Los funcionarios exigen 200 millones a Llop tras la oferta a jueces y fiscales: «Gobierno progresista, Justicia clasista»

No ha pasado desapercibida la primera oferta del Ministerio de Justicia a los jueces y fiscales que, este miércoles tarde, se reunían con los interlocutores designados por el Departamento de Pilar Llop, bajo la amenaza de una huelga general, a partir del próximo día 16 de mayo. Los interlocutores designados por las partes se daban cita en la madrileña sede de San Bernardo en torno a una Mesa de Retribuciones Salariales que finalizó con propuestas cruzadas y el ánimo de frenar el conflicto colectivo ya registrado por las asociaciones profesionales mayoritarias del sector. Así las cosas, cientos de funcionarios de la Administración de Justicia se daban cita esta mañana en el mismo lugar para reclamar, en el primero de los paros generales iniciados, una subida global de 200 millones de euros –el equivalente a unos 430 euros mensuales más de sueldo– que, en caso de no ser atendidos, desembocarán en una huelga general indefinida.

Un escenario en el que, por primera vez, se han pronunciado los únicos operadores jurídicos que no han dado muestras de hartazgo, los procuradores. En una escueta nota del Consejo General de Procuradores de España, en la que los profesionales han lamentado que los constantes paros estén llevando a la Administración de Justicia «a una situación límite, por no decir cercana ya al punto de no retorno».

«Los perjuicios están siendo soportados por los litigantes, que no ven satisfechas sus pretensiones, o reciben el amparo judicial tarde o limitadamente. Disfunciones que, en el caso de la Procura, suponen una gran distorsión en el quehacer diario». «Los procuradores reconocemos los derechos y razones de las partes implicadas en los conflictos laborales. Pero ello, no limita nuestra facultad de instar unos rápidos acuerdos que pongan fin a esta situación», han apuntado desde el colectivo institucional.

Los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración judicial, por su parte, llevan varias semanas peleando mejoras retributivas para su categoría, hasta ahora con paros parciales, tras el éxito alcanzado por los Letrados (LAJ), así como ser incluidos y escuchados en la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO). Una norma que, a su juicio, «pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas», aclaraba José Luis Fernández, de STAJ.

María Jesús Montero y Pedro Sánchez

«Nosotros somos esenciales, sin nosotros no hay Justicia. Eso es lo que tiene que tomar nota la señora Llop, lo que tiene que tomar nota la señora María Jesús Montero y lo que tiene que tomar nota Pedro Sánchez. Tienen que presentar una oferta económica y negociar con el 93 % de la oficina judicial», declaraba Javier Jordán, presidente nacional de Justicia de CSIF y miembro del Comité de Huelga, a su llegada al Ministerio, esta mañana.

No en vano, Jordán acusa al Ejecutivo de tratarles como «funcionarios de segunda» y considera «inaceptable que esté haciendo una discriminación entre el personal de la oficina», en referencia a las diferencias entre las negociaciones con el colectivo de LAJ y el de jueces y fiscales. En este sentido, afea a la ministra Llop que se acercase ayer a la negociación de la Mesa de Retribuciones con la carrera judicial y fiscal y que aún no haya acudido a una reunión con los funcionarios a quienes dejó sin fecha concreta para un posible encuentro mientras «estaba en la Feria de Sevilla». «Gobierno progresista, Justicia clasista», ha sido una de las consignas de la concentración de hoy.

«Sería una buena noticia que se llegara a una solución con los jueces y sería una excelente noticia que con los sindicatos de los trabajadores se llegara a una solución del conflicto», indicaba, por su parte, Antonio Lozano, de UGT, al tiempo que recalcaba que «sería un error grandísimo» no escuchar al 93% de la Administración de Justicia.

Los sindicatos convocantes –CSIF, STAJ, CCOO y UGT– aseguran que la «posición» del Ministerio de Justicia, de negar en un principio «cualquier subida» retributiva, ha provocado la «indignación del colectivo» y un «profundo malestar» que les ha llevado a «incrementar la presión con nuevas convocatorias de huelga», esta vez de jornada completa, los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.

Según los datos de los sindicatos, la huelga general de este jueves ha contado con un seguimiento del 90 %. Al hilo, los funcionarios avisan de que no descartan una huelga general indefinida si el Ministerio «continúa sin atender sus reivindicaciones».

A su vez, piden al Ministerio que convoque «de forma inmediata» al Comité de Huelga para intentar una salida negociada al conflicto, «lo que no ha hecho desde el pasado día 24 de abril, a pesar de las medidas adoptadas».

«Esperamos que de inmediato nos convoque la ministra de Justicia también a nosotros. Nadie puede entender que cuando la Justicia se trabaja en equipo en los tribunales solo a una pequeña parte del colectivo, a la más privilegiada, se le reconozca y se le retribuya por ello», ha señalado Luis Calero, de CCOO.

Oferta de 44 millones a jueces y fiscales

En concreto, la oferta del Ministerio a jueces y fiscales de 44 millones de euros afectaría a los casi 8.000 miembros de la carrera. Una oferta que aún siendo «prometedora» sitúa a las partes «en extremos»alejados y, de momento insuficientes, según ha podido saber El Debate de fuentes próximas al encuentro. De hecho, la cifra sobre la mesa representaría solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%.

El importe ofrecido a jueces y fiscales representa casi el doble de los 22,7 millones de euros que consiguieron los 4.000 Letrados de la Administración de Justicia tras dos meses de huelga, pero se queda por debajo de los 200 millones de euros que reclaman los casi 45.000 funcionarios.

Los sindicatos precisan que sus reivindicaciones incluyen una petición para incrementar el complemento general del puesto, de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales, transferidos y no transferidos, en 430 euros mensuales para Médicos Forenses y Facultativos del INTyCF, cantidad acordada con las asociaciones de LAJ al ser también cuerpos del grupo A1; en 400 euros para Gestión y Técnicos Especialistas de Laboratorio, Grupo A2; en 375 euros para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio, Grupo C1 y en 350 euros para el cuerpo de Auxilio Judicial, Grupo C2.