El Gobierno de Sánchez duplica los impagos a las renovables hasta los 1.400 millones de euros

España tiene ya un total de 55 laudos pendientes de pago, de los cuales la práctica totalidad derivan del sector energético y han sido denunciados en el marco de las energías renovables y previo incumplimiento del Tratado de la Energía que rige para nuestro país como miembro firmante. Desde que, en octubre de 2022, el profesor holandés Nikos Lavranos iniciase la recopilación de los datos necesarios para confeccionar el Índice de Cumplimiento de Arbitrajes Internacionales, y gracias a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en relación a los impagos de las indemnizaciones correspondientes a los inversores en energías verdes, España ha visto duplicarse la deuda que acumula en los tribunales internacionales, hasta los 1.400 millones de euros, en menos de un año.

Una cifra que, sin embargo, no incluye los intereses de demora, las condenas en costas y los gastos desembolsados por nuestro país, a través de las contrataciones formalizadas por el Ministerio de Industria, a favor de más de una veintena de bufetes internacionales que han venido defendiendo, sin éxito, la estrategia del Ejecutivo socialista, ante los órganos judiciales de varios Estados. En total, estas obligaciones se sitúan ya por encima de los 250 millones de euros más.

Y es que, en el caso específico de las denuncias tramitadas ante la Corte Internacional de Arbitraje de Diferencias de Inversores (CIADI) dependiente del Banco Mundial – derivadas de las obligaciones derivadas de la Carta de la Energía o de los distintos convenios bilaterales enmarcados en el derecho comunitario de la Unión Europea que España está desoyendo– la mayoría de ellos aluden a los cambios regulatorios retroactivos que sufrieron los fondos de inversión y empresas vinculadas a las energías renovables, en perjuicio de las primas inicialmente comprometidas.

España tendrá que pagar tarde o temprano y cuanto más tarde, más caro será para los contribuyentesNikos LavranosNL Investment Consulting

Ante este escenario, que arroja un saldo negativo para España de más de 10.000 millones de euros asociados a las reclamaciones articuladas, pendientes o no de resolución, contra nuestro país y que, desde octubre de 2022 se han incrementado en el doble de lo que lo estaban en dicha ocasión, fecha del último informe de Cumplimiento mundial de Arbitrajes que acaba de ser actualizado, provisionalmente, los recientes reveses judiciales sufridos ante la Justicia británica y australiana no han llegado, muy al contrario, para mejorar la situación.

No en vano, ambas jurisdicciones ya han reconocido varios laudos condenatorios contra España y confirmado que sus tribunales consideran los mismos «de obligado cumplimiento». Un hecho que ya ha abierto la puerta, en un paso más a favor de los inversores, a los embargos de bienes del Estado español en el extranjero.

El primer país incumplidor del ranking

Así las cosas, y como resultado del crecimiento exponencial de los pagos de laudos internacionales de arbitraje pendientes en nuestro país, por la negativa del Gobierno a asumirlos, España ha pasado a ocupar ya el primer puesto en el escalafón de los Estados incumplidores de sus obligaciones en este sentido, por volúmen de resoluciones; y el segundo, sólo por detrás de Venezuela, si lo que se toma como referencia es el importe total al que ascienden dichos pronunciamientos arbitrales.

La negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, negándose a cooperar con el Banco Mundial –que ha pedido a España que «acate» sus resoluciones– y pagar los laudos resultantes de su órgano de mediación, ha socavado el sistema legal internacional previsto para hacerlos exigibles. Una posición con la que, además, se resienten los Tratados que garantizan la inversión extranjera en los países miembros y merma la credibilidad de la resolución de las disputas a través de mecanismos como el arbitraje.

Que España debe pagar es un hecho claro e indiscutibleNick CherrymanSocio del bufete Kobre & Kim LLP

Según los datos preliminares del Índice de Cumplimiento, que una vez actualizado publicará su segunda edición oficial en octubre de este mismo año, el incumplimiento de España en este tipo de obligaciones supone un golpe para la seguridad jurídica, el imperio de la ley y el Estado de Derechos en nuestro país. Con este tipo de maniobras, España está «minando» la confianza de los inversores internacionales y de las instituciones financieras.