La dirección del PSOE hace oídos sordos a la «vieja guardia» y ordena no entrar en debates

La dirección del PSOE ha optado por hacer oídos sordos a las críticas de la llamada «vieja guardia» a la amnistía que diseña Pedro Sánchez. Como el que oye llover, aunque éstas vengan abanderadas por Felipe González y Alfonso Guerra, expresidente y exvicepresidente del Gobierno.

En Ferraz están tranquilos porque la militancia -dicen- ha recibido con frialdad y hasta indiferencia esos llamamientos a la rebelión interna. Las bases del partido no han dado señales de disidencia, ya no digamos la clase dirigente, alineada con Sánchez.

En el cuartel general de los socialistas hay orden de no entrar a rebatir la opinión de quienes tuvieron responsabilidades en el PSOE pero ya no las tienen, como destacan de puertas adentro. La consigna es manifestar respeto por todas las opiniones, y es la que siguió a pies juntillas vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras escuchar a Guerra.

También es la que aplicó el líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, al ser preguntado al respecto. Ésa y que ahora no toca: «Les diría a estos veteranos, de quienes entiendo su legitimidad, que cada cosa tiene su tiempo. Ahora es Feijóo quien debe responder qué modelo territorial tiene para encajar Cataluña en España y qué tipo de acuerdos propone con Vox», señaló Juan Espadas, cambiando el paso.

Ninguno se atreve a decir públicamente lo que muchos dicen en privado, que el tiempo de ese «PSOE caoba» ha pasado. Pero la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quería decir precisamente eso cuando les recordó: «Ahora hay una nueva generación» a los mandos del PSOE.

El último en alzar la voz contra los planes de Sánchez ha sido el exministro y excomisario europeo del PSOE Joaquín Almunia. En una entrevista en Radio Euskadi, Almunia se mostró convencido de que, «en este momento», no hay condiciones para una amnistía «desde el punto de vista político del interés general de la sociedad». También opinó que, antes de cualquier otro paso, Junts debería hacer una «fortísima autocrítica» por sus actos de 2017. Y reconocer sus «errores y destrozos».

Almunia situó el debate en el mismo punto que Guerra lo había situado un día antes en COPE: no en si la amnistía cabe en la Constitución -una «polémica tramposa», según el exvicepresidente-, sino si es justa y responde al «interés general». A este respecto fue preguntada en Bruselas la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Y no respondió, sino que trató de devolver la polémica al lugar donde la quiere el PSOE: «No hay una prohibición explícita en la Constitución», constató.

Almunia es el último -de momento- de una lista que incluye a críticos habituales como González, Guerra, Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina, Javier Lambán y Emiliano García-Page. Pero a la que se han sumado otros que no suelen pronunciarse, como los exministros Jordi Sevilla y Ramón Jáuregui. La amnistía «no es admisible políticamente» y sentaría un precedente peligroso, a juicio de este último.

En el PSOE se declaran absolutamente serenos, mientras dejan que sean algunos periodistas de su órbita los que muerdan. «Están saliendo las momias del PSOE a patalear. Halloween en septiembre», escribió Maruja Torrres en la red social X.

«Por supuesto, González&Guerra no están solos; les acompañan una recua de antiguos altos cargos o dirigentes del PSOE felipista&guerrista empeñados en que el traje de conservadores les vaya quedando estrecho y se les acabe ajustando más el de rancios de derechas», según Ana Pardo de Vera en Público.

La mentalidad de la clase dirigente socialista se resume en una frase del presidente de Asturias, Adrián Barbón: «Si de esos acuerdos se deriva Gobierno de España, yo estaré contento y satisfecho». El fin justifica los medios. Además, Sánchez y los suyos repiten constantemente que el 23 de julio recibieron un mandato de la ciudadanía para reeditar su Gobierno de coalición, sin letra pequeña ni peros.

El grupo parlamentario socialista es también zona de aguas mansas. Cabe recordar que el Comité Federal del PSOE -es decir, Sánchez- impuso sus nombres y su ley en la confección de las candidaturas a las elecciones generales del 23 de julio. Por aquel entonces levantó algunas ampollas en los territorios, especialmente en Aragón y Castilla-La Mancha. Pero consiguió su objetivo: prevenir cualquier disonancia.

Todos los diputados están detrás de su jefe de filas sin excepción, tampoco entre los ocho diputados del PSOE castellano-manchego.