El pinganillo llega al Congreso para traducir al independentismo que no quiere hacerse entender

El Congreso debatirá este martes y votará el jueves la reforma del Reglamento que Pedro Sánchez pactó con el independentismo a cambio de que ERC y Junts votaran a favor de la socialista Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja. Es decir, el uso del catalán, euskera y gallego en todos los ámbitos de la vida parlamentaria, ya sean intervenciones orales o presentación de escritos.

Pero no solo, porque la reforma también abre la puerta a que sus señorías utilicen lenguas cuya cooficialidad no está reconocida en ninguna comunidad, como lo son el bable y el aragonés. El diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo -perteneciente al grupo de Sumar-, ya ha anunciado que intervendrá en aragonés cuando le parezca, como Pedro IV 'el Ceremonioso'.

La sesión de este martes estará caracterizada por la improvisación. La Mesa del Congreso ha contratado a media docenas de traductores (todos con contratos menores, no personal definitivo) y se repartirán auriculares a los diputados para salir del paso: la Cámara ha comprado 450 pinganillos con un coste de 7.671,79 euros, más otros 200 que ya tenía, informa EFE. Así será también la próxima semana, durante el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Hasta final de año, el Congreso ha presupuestado en 280.000 euros el coste de las traducciones en los plenos que se celebren hasta entonces. La previsión es contar con una bolsa de 12 traductores, que son los que se encargan también de esta tarea en el Senado. Son autónomos y trabajan en remoto, así que no estarán en el hemiciclo ni en dependencias del Parlamento.

El sistema definitivo tardará en estar operativo. Es más. Los letrados de la Cámara advirtieron en un informe la semana pasada del descontrol que supondrá la aplicación del uso de las otras lenguas a toda la actividad parlamentaria con tantas prisas. «Resulta de muy difícil, si no imposible aplicación en sus términos, al menos de forma inmediata o a corto plazo», señalaban en un documento al que Armengol hizo caso omiso.

«La reforma planteada afecta de manera integral a todos los procedimientos, así como a todos los plazos reglamentarios, y por ende, al entero funcionamiento de la Cámara», añadían. Para la presentación de documentos y escritos habrá un plazo máximo de adaptación de seis meses, durante el que los diputados que registren sus escritos en cualquier lengua oficial que no sea el castellano deberán acompañar una traducción en dicha lengua. Pero para las intervenciones orales, ya sean en pleno o comisión, no habrá moratoria que valga.

Por comparar, el Congreso tardó más de cinco meses en aprobar la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’, desde que se produjo la primera revisión de condena a la baja –el 15 de noviembre de 2022– y hasta que el PSOE se convenció de que no había forma de persuadir a Irene Montero. En esta ocasión, a los socialistas les ha bastado un mes: desde el 17 de agosto, fecha en la que se constituyeron las Cortes, y hasta este martes 18 de septiembre, cuando los diputados de ERC, Bildu, el PNV, Junts y el BNG ya utilizarán las otras lenguas, aunque la reforma no se apruebe formalmente hasta el jueves.

Ésta saldrá adelante con los votos del PSOE, Sumar, ERC, JxCAT, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, 179 en total. Votarán en contra el PP, Vox y UPN. Los de Santiago Abascal han presentado una enmienda a la totalidad de la reforma. «Nos traen la inclusión de las lenguas cooficiales en nombre del progreso, en nombre de una España más plural y democrática, dicen. Falso, porque quienes promueven esta iniciativa son aquellos que arrinconan el español en las regiones donde gobiernan», señaló la semana pasada la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

Los populares, por su parte, han pedido paralizar el pleno extraordinario del martes hasta que se resuelva el escrito que presentaron días atrás a la Mesa del Congreso, impugnando el acuerdo que permitía hablar en estas lenguas (este martes) antes de aprobarse la reforma del reglamento (el jueves). «Hacer esto por imposición de una minoría para que en la Cámara tengamos que ponernos pinganillo y en los pasillos utilicemos la lengua común de todos, que es el castellano, es impropio», lamentó Feijóo.