La jubilación del presidente del CGPJ divide al Pleno a tres días de las elecciones generales

El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, se jubilará este 19 de julio y, en circunstancias ordinarias, el máximo órgano de los jueces debería tener un nuevo líder interino, en cuestión de horas, el segundo desde la dimisión de Carlos Lesmes, en octubre de 2022. Sin embargo, lejos de la normalidad institucional, la salida de Mozo –que este miércoles cumple 72 años, edad límite para el ejercicio del cargo– dejará una vacante sobre la que no hay consenso, a menos de cuatro días de las elecciones generales que se celebrarán este próximo domingo 23-J. Sobre la mesa un nombre, Vicente Guilarte, de perfil conservador, que de acuerdo a las reglas fijadas por el Consejo para su gobierno, debería ponerse al frente de la institución por ser el vocal de más edad de los que, todavía, conforman el Pleno.

Sin embargo, su posible y eventual designación ha dividido al Consejo entre quienes consideran que Guilarte es el llamado a suceder a Mozo mientras que otros entienden que han de analizarse los requisitos que debe cumplir si aspira a acceder al cargo. El Pleno extraordinario convocado para este miércoles, que se adelantó con la intención de que la salida de Mozo coincidiese con su despedida real, arrancará tenso cinco años después de la prórroga de sus funciones, que finalizó en 2018, y tras acumular más de cinco bajas en menos de diez años, como consecuencia del bloqueo en los nombramientos al que le sometió el Gobierno para forzar un acuerdo PP y PSOE para renovarlo, antes de final de la legislatura, que no ha llegado.

Y es que, la inevitable baja efectiva de Mozo, que accedió al CGPJ por el turno reservado para jueces y magistrados, lo que le obliga a retirarse en cuanto alcanza la edad de jubilación obligatoria para éstos, abre una importante discrepancia sobre quién ha de reemplazarle si es que alguien debe hacerlo, a tres días vista de las elecciones generales del domingo 23 de julio.

Así las cosas, el CGPJ pasará de tener 20 vocales más el presidente a tan sólo 16 miembros, entre ellos el presidente interino, tras la jubilación de Rafael Fernández Valverde, el fallecimiento de Victoria Cinto y las dimisiones de Concepción Sáez y Carlos Lesmes. La salida voluntaria de éste, el pasado 9 de octubre, con el frustrado objetivo de provocar el acuerdo político para renovar una institución que lleva más de cinco años prolongando su continuidad, fue la que desencadenó el ascenso de Mozo, como vocal de mayor edad, al frente de la misma.

Un escenario de bicefalia en el Poder Judicial inédito pero que, todavía, se mantiene. Y todo ello porque los miembros del Consejo descartaron que fuese el hasta entonces vicepresidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, como nuevo jefe en funciones de ambos órganos, por lo que fijaron un sistema de elección doble que dejó a uno en las labores propias del Alto Tribunal mientras designaban a otro como presidente interino.

Un titular que, según los términos del acuerdo alcanzado entre los bloques de izquierdas y el conservador, debía recaer a partir de aquel momento sobre el vocal de mayor edad que, con la jubilación de Mozo, ahora es Vicente Guilarte.

A debate la «dedicación exclusiva»

Sin embargo, sobre el perfil conservador de Guilarte, abogado en ejercicio, ha planeado la sombra de la duda entre el sector zurdo, fundamental y precisamente porque entre estos últimos se extiende la idea de que el ejercicio del cargo de presidente exige una dedicación exclusiva, por lo que el candidato al relevo de Mozo debería renunciar a su propio bufete y a su labor docente. Muy al contrario, entre quienes le apoyan defienden que es posible que, aún sin cambios, es posible con la ley y el reglamento en la mano que el veterano siga compatibilizando.

En este contexto, en el orden del día del Pleno consta una propuesta firmada por vocales tanto progresistas como conservadores Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda, Juan Manuel Fernández, Clara Martínez de Careaga, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz para que se «debata y se pronuncie acerca de las condiciones para el desempeño de la Presidencia de este órgano constitucional por sustitución, tras el cese por jubilación del actual presidente».

«La cuestión controvertida, sobre la que el Pleno habría de pronunciarse», es si el régimen de compatibilidad del que Guilarte ha venido disfrutando hasta ahora, en el ejercicio profesional de la Abogacía, «puede mantenerse ostentando la Presidencia por sustitución». A juicio de los firmantes el puesto requiere «dedicación exclusiva». Se apoyan en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que rige al actual CGPJ y de acuerdo con la que los vocales que integran la Comisión Permanente -órgano Ejecutivo del Consejo- «desempeñarán su cargo con carácter exclusivo» y «entre las atribuciones del presidente está la de convocar y presidir las sesiones de la Comisión Permanente».

Un galimatías sin precedentes

Si Guilarte optara por no aceptar la suplencia, una posibilidad que se ha barajado en los últimos tiempos y que, incluso, ha llevado a una de las vocales del Pleno a preguntar sobre esta cuestión –en el turno de ruegos y preguntas del último cónclave de junio– algunas voces avisan de que implicaría también su cese como vocal. Por turno, entonces, el magistrado del Supremo Wenceslao Olea –que apostaba en su momento por descartar la actual bicefalia en la cúpula del Poder Judicial– acabaría ocupando por una carambola inédita un puesto que impugnó.

Sea como sea, la jubilación de Mozo aumentará aún más la brecha entre los bloques conservador, con una decena de vocales, y el de la izquierda jurídica que se vería representado por tan sólo seis. Además, para el sector conservador el ascenso de Guilarte supondría recuperar la Presidencia del Consejo, a lo que las fuentes añaden que, previsiblemente, se llevaría a cabo una reorganización de la Comisión Permanente, lo que daría al bloque conservador un control casi total del órgano, el único que ha resistido a los ingentes intentos de Pedro Sánchez por colonizarlo.

Por todo lo anterior son cada vez más voces en el seno del CGPJ las que defienden que lo más acertado en semejante galimatías de planteamientos jurídicos y de escenario político por la proximidad del 23-J, lo más aconsejable es dejar pasar los comicios y celebrar un segundo Pleno el mismo día 24 de julio en el que, con el horizonte puesto en restaurar sus funciones plenas, se le permita retomar las designaciones de jueces y magistrados para el ciento de vacantes que afectan al Supremo, a las Audiencias y Tribunales Superiores,... Hasta entonces, que Guilarte se ocupe de las urgencias que puedan surgir.