La Fiscalía que se negó a investigar a los «cerebros» del asesinato de Miguel Ángel Blanco revisa las candidaturas de Bildu

hace una semana Covite denunciaba ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional la presentación de un total de 44 candidaturas de EH Bildu a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28-M. Tras dichas listas se ocultaban un total de 44 etarras condenados por delitos de terrorismo, 7 de ellos por asesinato. Así las cosas, el Ministerio Público se ponía manos a la obra para comprobar, uno a uno, si esos nombres propuestos por Bildu para dichos comicios incurrían en causa de inelegibilidad, es decir, si alguno de ellos tenía cuentas pendientes con la Justicia o alguna condena pendiente de cumplir. La misma Fiscalía que, unas semanas antes de la llegada del actual fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, al cargo maniobraba para sortear la presunta responsabilidad intelectual de cuatro históricos etarras en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, en 1997.

Han sido necesarias la renuncia del fiscal encargado inicialmente del caso –expedientado sin pruebas hasta en dos ocasiones por García Ortiz– una Junta de fiscales de Sala y la lucha incansable del juez titular de Instrucción número 6 de la AN, Manuel García-Castellón para dar un vuelco a la posición inicial de la Fiscalía sobre la prescripción de los crímenes de ETA. No en vano, y como El Debate lleva meses adelantando, la AN trabaja, simultáneamente, en varias causas en cooperación directa con Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza para acreditar la culpa de los Comités Ejecutivos de la banda terrorista en algunos de los asesinatos más sanguinarios y dolorosos de su actividad armada.

Así las cosas, la misma institución que trató de silenciar la presunta autoría «mediata» –esto es, intelectual– de varios atentados terroristas contra políticos vascos, como Miguel Angel Blanco o Gregorio Ordóñez, admitía la semana pasada, a las puertas de una campaña electoral, la petición de las asociaciones víctimas la revisión de las 44 candidaturas denunciadas por Covite. Hoy mismo, Dignidad y Justicia ha instado que, a mayores, la Fiscalía indague en el pasado del resto de nombres presentes en las listas de Bildu a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo por si hubiese más perfiles susceptibles de haber sido condenados por sus vínculos con la política del terror.

El presidente de la asociación, Daniel Portero, ha pedido que se practiquen las pruebas necesarias «con la máxima diligencia», ya que tan sólo faltan dos semanas para la celebración de las elecciones, de manera que si se comprobara que alguno de los candidatos incurre en causa de inhabilitación se proceda a la anulación de la lista electoral. También era Portero quien, el pasado verano, abanderaba una cruzada mediática y judicial, sin precedentes, para conseguir que la Justicia no admitiese la caducidad en la culpa de los exdirigentes etarras que, pudiendo impedirlo, no hiceron nada por evitar, entre otras, la muerte del joven edil popular.

El 'peaje' de la Fiscalía con Bildu

En julio de 2022, la Fiscalía de la Audiencia Nacional –por orden del que hoy es fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz– decidía dar carpetazo al secuestro y el asesinato del concejal popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, cambiando el criterio de acusación contra los tres históricos jefes de ETA que, presuntamente, lo ordenaron. El fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, había defendido en un pormenorizado informe jurídico, al que tenía acceso en exclusiva El Debate, la vigencia de los delitos por los que estaban siendo investigados María Soledad Iparaguirre, alias Anboto; Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza y José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri.

Sin embargo, González Mota renunciaba a personarse en el interrogatorio previsto por el juez instructor Manuel García-Castellón para dos de ellos, Anboto y Antza, al conocer que desde la Secretaría Técnica, que por entonces dirigía el sucesor de Dolores Delgado en el cargo, se posicionaban a favor de la prescripción de los hechos alegados por las defensas de los etarras.

En el seno de la Fiscalía cuestionaron abiertamente la autoridad orgánica de García Ortiz para imponer su tesis y respaldaron la actuación de su compañero ante el evidente «peaje» impuesto desde el Gobierno al próximo fiscal general «tras los recientes pactos alcanzados con Bildu», apuntan ya las voces más críticas con la «purga» del fiscal titular del caso. Una posición que, más tarde, sería corregida en Junta de fiscales de Sala que apostó, por mayoría, no no admitir la prescripción de ningún crimen de ETA que hubiese posibilidad de resolver y sobre los que los informes policiales, apoyados en los conocidos como «papeles franceses» de la banda, arrojasen alguna pista.