El TC de Conde Pumpido se convierte en la principal baza de Sánchez contra la estabilidad constitucional

El servicio más reciente de la mayoría de izquierdas de un Constitucional renovado a la medida de Pedro Sánchez, pasaba por admitir el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión de la Sala de Vacaciones de la Corte que rechazó el amparo del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en su intento por anular las órdenes naciones de detención y entrega que pesan sobre él. Una ponencia de la magistrada de Moncloa, Laura Díez, apoyada en un informe ad hoc de su letrado de confianza que, sin embargo, contradecía otro anterior a favor de la inadmisión, era el punto de partida para satisfacer las expectativas de los independentistas catalanes de Junts que aspiran a la amnistía.

No en vano, entre otras causas, del TC dependerá la viabilidad de una norma que planea en las negociaciones del todavía presidente en funciones con el separatismo que aspira a librarse de las responsabilidades penales que pesan sobre los imputados, procesados o condenados por encabezar el referéndum ilegal del 1-O. O, lo que es lo mismo, la Corte de Garantías será la clave ante la «desjudicialización» del procés que exige Puigdemont para apoyar, expresamente, una futura y eventual investidura de Sánchez, si antes fracasa Núñez Feijóo.

El líder de los socialistas, tal y como ha venido avanzando El Debate en primicia, apostó al alza, en la pasada legislatura, por un plan de control institucional que, lejos de ser inocuo, encerraba diseñar un Tribunal Constitucional (TC) a la medida de las demandas independentistas de sus socios catalanes y vascos.

No en vano, una vez cumplidas las expectativas electorales de la izquierda, en las pasadas generales del 23-J –con la aritmética a favor de una posible reedición agravada del Ejecutivo frankenstein– la gobernabilidad de España dependerá de los separatistas de Junts y Esquerra y, con ella, la unidad misma de la Nación española. Pese a que la Constitución proclama en su artículo 2 que ésta es «indisoluble».

Sánchez ha sido siempre consciente de que cualquier opción para continuar cuatro años más en la Moncloa –tras el escenario postelectoral de las autonómicas y municipales del mes de mayo, en el que no partía como favorito–p asaría por la reedición de su alianza con los separatismos de Esquerra (ERC) y Bildu. Y el precio de sellarla, además, con el 'sí' de Junts, pasará necesariamente por consentir el ansiado referéndum de autodeterminación. Eso sí, bajo el envoltorio de una «consulta pactada». La reforma de los Estatutos de ambas autonomías, Cataluña y País Vasco, y el aval a los mismos de una mayoría de izquierdas en el TC a favor del «derecho a votar» en Cataluña sobre su encaje en España, serán la baza para conseguirlo.

Adiós a la barrera de contención

Atrás quedan los últimos 15 años en los que el TC ha sido la sólida y definitiva barrera de contención del Estado español contra las exigencias del independentismo catalán y vasco. Desde que, en septiembre de 2008, la Corte de Garantías declarase inconstitucional el primer amago de consulta vasca, el denominado como 'Plan Ibarretxe', el órgano no se ha movido un milímetro de los argumentos, unánimes, que niegan a los parlamentos autonómicos una potestad reservada en exclusiva al Estado: la de autorizar cualquier tipo de referéndum, vinculante o no, para alterar los consensos sociales o modificar el modelo territorial, tal y como lo conocemos.

El relato ha cambiado, sustancialmente, bajo el primer año de mandato de un viejo y leal conocido del socialismo en el «polvo del camino» jurídico, como es el actual presidente del TC Cándido Conde-Pumpido. Moncloa siempre ha sido consciente de que el veterano magistrado gallego era el perfil más idóneo para pilotar, bajo la batuta de Sánchez, la confección de un traje jurídico a la medida de los independentistas, por mucho que esto signifique ensanchar al máximo las costuras de nuestra Carta Magna.

No sería, ni mucho menos, la primera vez que el magistrado altera los consensos del órgano para favorecer las expectativas del Gobierno, como fiscal general –tras maniobrar a favor del anterior Estatut catalán– y como ariete, ya al frente del Pleno del TC que salvó las leyes más ideológicas de Sánchez durante la pasada legislatura.

En realidad, la 'hoja de ruta' está prevista en el pacto que Sánchez firmó con Esquerra, en enero de 2020, para que la formación de Oriol Junqueras votase a favor de su investidura: la creación de una mesa de diálogo de tú a tú entre el Gobierno socialista y la Generalitat para la «resolución del conflicto político». Ahora sólo resta que el TC de Conde-Pumpido, y los seis magistrados restantes que integran el bloque monolítico de la izquierda, bendigan la jugada.