El CGPJ baraja elegir un nuevo presidente no interino si Feijóo le devuelve sus plenas funciones tras el 23-J

La convocatoria de elecciones generales el próximo día 23 de julio ha abierto una oportunidad para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prorrogado desde hace cinco años, en la próxima legislatura. Hasta entonces, el máximo órgano de gobierno de los jueces tendrá que celebrar, todavía, dos Plenos más: el primero, a finales de este mes y, el segundo, el 19 del mes que viene, fecha en la que su presidente interino, Rafael Mozo, formalizará su dimisión ya que cumple 72 años, la edad máxima legal para ostentar el cargo.

A partir de entonces, se abre un doble escenario para los miembros del Consejo que, de producirse un cambio en el signo del Gobierno que les permitiese recuperar sus plenas funciones, hurtadas por el Ejecutivo anterior en materia de nombramientos discrecionales –tal y como en campaña se ha comprometido a devolverles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo– barajan poner sobre la mesa la designación de un presidente que, a diferencia del actual en bicefalia con el Supremo, asumiese las competencias ordinarias del puesto.

Un candidato de consenso que llegaría «no sólo como mero trámite para cubrir un hueco» sino para liderar la política de designaciones en las vacantes de los más altos tribunales de nuestro país: audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Supremo que agoniza con más de una veintena de huecos sin cubrir, a sus espaldas.

Como ya adelantó El Debate en primicia, el sucesor natural de Mozo tras su dimisión sería el conservador Vicente Guilarte, de acuerdo con el sistema de elección 'bicéfala' acordado para la anterior ocasión y atendiendo a la situación de bloqueo que sufre el CGPJ desde que el Gobierno de Pedro Sánchez acordase limitarle la posibilidad, constitucionalmente recogida, de designar de manera discrecional a los jueces y magistrados que han de ocuparse de la Justicia en nuestro país, en los casos previstos.

Sin embargo, la mayoría del Pleno del órgano no descarta apostar por un segundo escenario que, si los populares llegan a la Moncloa, podría abrirse en tanto en cuanto, en los primeros 100 días de mandato, se les restituyan sus funciones naturales –un trámite que «no tendría por qué prolongarse más de veinte días, los mismos que fueron necesarios en el sentido contrario», apuntan varias fuentes consultadas– y en espera de que el nuevo Gobierno pacte una reforma en la elección del sistema de los vocales para que éstos sean elegidos no políticamente por Congreso y Senado, sino por sus propios pares, tal y como nos pide Europa.

Reactivar a los vocales sustitutos

Tal es así que, en el caso de que ésta sea la opción por la que, finalmente, se decanten los actuales miembros del CGPJ, prorrogado desde 2018, y según han apuntado a El Debate varias fuentes próximas al órgano, tampoco se descarta la posibilidad de reactivar la incorporación de los cuatro vocales que, desde entonces, han dejado de formar parte del Pleno, por diferentes motivos, recurriendo a los sustitutos previstos en las listas ya aprobadas por Congreso y Senado.

Una posibilidad que fue descartada por la presidenta del hemiciclo Meritxell Batet, con un informe técnico a favor de parte de los letrados de la Cámara Baja y que le ha costado a España una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que resolverá el caso en unos días, el 22 de junio, como adelantó en exclusiva El Debate.

El primero en hacerlo era el exmagistrado Rafael Valverde, quien se jubiló en febrero de 2022, cuando cumplió 72 años; seguido de Victoria Cinto que falleció apenas cuatro meses después. La renuncia de Carlos Lesmes, expresidente del órgano, en la Apertura del pasado Año Judicial, en septiembre de 2022, para forzar a los dos principales partidos políticos –PSOE y PP– a negociar una renovación que, pese a todo, nunca llegó; y, la decisión similar de la vocal Concepción Sáez que dimitía el pasado mes de marzo ante «la degradación» de la institución, cierran un cupo de vacantes que ha agrandado la brecha entre el bloque conservador y el zurdo en el seno del Pleno.

Precisamente la salida de Sáez fue el detonante con el que, en abril, el sector de la izquierda judicial trató de activar, sin éxito, el botón de la salida en bloque de todo el sector tal y como promovió su miembro más próximo al Ministerio de la Presidencia, el exsocialista Álvaro Cuesta. El Consejo General (CGPJ) ha conseguido sortear todas las maniobras del Ejecutivo por controlarlo, antes del final de la legislatura, y seguir prorrogado con una amplia mayoría de vocales conservadores, pese a tener los nombramientos bloqueados.