Sánchez aspira a una amnistía con sólo 176 diputados frente a los 296 apoyos de la anterior

La máquina del tiempo de un Pedro Sánchez empeñado en remover el pasado con excesiva frecuencia, ha desembocado en plantear, como única alternativa a su reelección como presidente del Gobierno, una amnistía que sólo tiene un precedente en nuestro país: la concedida en 1977 durante la Transición, en un contexto diametralmente opuesto al actual. Buena prueba de ello es que, mientras el líder del PSOE aspira a ser investido con el respaldo de tan sólo 176 diputados –previa «ley de impunidad», critican los expertos, que le garantice el apoyo expreso de Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont– la norma empleada para articular el perdón general a los presos de la dictadura franquista, ante la llegada de la democracia, consiguió un amplio consenso de 296 parlamentarios.

El 14 de octubre de 1977, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía. Con tan sólo dos votos en contra, dieciocho abstenciones y un voto nulo, toda una sociedad y en su representación los diputados, apoyó un texto legal que permitió la excarcelación y la vuelta del exilio a los comunistas, como Santiago Carrillo, sindicalistas y anarquistas que fueron perseguidos por pensar y actuar en oposición al régimen franquista.

Las cifras hablan por sí solas. La contundente respuesta del Parlamento de entonces, con más de 296 voces al unísono, de diferentes sensibilidades políticas, era la respuesta al clamor de una sociedad que aspiraba a dejar atrás una época muy compleja y la muestra inequívoca de la unidad de un Congreso que, lejos de reeditarse ante las aspiraciones de Sánchez, está hoy más fragmentado que nunca.

No en vano, los argumentos expuestos por los socialistas en el Hemiciclo, hace algo más de cuarenta años, cuando defendían que lo que daba «más fuerza al contenido» de aquella amnistía era el «apoyo, por tanto, de la gran mayoría de los que aquí representamos la voluntad popular (...) por encima de sus limitaciones, por encima de los temores que haya podido suscitar y como respuesta a la esperanza que sobre nosotros depositaron nuestros electores» se perderán en el caso de que Sánchez culmine su plan de investidura.

Una sociedad no se puede permitir el lujo de amnistías repetidas y repetidasXabier Arzalluz AntiaPortavoz del Grupo Parlamentario de las Minorías Catalana y Vasca, 1977

«Nosotros, en nuestra calidad de Grupo Parlamentario», aseguraban desde la Unión de Centro Democrático (UCD), «tenemos la firme convicción de que para poner un punto final es preciso el más amplio consenso sobre el tema de la amnistía». También ellos destacaban entonces la importancia de que se elaborase «una proposición de 'ley conjunta»: «Es posible que precisamente por ser común a la inmensa mayoría de los Grupos de esta Cámara deje en algunos un rescoldo último de insatisfacción, pero creemos que es tal su amplitud, que permite superar el pasado y empezar a construir aquello que reamente necesitamos: erigir y perfilar unas instituciones democráticas que encaucen la convivencia de todos los españoles».

«(...) La virtualidad de un consenso casi único, y ojalá que fuera único, sobre la amnistía que contempla esta proposición de ley, produce para nuestro país beneficios infinitamente mayores que cualquier otra solución» y «contribuirá a dotar al naciente Estado democrático de la solidez y de la fortaleza precisas para afrontar nuestro inmediato porvenir con esperanza y con autoridad», añadía el diputado Arias-Salgado, como consta en el diario de sesiones de las Cortes.

«La Ley de Amnistía para nosotros significa el final de una época y el principio de otra en que deberán ser respetadas las reglas democráticas establecidas por la voluntad popular, y quien no las respete, quien sistemáticamente las viole, quien pretenda crear un caos de violencia deberá soportar el peso de la ley y las sanciones que el ordenamiento democrático establezca para la salvaguarda de la libertad y los derechos de los ciudadanos», defendía entonces Benegas Haddad como representante del Grupo Socialista del Congreso.

Un escenario que choca con que hoy sea, precisamente, el líder de los socialistas quien se enroque en la intención de negociar una amnistía para Puigdemont, a cambio de su investidura, con quienes saltándose las normas acordadas por todos y desoyendo la prohibición expresa del Constitucional sobre referéndum ilegal del 1-O, huyeron en un maletero en plena noche para eludir el peso de la ley y sus consecuencias.