La Corte Suprema de Londres advierte del «efecto llamada» de los impagos del Gobierno a las renovables

Cuidado con el «efecto llamada» de los impagos del Gobierno de Pedro Sánchez a las empresas e inversores de las energías renovables. Un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Londres, sobre un laudo previo que condena a España como miembro firmante del Tratado de la Carta de la Energía y país sometido, voluntariamente, al Centro de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI) recuerda al Ejecutivo socialista que el hecho de haber participado en la elección de todos los jueces árbitro en los 22 procesos en los que, hasta la fecha, ha intentado anular los fallos negativos a sus intereses, sin éxito, refuerza el «carácter obligatorio» de todas las sanciones impuestas.

De hecho, el Ministerio responsable del ramo, en manos de Teresa Ribera, ha gastado un total de hasta 70 millones de euros en despachos de abogados VIP, en el ámbito del Derecho Internacional, para oponerse a los pagos compensatorios que, sin embargo, en varios países se han convertido ya en títulos judiciales reconocidos y exigibles por los tribunales domésticos. En especial, en Reino Unido, donde los precedentes de los tres primeros fallos contrarios al Gobierno de España en materia de renovables han fijado velocidad de crucero en el rechazo de las nuevas alegaciones que puedasn presentarse a través de los bufetes designados para ejercer nuestra defensa, en ausencia de una Abogacía del Estado que no puede personarse como parte fuera del país.

Así las cosas, la Corte Superior de Londres, ha rechazado, en este último caso la validez de la «inmunidad de Estado» como excusa para desatender las indemnizaciones a favor de empresas y fondos de inversión perjudicados con el cambio de criterio retroactivo sobre las primas a las renovables, con el que se produjo una situación de evidente perjuicio para ellos. El riesgo de que, ante la negativa reiterada de España se produzca un «efecto llamada» sólo puede contribuir en «desmontar el sistema legal vigente» y «legitimar» que otros estados tomen la misma deriva.

De ahí que el Tribunal británico haya querido ser tan contundente e incidir en que, llegados a este punto, se acaba el recorrido para aplazar, sin más, nuestras obligaciones. España está concernida a pagar, por las buenas o por las malas, y el hecho de que la Justicia extranjera lo haya dejado tan claro, incluso trabando embargos sobre bienes de titularidad pública en suelo británico y australiano, «y muy avanzadas las cosas en EE.UU.», no sólo «despeja el camino» para lograrlo a partir de este «punto de no retorno», apuntan fuentes próximas a los inversores damnificados.