El Constitucional a la medida de Sánchez tendrá la llave para avalar un referéndum en Cataluña y País Vasco

La intervención de Pedro Sánchez sobre las instituciones, tónica general de la legislatura ya terminada, no era casual ni improvisada. Mucho menos, su plan para fabricar un Tribunal Constitucional (TC) a la medida de las demandas independentistas de sus socios catalanes y vascos que, una vez cumplidas las expectativas del líder socialista este domingo 23-J –con la aritmética a favor de una posible nueva versión agravada del Ejecutivo frankenstein– tendrán en su mano no sólo la gobernabilidad del país, sino la unidad misma de la Nación española. Y ello, pese a que la Constitución proclama en su artículo 2 que ésta es «indisoluble».

Sánchez ha sido siempre consciente de que cualquier opción para continuar cuatro años más en la Moncloa –tras el escenario postelectoral de las autonómicas y municipales de mayo, en el que no partía como favorito– asaría por una nueva alianza con los separatismos de Esquerra (ERC) y Bildu. Y el precio de sellarla: el ansiado referéndum de autodeterminación, eso sí, bajo el envoltorio de una «consulta pactada». La reforma de los Estatutos de ambas autonomías y el aval a los mismos de una mayoría de izquierdas en el TC, donde sus magistrados validen el denominado «derecho a votar» en Cataluña sobre su encaje en España, serán la llave maestra para lograrlo.

De ahí las prisas de Sánchez por desbloquear el veto legal impuesto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), gracias a Podemos, para los nombramientos de jueces y magistrados. El líder de los socialistas aceleraba, en contra de su propio criterio de parálisis institucional, la renovación de la Corte de Garantías para consumar el vuelco del Pleno a favor del bloque zurdo –mal llamado «progresista»-, en una proporción de siete a cuatro miembros. Un reparto que debería haberse situado en el siete a cinco de no ser porque el Senado, presidido por el socialista Ander Gil, ha dilatado durante el último año la reposición de la plaza del conservador Alfredo Montoya quien, por razones graves de salud, renunciaba a su cargo en julio de 2022.

No en vano, durante los últimos 15 años el TC ha sido la sólida barrera de contención contra las exigencias del independentismo catalán y vasco. Desde que, en septiembre de 2008 declarase inconstitucional el primer amago de consulta vasca, el denominado como 'Plan Ibarretxe', la Corte de Garantías no se ha movido un milímetro de los argumentos, unánimes, que niegan a los parlamentos autonómicos una potestad reservada en exclusiva al Estado: la de autorizar cualquier tipo de referéndum.

El relato podría cambiar, a partir de ahora, bajo el mandato de un viejo y leal conocido del socialismo en el «polvo del camino» jurídico, Cándido Conde-Pumpido. En otras palabras: el actual presidente del TC es el perfil más idóneo para pilotar, bajo la batuta de Sánchez, la confección de un traje jurídico a la medida de los independentistas, por mucho que esto signifique ensanchar al máximo las costuras de la Carta Magna. No sería, ni mucho menos, la primera vez que el magistrado altera los consensos del órgano para favorecer las expectativas del Gobierno, como ya quedó patente durante la última legislatura.

Eso sí, para ello, el que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que sortear la doctrina consolidada por la Corte que preside. No en vano, el Constitucional también declaró ilegal el plebiscito organizado por Artur Mas el 9 de noviembre de 2014, en Cataluña. Una convocatoria por la que el ex presidente de la Generalitat acabó siendo condenado a un año y un mes de inhabilitación y a 36.000 euros de multa por desobediencia grave al Constitucional.

Además, entre septiembre y el 1 de octubre de 2017, el TC también prohibió el referéndum de autodeterminación de Cataluña y declaró inconstitucionales la ley del referéndum y la de transitoriedad hacia una república catalana independiente, aprobadas por el Parlament.

Cataluña, primero. País Vasco, después

Así las cosas, si el proyecto político de Sánchez prospera, de la mano de Sumar y de toda la amalgama de siglas separatistas que serían necesarias para impulsar, de nuevo, su investidura, tras Cataluña, iría el País Vasco. Una circunscripción en la que Bildu, se ha alzado con la victoria electoral sobre el Partido Nacionalista tradicional (PNV) que se desangra, en favor de la formación de Arnaldo Otegi, en vísperas de las elecciones autonómicas previstas para el próximo año.

Ése es el horizonte a medio largo plazo que manejan el PSOE, ERC y Bildu, según fuentes al tanto del acuerdo alcanzado durante la pasada legislatura y que publicó, en primicia, El Debate. En realidad, todo está escrito en el pacto que Sánchez firmó con Esquerra, en enero de 2020, para que la formación de Oriol Junqueras votase a favor de su investidura: la creación de una mesa de diálogo de tú a tú entre el Gobierno socialista y la Generalitat para la «resolución del conflicto político».

«Las medidas en que se materialicen los acuerdos (alcanzados en esa mesa) serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídicopolítico», dejaron por escrito socialistas y republicanos catalanes. Esto es, una hipoteca a plazos en la que, ya entonces, Sánchez abría la ventana socialista a una futura y eventual consulta que, cada vez parece más cerca, alterando, para ello, los mecanismos del «sistema jurídicopolítico» que hiciesen falta.

De ahí que, pase lo que pase en las próximas semanas con los pactos sellados en el Congreso de los Diputados, la fórmula elegida por socialistas e independentistas no podría ser, en ningún caso, la del referéndum explícito que exige una reforma agravada de la Constitución, al afectar al Título preliminar –artículo 1.2, «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» y artículo 2, «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas»–.

Por tanto, eso supondría disolver las Cortes, convocar elecciones y que ambas Cámaras aprobaran la reforma por mayoría de dos tercios. Imposible con la oposición del Partido Popular que, aunque por debajo de las expectativas es la fuerza política más votada del arco parlamentario y tiene en su mano la mayoría del Senado.