El principal asesor de Yolanda Díaz para la amnistía ni siquiera es experto en Penal

«Estamos trabajando en ello». Así respondió este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, cuando le preguntaron si su partido había dado ya con la fórmula para empotrar la amnistía a los cabecillas del procés en el ordenamiento jurídico español sin tirar abajo la Constitución.

«Es un debate jurídicamente complejo», añadió. Bien lo saben los integrantes del grupo de una veintena de juristas que ha reclutado Yolanda Díaz y puesto a las órdenes del exdiputado de los Comunes Jaume Asens; a quien la vicepresidenta segunda en funciones también ha encargado la negociación con Carles Puigdemont, ERC y Bildu.

Como ya contó El Debate, Sumar no quiere dar los nombres de ese sanedrín para no perjudicar a quienes están ayudando a la causa «desinteresadamente». No obstante, hay uno que sobresale de entre el resto: Fernando Salinas Molina, magistrado emérito de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y vicepresidente del CGPJ entre 2001 y 2008.

Salinas ya fue el ideólogo del programa electoral de Sumar en materia de Justicia y nuevamente Díaz ha confiado en él. Pero ni siquiera es experto en el orden jurisdiccional de lo Penal, sino que su especialidad es el ámbito de lo Social, donde centró su carrera profesional durante más de cuatro décadas. Eso sí, goza de un valor añadido: tiene hilo directo en el Tribunal Constitucional a través de la magistrada progresista María Luisa Segoviano, con quien trabajó codo con codo en la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Supremo. De hecho, allí estaban destinados ambos cuando el secesionismo catalán promovió las llamadas 'leyes de desconexión' y perpetró el referéndum ilegal del 1 de octubre.

No obstante, el PSOE tiene al mejor de los interlocutores en el TC, el que ha de validar la constitucionalidad de la amnistía: su presidente, Cándido Conde-Pumpido. También, al hoy magistrado Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia que diseñó el traje de los indultos para nueve cabecillas del 1-O en el verano de 2021.

Sus tesis

El magistrado Salinas lleva dos décadas haciendo campaña en favor de una de las grandes reivindicaciones del independentismo: una Justicia propia para no tener que responder ante la española. Es partidario de una descentralización extrema que pase por vaciar de competencias el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional; y que la última instancia judicial en las 12 comunidades con las competencias transferidas sean los tribunales superiores de Justicia de cada una.

El Estatut de 2006 –después parcialmente declarado inconstitucional por el TC– recogió una de las tesis que el entonces vicepresidente del CGPJ había expresado públicamente en varios discursos. El legislador contemplaba la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña, que sería el órgano de gobierno del Poder Judicial en Cataluña, al margen del CGPJ español.

«Él es experto en lo Social, no en lo Penal», recuerda un magistrado que coincidió en él en el CGPJ, que duda de su idoneidad para deshacer el nudo gordiano de una amnistía. «Cuando estuvo en el CGPJ, su obsesión eran los temas territoriales. Quería crear consejos territoriales del CGPJ para descomponerlo, y que fueran los parlamentos autonómicos los que nombraran a los miembros de esos consejos», añade. «Solo que entonces pertenecía al sector en minoría en el CGPJ, el progresista».

El asesor de Yolanda Díaz fue condecorado por la Generalitat de Quim Torra

Entre 1992 y 1996, el asesor de Yolanda Díaz fue magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En 2019, la Generalitat de Cataluña le concedió la más alta distinción en la materia. Bajo la presidencia del hoy inhabilitado Quim Torra, el Govern destacó su «trayectoria profesional».

Dos años antes, una de las leyes de desconexión salidas del Parlamento catalán recogía en uno de sus artículos: «El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convierte en el Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes, en el que culmina la organización judicial de Cataluña». A imagen y semejanza de lo defendido por el magistrado Salinas.

El programa electoral de Sumar

El programa electoral con el que Díaz concurrió a las pasadas elecciones generales ni mencionaba la amnistía, puesto que no estaba en la agenda de la coalición hasta que ERC y Junts la han puesto como condición sine qua non para la investidura de Pedro Sánchez. Pero sí todo lo relativo a las tesis de Fernando Salinas Molina: «Los TSJ de cada comunidad autónoma deben ser la última instancia judicial de cada comunidad, dejando aparte la función de unificación jurisprudencial del TS (art. 152.1 CE y los diversos Estatutos de Autonomía). Reduciremos las competencias de la Audiencia Nacional al mínimo en las distintas materias (especialmente las penales) y suprimiremos sus competencias relativas a menores y vigilancia penitenciaria, que regresarían a sus órganos naturales, para evitar la merma de las competencias constitucionales de los TSJ y la conversión práctica del TS en un órgano de segunda instancia. Debe excluirse además la competencia del TS sobre materias de ámbito no estatal o no superior a una comunidad autónoma», se comprometía.

La última propuesta de Sumar pasa por extender esa amnistía también a los policías procesados por su actuación del 1 de octubre de 2017. Una propuesta que no ha gustado nada a los sindicatos de la Policía Nacional. «Es indecente que el Gobierno de España plantee equiparar la actuación de la Policía Nacional con la de los delincuentes que participaron en un intento de golpe de estado en Cataluña», señaló este lunes el mayoritario, JUPOL.