Funcionarios increpan al secretario de Estado de Justicia antes de reanudar la negociación con el Ministerio

Decenas de funcionarios han increpado este martes al secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, minutos antes de que empezara la reunión del Ministerio con el comité de huelga para negociar una subida de hasta 430 euros brutos al mes.

Los manifestantes, que portaban pancartas y en algunos casos iban ataviados hasta con indumentaria que evoca a la época de las 'cruzadas', han rodeado al secretario de Estado, que se dirigía desde la sede del Ministerio en el número 45 de la calle madrileña de San Bernardo hasta el número 21 toda vez que a último minuto se ha cambiado la sede de la reunión por cuestiones de logística.

Al inicio de la manifestación, Juan Carlos Ferreiro, secretario de Justicia de Madrid de CSIF, ha asegurado que desde los sindicatos que integran el comité de huelga esperan «una propuesta digna que atienda nuestras reivindicaciones para no vernos obligados a continuar con la movilización».

«Vamos con ánimo. Pensamos que tiene que haber oferta, pero si no hay oferta ya miraremos en el comité de huelga, pero no se va a librar la ministra y el secretario de Estado de la denuncia ante la Fiscalía del Supremo por dejación en la negociación consagrada en la Constitución», ha señalado Vicente Navarro, de STAJ.

Por su parte, Luis Calero, de CC.OO., ha recordado que llevan más de un mes de huelga reclamando una negociación con el Ministerio para conseguir una subida salarial y la redefinición de sus funciones, mientras que Antonio Lozano, de UGT, ha subrayado que lo «importante» es que este martes se sientan de nuevo a negociar. «Nuestras reivindicaciones han sido claras desde el principio. Deben venir con una propuesta realista», ha señalado.

La reunión de este martes será la tercera que mantendrán el Ministerio y los sindicatos que integran el comité de huelga de funcionarios desde que empezaron la huelga el pasado 17 de abril con paros parciales, que luego se endureció el 22 de mayo con paros totales. La primera tuvo lugar el 20 de abril; la segunda, cuatro días después, el 24. Ambas terminaron sin acuerdo toda vez que no se formalizó una oferta económica con la que negociar.

Desde aquella ocasión, el comité de huelga ha convocado una serie de concentraciones frente a la sede de Justicia, el Congreso de los Diputados y la sede el PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

En el marco de su línea de acción, el comité de huelga ha enviado cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para que intercediesen ante el Ministerio de Justicia para retomar las negociaciones.

La semana pasada, anunció que denunciaría a la ministra Pilar Llop y al secretario de Estado, Antonio 'Tontxu Rodríguez', ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al considerar que habían vulnerado su derecho fundamental de libertad sindical y que habían incumplido con su «deber» de convocar al comité de huelga.

Las reclamaciones de los funcionarios

Los sindicatos solicitan una subida salarial de hasta unos 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios, en línea con la pactada con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y con jueces y fiscales.

En cifras absolutas los incrementos se traducen en 46,7 millones de euros para los 8.000 miembros de la carrera judicial y fiscal y en 22,7 millones de euros para los LAJ. Ambos importes se quedan por debajo de los 200 millones de euros que exigen los funcionarios.

Además, el comité de huelga solicitaba que se paralizase la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa que, según los convocantes, el Ministerio Justicia quiere «imponer, sin negociar», poniendo «en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas».

Lo cierto es que tras el anuncio de elecciones anticipadas, tanto la Ley de Eficiencia Organizativa como las otras dos leyes de eficiencia –insignias del Ministerio– quedan paralizadas con la disolución de las Cortes Generales. También quedan suspendidos otros textos impulsados por el equipo de Pilar Llop, como la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos.