entonces, «no sólo los hechos sino, también, la cronología les es desfavorable. En esta postura, la misma de siempre, se nos encuentra desde hace años y de la misma hemos dado cuenta en múltiples comunicados» previos al emitido hace unas horas por la AF, mayoritaria en el Consejo Fiscal .

El falso escándalo ha alcanzado tales cotas de protagonismo, en las últimas horas, que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochaba al líder del PP que se hubiese «reunido» con «fiscales» de la AF, el pasado 18 de abril, coincidiendo, sin embargo, la repercusión mediática de dicha cita en la jornada previa a la reunión de los interlocutores de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia con motivo de la Mesa de Retribuciones Salariales. «Hoy nos hemos enterado de que el señor Feijóo se reúne a hurtadillas, de escondidas, a puerta cerrada, con fiscales conservadores para asumir compromisos de derogación de leyes que hemos aprobado esta legislatura», acusaba Sánchez durante un mitin de los socialistas de Málaga.

Sánchez, tal y como publicaba El Debate en exclusiva, se reunió en abril del 2018 –a menos de dos meses de llegar al Gobierno– con las cuatro principales asociaciones de jueces y las tres mayoritarias de fiscales. Durante ese encuentro el entonces líder de la oposición transmitió su interés de trabajar por una Justicia moderna y dotada de «medios suficientes, transparente y eficaz». Es decir, hizo lo mismo que ahora parece criticar.

Miquel Iceta, entre otros precedentes

Así las cosas, Sánchez no fue el único que mantuvo contactos con la AF que, desde el año 2017, ha venido organizando encuentros entre sus asociados y diferentes personalidades del ámbito jurídico, político, intelectual y cultural de nuestro país. «La experiencia, concebida como cauce de comunicación que permita dar a conocer al Ministerio Fiscal, su actual situación y expectativas futuras, recogiendo al mismo tiempo las inquietudes trasladadas por sus invitados, comenzó en la ciudad de Barcelona y se ha contado con la asistencia, entre otros, de María José Segarra, Miquel Iceta, Alejandro Fernández, José Antonio Zarzalejos o Albert Boadella», han subrayado desde la dirección de la entidad mayoritaria.

Con un objetivo claro: «promover el conocimiento mutuo a través del debate que no se sujeta a más cortapisa que el respeto inherente a cualquier proyecto de diálogo y propio de personas que hacen de la palabra el instrumento para construir argumentos y medio para la exposición y expresión del pensamiento».

«Es deseo de AF extender a otros territorios estos encuentros ponderando así el valor del intercambio entre personas que, desarrollando su actividad profesional en diferentes ámbitos y con sensibilidades ideológicas distintas, aprecian el acercamiento y nunca lo disfrazan de coartada al servicio de intereses espurios e irrazonables», denuncia la AF que, en octubre de 2022, también se citó en Madrid con el exabogado del Estado y diputado de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal.

«Quizás el hecho de que tales encuentros se lleven a cabo en establecimientos públicos ha dado lugar a confusión sobre la naturaleza netamente privada de los mismos. Y es que únicamente son invitados los miembros de la Asociación de Fiscales y la persona determinada en torno a la que gire el evento, ni que decir tiene que a todos ampara la libertad ideológica y también la de expresión, y ello con absoluta independencia de la reseña que los medios de comunicación tengan por oportuno hacer sobre el acto», ha remarcado la AF en la nota hecha pública en la noche de este mismo martes.

Señalamientos y peticiones de dimisión

Tampoco ha pasado desapercibida la petición de dimisión que la Unión Progresista de Fiscales ha hecho, en un pronunciamiento previo, a la exfical general del Estado y fisal de Sala del Supremo, al frente del juicio del 'procés', Consuelo Madrigal Martínez-Perera, que es la «miembro electa que obtuvo el mayor número de votos y Presidenta de la Comisión de Ética Fiscal» en el Ministerio Público. «La propia postura resulta inexplicable aunque no venga al caso y mediante una construcción más que burda» la han defendido los suyos.

Y es que las opiniones Madrigal «sobre técnica legislativa» las cuales han suscitado la indignación de la asociación más vinculada a la izquierda política de nuestro país –que, en los últimos años, desde la llegada de Sánchez a la Moncloa ha colonizado los puestos de mayor relevancia en el escalafón de la Fiscalía, gracias a los nombramientos discrecionales de Dolores Delgado y su sucesor en el cargo, Alvaro García Ortiz – «integran el ejercicio de la sana crítica, entendida como conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos», según la Real Academia Española de la lengua (RAE).

«Acudir al entrecomillado de un artículo para dar mayor profundidad al argumento sólo habla de la debilidad del mismo, y al mismo tiempo de la subjetividad –¿o es subsidiaridad?– de quien lo mantiene y a quien no extraña que una intervención oral en un acto privado sea reproducida, al parecer, literalmente por un periódico», denuncian desde la AF en alusión directa a la información publicada por El País.