Un candidato del PSOE colaboró con Tsunami Democràtic para contratar un hardware de espionaje ruso

La Guardia Civil ha identificado a Lluís Pons, candidato del PSC en las elecciones municipales del pasado mes de mayo, como colaborador de Tsunami Democràtic para contratar un sistema de clonación telefónica para espiar a constitucionalistas. El hardware, totalmente ilegal, está diseñado por un ruso que también está en el punto de mira de los investigadores. Es la primera vez que un dirigente socialista aparece vinculado al brazo callejero del independentismo, hasta ahora sólo ligado a ERC y Junts per Catalunya.

Lluís Pons formó parte de la candidatura del PSC por la circunscripción electoral de Calonge i Sant Antoni (Gerona) como número seis de la lista, que a su vez estaba encabezada por el también socialista Arturo Prades. Los agentes que investigan el caso le identifican como «un dentista de la localidad de Sant Antoni-Calonge». El Debate publicó la semana pasada que Josep Campmajó, cabecilla de Tsunami Democràtic, contrató al ruso Podgoretskiy Murat para contratar una plataforma que permitía clonar dispositivos móviles. El socialista Pons se ofreció voluntario para ver si el sistema funcionaba.

Tal y como figura en el informe policial, reconoció que sospechaba que su mujer le era infiel y la mejor manera de salir de dudas era espiar su teléfono móvil. En este punto entró en juego la participación de Campmajó, que propuso al socialista Pons atracar al amante de su mujer para robarle su teléfono y a partir de ahí clonar su contenido usando técnicas de informática forense. El cerebro de Tsunami Democràtic pretendía testear el producto para ver si funcionaba y, de esta manera, poder usarlo para espiar a contrincantes políticos constitucionalistas.

Los investigadores han descubierto que en estos momentos el candidato del PSC forma parte de la empresa con la que el ruso oferta los servicios de clonación. La compañía, llamada Altanética SL, registró un activo de 1,6 millones y una facturación de 962.834 euros en 2021. Un negocio rentable económicamente pero que sus servicios son puestos en duda desde la Guardia Civil. Los investigadores concluyen en su informe que esta práctica es «una vulneración de derechos fundamentales» y las definen como «capacidades informáticas de falta de legalidad».

Los precios de la clonación oscilaban entre los 2.200 y los 2.800 euros. Este periódico ha tenido acceso a la factura del servicio, que revela que el socialista optó por la opción más económica. Las conversaciones intervenidas por los agentes revelan que Campmajó actuó como persona interpuesta para que el candidato del PSC abonara el coste del servicio. El pago se llevó a cabo desde una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera llamada RIC Associats Volums SL, propiedad del cerebro de Tsunami Democràtic. La táctica empleada por Campmajó tenía como objetivo ocultar la intermediación del socialista.

Las pesquisas de los investigadores también se basan en los mensajes que se intercambiaron Campmajó y el socialista, quienes mantenían contacto a través de la aplicación de mensajería encriptada Signal. «Ok, Josep, hagámoslo. Esta vez es más personal que el tema de los rusos», escribió el candidato del PSC para que se interviniera el teléfono del amante de su mujer. «Necesito una victoria y una venganza», remarca.

Seguidamente, hablaron sobre la manera de hacer el pago para que Pons no figurara por ningún sitio. «Para protegernos te haré una factura con el concepto y NIF que será provisional. En 30 días te haré una de abono y una nueva con otro NIF», escribió Campmajó.

Para la Guardia Civil, de no ser por estos mensajes, no habría manera de acreditar la implicación del candidato socialista, de ahí la importancia que le dan a las comunicaciones entre ambos investigados.

La implicación de Puigdemont

Después de testear el hardware de espionaje ruso y verificar que funcionaba correctamente, Campmajó contactó con el expresidente catalán Carles Puigdemont para trasladárselo. Además de contarle su experiencia con el empresario ruso le habló de Bruno Pérez Juncá, un perito que, según los agentes que investigan el brazo callejero del independentismo, se dedicaba a la «detección y posible atribución de escuchas activas».

Campmajó, que se comunicaba con el perito a través del correo electrónico electrónico Protonmail, le presentó ante Puigdemont como parte de su equipo. En los chats se aprecia cómo el cerebro de Tsunami Democràtic explica al expresidente que había que ayudarle porque había sido despedido del Gobierno de Aragón «por su apoyo al independentismo».

En efecto, Pérez Juncá fue destituido como director general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información incluso antes de tomar posesión de su cargo. La entonces consejera Maru Díaz acordó su cese tras la aparición de informaciones periodísticas que lo situaban como el responsable de «diseñar, organizar y materializar enormes esteladas con velas» en las plazas de varios municipios catalanes entre los años 2012 y 2017.