La Fiscalía Anticorrupción contradice a Pedraz y pide reabrir el caso de lavado de dinero de Convergencia

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que reabra la investigación a varios cargos de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) que fueron usados presuntamente «para aflorar» dinero «negro» del partido a través de donaciones que después la formación les reintegraba en efectivo.

En contra del criterio del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que archivó hace unas semanas esta línea de investigación sobre una supuesta operativa de «pitufeo», el Ministerio Público afirma que existen «relevantes» indicios «de incriminación» de un delito de blanqueo de capitales.

Según sostiene Anticorrupción en su recurso, al que ha tenido acceso Efe, todo indica que «había un criterio superior a los afiliados que, siendo cargos electos, deben su conducta a las necesidades del partido de aflorar dinero que CDC tenía en forma de dinero en metálico».

Una operativa, dice, que no es nueva, sino mera continuación de la estructura del llamado caso Palau, ya sentenciado.

Sostiene que desde 1999 CDC habría establecido una «triple vía de financiación al margen de la legalidad»: las «donaciones a las entidades afectas a CDC», la «simulación de servicios» con «empresas que luego se veían beneficiadas en contratación pública» y las «entregas en efectivo», investigadas en esta pieza separada del conocido como caso 3 % que el juez acaba de archivar al no constar «indicio alguno» de «un mecanismo de afloramiento de dinero negro».

Fondos de origen ilícito

Lo que se ha investigado es una supuesta operativa de «pitufeo», que consistía supuestamente en que cargos del partido habrían donado dinero (generalmente 3.000 euros) a la formación y después esta se lo devolvía en efectivo con fondos que presuntamente tenían un origen ilícito. Así, este dinero pasaría al circuito económico legal utilizando la simulación de una donación.

Entre los investigados figuró desde el exgerente de CDC y exconseller de Justicia Germà Gordó, que se desmarcó de plano de la operativa, hasta el extesorero Daniel Osàcar, que lo señaló como la persona que gestionaba el sistema de blanqueo y apuntó a que Artur Mas debía estar al tanto, y también varios exconsejeros como Jordi Jané, Irene Rigau, Felip Puig o Pere Macías.

La Fiscalía cree que los dos primeros eran «responsables» de la estructura, y detalla algunas de las supuestas entregas efectuadas por los cargos de la extinta CDC. Por ejemplo, menciona cuatro entregas de 3.000 euros cada una de Jordi Jané y Pere Macías entre 2008 y 2013; tres de Felip Puig entre 2008 y 2010, y dos de Irene Rigau, entre otros.

Anticorrupción, que niega que estas supuestas entregas correspondan a cuotas de afiliados, destaca la «absoluta homogeneidad de las cantidades donadas» y cree que «alguien coordinaba estas donaciones, desde un nivel superior a los propios donantes».

El fiscal indica en su recurso que entre 2008 y 2015 las cantidades recibidas en concepto de donación por CDC ascendieron a 1,6 millones de euros, según la información analizada por la Guardia Civil, y 769.800 euros entre 2009 y 2014, si se toma en consideración la contabilidad de CDC.