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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel AlbaresJuanma Serrano / Europa Press

El Gobierno pudo saltarse la ley con la carta de Albares a la UE sobre las lenguas cooficiales

La Ley del Gobierno establece que un Ejecutivo en funciones limitará su gestión al despacho ordinario, «absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados» cualquier otra medida

El apoyo de Junts a Sánchez para convertir a la socialista Francina Armengol en presidenta del Congreso era decisivo. Sin los votos del partido liderado por el prófugo de la justicia Carles Puigdemont, el PSOE no hubiera obtenido los apoyos suficientes para presidir la Mesa del Congreso, alianza que muchos asumen ya como la antesala de los pactos para una posible investidura.

Las negociaciones se realizaron horas antes de la votación en la Cámara Baja, en completo secretismo y con unas condiciones altamente beneficiosas para los independentistas. Entre ellas figura la petición formal y oficial de la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fue el encargado de enviar la misiva a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y formalizar así la petición de sus aliados.

Sin embargo, esta medida excede las atribuciones de un Gobierno en funciones. Según la Ley del Gobierno, publicada en el BOE el 27 de noviembre de 1997, los actos del Ejecutivo en funciones están limitados. El artículo 21 de la citada ley se muestra claro: «El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas».

Según esta norma, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez habría excedido sus competencias al enviar la petición de la inclusión de las lenguas cooficiales españolas a la Unión Europea, ya que no se trata de un tema ordinario de asuntos públicos y la cuestión referida carece de urgencia.

La carta que remitió el titular de Exteriores a primera hora de la mañana de ayer está fechada en Madrid, porta el sello de la representación permanente de España ante la UE y pide «el inicio de los procedimiento de modificación previstos en el Consejo, así como la inclusión del asunto en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales del 19 de septiembre de 2023».

Asimismo, Albares incluye en el documento una petición expresa de la remisión de «información puntual sobre el asunto». Esta demanda supone la modificación del reglamento nº 1 que regula el régimen lingüístico de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la UE.

Esta misiva es, además, la condición imprescindible que Junts pedía a Sánchez para hacer efectiva su alianza. Según ha publicado en Twitter el líder de la formación independentista, Carles Puigdemont, «el acuerdo para formar la mesa del Congreso no iba de cargos a la mesa ni de presidencias de comisiones, que es lo que habitualmente figura en este tipo de acuerdos», sino de «hechos comprobables».

A pesar del apoyo de Junts al PSOE en estos términos, Puigdemont ha dejado claro que no existe pacto de investidura alguno y que «no nos van a mover promesas o voluntades políticas sin garantías de cumplimiento de quien no nos genera ninguna confianza».

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