El Constitucional ya no será obstáculo para un referéndum pactado entre Sánchez y ERC

El pasado fin de semana, Oriol Junqueras concedió una entrevista a Efe en la que recitó de carrerilla las cuatro cesiones que Pedro Sánchez ha hecho a ERC en lo que va de esta legislatura aún inconclusa: la mesa de negociación, los indultos a nueve cabecillas del procés encarcelados, la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación en el Código Penal y la vuelta de «tres exiliados», que así se refirió él a los exconsejeros Meritxell Serret y Clara Ponsatí y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El líder de Esquerra puso esos cuatro ejemplos para acabar concluyendo que Sánchez pasará por el aro más pronto que tarde y autorizará un referéndum pactado en Cataluña: «Estamos acostumbrados a que el PSOE jure y perjure que las cosas no pasarán. Pero hemos constatado que, si tenemos suficiente fuerza democrática, las cosas pasan», añadió Junqueras sacando pecho.

ERC no solo no ha abandonado su intención de convocar una consulta, sino que en las últimas semanas ha metido una marcha más a su plan. A mediados de abril, el presidente de la Generalitat empezó a desplegar su propuesta para el llamado «acuerdo de claridad» con el Gobierno central.

La fórmula de un nuevo Estatut sometido al refrendo de los catalanes solo vale si Sánchez sigue en la Moncloa

La fórmula con más posibilidades es la de un nuevo Estatut que se someta al refrendo de los catalanes, como ha venido contando El Debate desde el pasado mes de septiembre. Siempre y cuando Sánchez siga en la Moncloa, porque, si gobierna el PP, Esquerra volvería a la táctica de la confrontación, con un Estado desprotegido tras la derogación de la sedición.

El objetivo de Pere Aragonès es que un grupo de expertos ponga las bases de ese futurible referéndum, para después debatirlas en una mesa de partidos catalanes. Y, a principios de 2024, servir el guiso en el plato del presidente del Ejecutivo. El horizonte temporal que se han marcado el president y su partido tiene toda la intencionalidad: el año 2024 empezará con las negociaciones para la investidura del próximo inquilino de la Moncloa. Serán lentejas.

El precio

Los republicanos catalanes saben que la reelección de Sánchez pasa, irremediablemente, por ellos, si es que Alberto Núñez Feijóo no logra una mayoría suficiente. Y ése será su precio esta vez, una consulta inspirada en la Ley de Claridad (Clarity Act) que aprobó Canadá para Quebec en el año 2020. La idea se la dio a ERC Miquel Iceta, que fue el primero en poner sobre la mesa esa vía, allá por 2016.

La propuesta del entonces secretario general del PSC era que las Cortes aprobaran unas reglas del juego para un referéndum pactado en Cataluña (qué pregunta, qué participación mínima para darlo por bueno y qué porcentaje a favor) y que el Gobierno acatara el resultado, sin importar cuál fuera. Aquella ocurrencia de Iceta provocó un terremoto en el PSOE. Un PSOE que por entonces no aceptaba pactos con ERC y Bildu. Ahora no solo los acepta, sino que ha convertido a los independentistas catalanes y vascos en sus aliados imprescindibles.

Hasta que Sánchez logró cambiar la mayoría del Tribunal Constitucional, quedaba el máximo intérprete de la Carta Magna como muro de contención. Ya lo fue en 2008 contra el Plan Ibarretxe, en 2014 contra la consulta de Artur Mas y en 2017 contra el referéndum ilegal de Carles Puigdemont. En las tres ocasiones, el TC declaró inconstitucionales los desafíos al Estado de Ibarretxe, Mas y Puigdemont.

Sin embargo, la hiperactividad que su nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, está desplegando en sus primeros meses para apuntalar las leyes de Sánchez ha hecho desaparecer todas las esperanzas que la oposición tenía depositadas en el TC. No será un obstáculo para el referéndum, sino un cómplice, auguran. Así que solo queda que el socialista sea desalojado del poder antes.

Conde-Pumpido ya maniobró en favor del anterior Estatut cuando era fiscal general del Estado, con José Luis Rodríguez Zapatero: se las ingenió para frenar un recurso de amparo que el PP presentó ante el Constitucional contra la decisión de la Mesa del Congreso de tramitarlo como reforma estatutaria y no como una reforma encubierta de la Constitución (una treta de Zapatero para rebajar la mayoría necesaria para su aprobación en la Cámara Baja).

Así pues, el caballo de Troya es el nuevo Estatut en Cataluña, validado en el futuro por ese Constitucional de mayoría progresista. O sanchista, puesto que en él se sientan desde enero el ministro de Justicia que redactó los indultos, Juan Carlos Campo, y una ex alto cargo del Ministerio de la Presidencia: la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez, partidaria de reformar la Constitución y de revisar algunos aspectos del Estado de las Autonomías; especialmente la cesión de competencias y la financiación.

En esa dirección fue en la que ya apuntó el líder del PSC, Salvador Illa, en diciembre en una entrevista, justo después de que ERC consiguiera borrar la sedición del Código Penal y apuntara a su nuevo objetivo: «No habrá autodeterminación, pero sí consulta a los catalanes (…). Una consulta para ratificar un acuerdo al que hayamos podido llegar los partidos políticos catalanes», sostuvo.

Sánchez ha afirmado que ese supuesto plan oculto que le atribuye la oposición es un cuento

El pasado 25 de enero, durante una comparecencia en el Congreso, Sánchez recurrió al sarcasmo para desmentir que tenga un «plan oculto» para permitir una consulta pactada en Cataluña, algo que calificó de «cuento» de la oposición. «Hay un plan oculto, señorías, es lo que dicen la derecha y la ultraderecha, tan oculto que solamente lo conocen ellos. Y yo le digo, señora Gamarra, con todo el respeto que sabe que le tengo, que eso no se lo cree ni usted (…). Ni usted se cree este cuento del plan oculto», le dijo a la portavoz del PP en la Cámara Baja.

El problema es que el presidente lo negó todo con la misma seguridad con la que, en la campaña electoral de las elecciones generales de noviembre de 2019, prometió llevar al prófugo Puigdemont ante la Justicia española, volver a tipificar el delito de referéndum ilegal y que los condenados del procés cumplirían «íntegramente» sus penas.