El Banco Mundial exige al Gobierno que «acate» el pago de mil millones de las renovables para evitar los embargos

un crudo intercambio de cartas entre el Tribunal de Arbitraje de Washington y la Abogacía española a raíz de los laudos de energías renovables emitidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial ha vuelto a poner en entredicho la reputación del Gobierno de Pedro Sánchez en el ámbito internacional. «Agradeceremos que el Reino de España informe al CIADI las medidas que hayan sido adoptadas para cumplir con los términos del Laudo (...) e instamos al Reino de España a cumplir y acatar los términos», tal como lo dispone el Convenio en el que se basa el mismo, «y con el fin de evitar la acumulación de los intereses previstos en el Laudo», así reza la carta remitida por el secretario general internino de la institución mundial, el jurista chileno Gonzalo Flores, a los letrados públicos de nuestro país, el pasado mes de enero.

Desde entonces, y hasta la fecha, nada ha cambiado salvo las decisiones de varias Altas Cortes internacionales, en Reino Unido y Australia de ordenar el embargo de varios bienes del Estado español en el extranjero.

El procedimiento del que emanan las exigencias del CIADI concluyó con la resolución emitida en 2019, tras varios intentos fallidos del Gobierno de evitar el reconocimiento de la obligación de indemnizar a la empresa Antin, uno de los principales operadores del mercado energético que apostó por España como destino de sus inversiones, que impuso el pago de 101 millones de euros más intereses que ya supera, con los intereses legales de demora, hasta los 120 millones.

El contenido de las misivas ha trascendido, ahora, unos días después de que los inversores de las energías renovables, perjudicados por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, activasen una cláusula legal que ha permitido declarar en situación de default –o quiebra técnica– un total de cuatro bonos de deuda soberana, valorados en casi 1.000 millones de euros. Un incumplimiento de las obligaciones financieras del Tesoro que se produce, por primera vez, desde 1936 cuando se dio una situación precida coincidiedo con la Guerra Civil.