Los agentes estallan: «Se han acostumbrado a que pegar a un policía se salde con una multa de 100 euros»

«Detenida una mujer en Cádiz acusada de intentar atacar a los policías con un palo», «Detenido por lanzar un móvil a una agente e intentar agredirla en Elche (Alicante)», «Detenido por embestir con un vehículo a un coche de la Guardia Civil cuando huía tras darle el alto en Castellón»... Esta es solamente una pequeña muestra de noticias publicadas en apenas tres horas –la tarde este jueves– y todas tienen en común una violencia desmedida contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han estallado contra una realidad cada vez más frecuente.

En 2022 hubo, según datos internos de la Confederación Española de Policía (CEP), la friolera de 12.900 agresiones a agentes... y esta estadística solamente cuenta a los pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía. «Es la cifra más alta en 15 años», asegura David Pola, portavoz de este sindicato. Los datos oficiales también hablan de un fuerte incremento, tanto de los atentados contra la autoridad como de los delitos de resistencia y desobediencia. En 2021, según las últimas cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadística, hubo 14.664 condenas por estos hechos, casi la mitad de ellas por atentado.

Detrás de estos números se esconden daños físicos y psicológicos a veces irreparables, traumas, prejubilaciones... y, en no pocas ocasiones, según denuncia Pola y el CEP, con muy poca ayuda de las administraciones. «Las consecuencias de un ataque violento a un agente por ejercer su profesión son de toda índole. Te puedes llevar un par de puñetazos que te pueden dejar fastidiado un par de días o te pueden producir lesiones que te lleven a la jubilación, lo que afecta a tu futuro, a tus hijos, a tu familia...», lamenta.

«La sociedad –explica– está evolucionando, la gente está más volcada en la calle y hay más naturalidad a la hora de expresarse, más cercanía con la Policía. Vemos que hay una cierta falta de respeto hacia la autoridad. Es un cambio social que todos vemos y que se refleja en multitud de leyes que muchas veces se entienden, otras veces, no, y que hacen que la sociedad se comporte de una manera o de otra. Hay un cambio de paradigma en los últimos 20 años y creemos que la Policía tiene que estar acorde a este tiempo, pero también protegida con las leyes».

La autoridad es autoridad porque se impone, y para imponerla hay que utilizar la fuerza en no pocas ocasionesSamuel VázquezPresidente de Una Policía para el siglo XXI

El presidente de la asociación Una Policía para el siglo XXI, Samuel Vázquez, explica que el hecho de que cada vez veamos más imágenes de ciudadanos atacando a policías se debe principalmente a esa pérdida de autoridad: «Es muy sencillo. La autoridad es autoridad porque se impone, y para imponerla hay que utilizar la fuerza en no pocas ocasiones. Si no la logras imponer, deja de ser autoridad, y ahí es donde se acaba el orden y empieza el caos».

«Si se cuestiona cada uso de la fuerza por parte de la Policía desde, no sólo parte del espectro mediático, sino también desde el político, incluidas personas que forman parte del Gobierno, pues cada vez habrá menos policías dispuestos a utilizarla, por el alto coste que implica el señalamiento y la muerte civil, que no sólo te va a afectar a ti, sino también a tu familia. Por no hablar de que ese cuestionar constantemente el uso de la fuerza se hace casi siempre con vídeos editados y cortados para que se vea sólo la parte represora de la intervención sin contexto», detalla Vázquez.

Prestigio para el delincuente

En el documental de Amazon Prime producido por la CEP ¿Quién nos protege?, un agente explica que sus agresores, tras resultar impunes, crearon el lema «Somos los putos amos». Y es que, como apunta Vázquez, «desde el prisma del delincuente la visión es que apenas hay coste tras una agresión». «A no ser que causes lesiones graves o alarma social, se han acostumbrado a que pegar a un policía se salde con una multa de 100 euros que en muchos casos ni pagan, pero que además les hace subir peldaños en la pirámide jerárquica de su banda. Es decir, que no sólo no tiene coste, sino que tiene recompensa. Lo contrario de lo que supone para un agente», asegura.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) cifraban en aproximadamente 10.000 las detenciones por atentado a agente de la autoridad este año, «una de las mayores cifras de la historia de la democracia», y pedían poner freno a «esta desmedida escalada de agresiones y desobediencia nunca antes vista» a través del endurecimiento de las penas y la recuperación del principio de autoridad. El artículo 550 del Código Penal impone penas de prisión de uno a cuatro años y multas de tres a seis meses para los atentados contra la autoridad. Un castigo que consideran insuficiente.

«No puede salir gratis un delito que hasta 1995 se castigaba con penas de seis años de prisión y que en la actualidad se puede cometer sin llegar a sufrir ningún tipo de consecuencias, ni siquiera la más ínfima de las medidas cautelares», exponían en un comunicado difundido el lunes en el que llamaban a que en septiembre se produzca una gran movilización con «todas las policías del Estado frente a esta lacra de desobediencia y agresiones que se extiende como la pólvora por todo nuestro territorio». Unas reivindicaciones que se suman a las de contar con mayores medidas de protección, como chalecos antibalas o pistolas taser.