Sánchez ofrece a Europa pagar el coste de traducir al catalán mientras los países miembros recelan
Varios diplomáticos consultados por Europa Press apuntan que nadie comparte el «sentido de urgencia» que traslada España a sus socios
El Gobierno de España ha ofrecido a los países de la Unión Europea asumir el coste de traducir el catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas. En un intento a la desesperada por satisfacer los primeros «hechos comprobables» que le pidió Puigdemont, Sánchez estaría dispuesto a que sean los españoles quienes asuman el precio de sus cesiones al separatismo.
En un debate a nivel de embajadores para preparar el encuentro del martes, una gran mayoría de países han expresado su apoyo al multilingüismo como puente para conectar con los ciudadanos y han mostrado comprensión hacia los intereses de España, pero también han planteado muchas «dudas» respecto al impacto de la medida tanto en el funcionamiento de la UE como en las arcas comunitarias, según informa Europa Press.
De hecho, este miércoles el Gobierno de Suecia reconocía precisamente esas dudas en torno a la incorporación del catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales dentro de la Unión Europea (UE). El Ejecutivo sueco, en palabras de su ministra de Asuntos Europeos, Jessika Roswall, está «indeciso» en cuanto a la posibilidad de modificar el Reglamento número 1, en el que se recogen cuáles son los idiomas oficiales de la Unión.
El Gobierno de Sánchez (todavía en funciones), que ejerce de presidencia de turno del Consejo de la UE, introdujo en la agenda de los ministros europeos el martes un intercambio de opiniones para modificar el reglamento sobre lenguas oficiales, con la intención de que el asunto fuera sometido ese mismo día a la votación del bloque.
No entienden esa «urgencia»
Sin embargo, varios diplomáticos consultados por Europa Press apuntan que nadie comparte el «sentido de urgencia» que traslada España a sus socios, porque el resto de capitales ve prematuro tomar ningún tipo de decisión si no se han examinado a fondo cuestiones sobre las que el Gobierno no ha presentado aún detalles, por ejemplo cuál sería el coste estimado de sumar estas tres lenguas cooficiales a las 24 ya reconocidas en la UE o cómo prevé cubrir el número de traductores que serían necesarios.
También frena las opciones de acuerdo el temor entre varias delegaciones al encaje legal en los Tratados, aunque España defiende que la oficialidad de estas lenguas está reconocido por su Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputados; así como el posible «efecto dominó» que podría generar en otros Estados miembro que se abriera la puerta a lenguas regionales.
Dudas también en Francia
Para países como Bélgica o Países Bajos es complicado tomar una decisión sin tener sobre la mesa evaluaciones de impacto o detalles sobre como «articular» la entrada de tres nuevas lenguas y una reflexión sobre el modo en que ello afectará al funcionamiento de la Unión Europea.
Mientras, para otros países como Francia, en donde el reconocimiento de las lenguas regionales es un asunto delicado, las reservas van más allá de los elementos técnicos. Hasta el momento, ningún Estado miembro ha tomado posición en contra de la propuesta española y algunos se han mostrado receptivos desde el primer momento, pero la decisión requiere el apoyo unánime y son varios los que piden estudiar con más cautela el proceso.