Pedro Sánchez, en la presentación de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE
Doble revés de Bruselas a Sánchez a nueve días de las elecciones
La Comisión Europea reprende al Ejecutivo por la ley de información fiscal y las restricciones al sector de la construcción
La Unión Europea ha dado un ultimátum a España para que, en el plazo de dos meses, comunique a la Comisión las medidas que tomará para incorporar en su legislación nacional la directiva de cooperación administrativa que prevé el intercambio de información fiscal sobre plataformas digitales.
El segundo revés para el Gobierno de Sánchez es la apertura de un expediente por no respetar las normas de la Unión Europea sobre servicios y cualificaciones profesionales en el sector de la construcción. En el caso de la información fiscal sobre plataformas digitales, la Comisión ha informado, a través de un comunicado, de que ya ha enviado a Madrid un dictamen, por no proceder a la resolución de la infracción tras abrir, en enero, un expediente de infracción.
En caso de que el Gobierno no tome las medidas adecuadas, en última instancia, la Unión puede llevar a España ante la Justicia europea. La actualización de esta directiva introduce la obligación de intercambiar entre autoridades fiscales nacionales la información obtenida a través de los operadores de plataformas digitales, como páginas web o aplicaciones de móvil para la compraventa de bienes y servicios, el alquiler de propiedades inmobiliarias o medios de transporte.
«Esta información ayudará a las autoridades fiscales en los Estados miembros a evitar la evasión fiscal o la no declaración de ingresos por parte de los contribuyentes que utilizan estas plataformas digitales», ha destacado la Comisión Europea sobre una normativa que debía ser trasladada a las legislaciones nacionales como muy tarde el 31 de diciembre de 2022.
Restricciones en la construcción
El segundo escollo para Madrid afecta de pleno al sector de la construcción. Bruselas ha abierto un procedimiento de infracción a España por no respetar las normas de la Unión Europea sobre servicios y cualificaciones profesionales en este área.
La Comisión Europea reprocha al Gobierno que imponga restricciones a empresas que realizan instalaciones de gas, electricidad o trabajos de climatización que deseen subcontratar determinadas competencias, ya que los Estados miembros deben eliminar barreras en los ecosistemas industriales con mayor potencial de integración económica, según ha indicado el Ejecutivo de la UE.
