Bruselas calla ante las ofensivas contra la amnistía de Sánchez a Puigdemont

La ofensiva diplomática contra el separatismo dentro de España generalmente ha brillado por su ausencia. Son pocos los que se mojan, sean políticos, asociaciones o individuos y, por el momento, la Comisión Europea guarda silencio ante las reclamaciones que llegan a sus pasillos contra la amnistía que negocia el Gobierno de Sánchez para favorecer a Puigdemont y los artífices del procés.

El 1 de octubre de 2017 causó un gran revuelo, pero más por el papel de los separatistas que por el del gobierno central. La inacción no fue solo en la Unión Europea, también Naciones Unidas. La orden era no moverse, no contrarrestar la narrativa. Se desconoce aún la lógica de aquella decisión. De aquellos polvos estos lodos.

Carles Puigdemont ha estado años de gira por Europa con escándalos de distinta índole de por medio, pero no se ha trabajado un discurso en favor del Estado en ningún momento de manera oficial.

Todo lo que se ha hecho ha sido a título individual. Lo mismo ha ocurrido estas últimas semanas en contra de la amnistía para que Pedro Sánchez salga investido.

Pocas voces y muy dispersas

Por el momento, han sido la Asociación de Fiscales (AF) y Vox Europa los que más han solicitado a las instituciones europeas que «se mojen».

AF, mayoritaria en la carrera fiscal, envió una carta a los comisarios europeos Vera Jourová y Didier Reynders en la que pide que, si finalmente el Gobierno admite la amnistía como moneda de cambio, la UE intervenga para «garantizar el cumplimiento de los estándares europeos» en España.

Han jugado inteligentemente al poner como ejemplo dos países que producen cierta desafección: Polonia y Hungría. El agravio comparativo es una herramienta muy útil para eliminar todo atisbo de parcialidad que, por otro lado, parece cada vez más evidente si se tiene en cuenta el trato que Bruselas da a ciertos países por cuestiones más ideológicas que procedurales.

Para la AF, «la amnistía planteada supone la quiebra de uno de los principios que configuran todo Estado de Derecho, como es el valor Justicia, expresado a través del principio de separación de poderes, reconocido en el artículo 117 CE, que atribuye en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial».

Por otro lado, el partido de Santiago Abascal en la Unión Europea pidió un debate en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) sobre el Estado de derecho en España. El objetivo era que todos los representantes emitieran su voto y eso obligara a retratarse a partidarios y detractores.

Muchos prefieren de pasar de puntillas por este asunto ya que sirve para sacar a la relucir la hipocresía en ámbitos internacionales y las estrategias de poder de determinados partidos o grupos. El debate fue finalmente rechazado.

En otro plano, pero también enlazado con el proceso separatista, se encuentra la solicitud oficial del Gobierno español a Europol de rectificación del Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea (TESAT 2023) del pasado de junio para que desvincule el separatismo catalán del terrorismo.

Ante este agravio han movido ficha Maite Pagazaurtundúa de Ciudadanos y Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos del Partido Popular.

La primera ha escrito una carta dirigida a Catherine de Bolle, directora ejecutiva de Europol, explicando los motivos por los cuales no debería hacer caso a esa petición. Los segundos han formulado una pregunta dirigida a la comisaria de Interior Ylva Johansson para preguntar si es conocedora de esta petición y qué opinión le merece.

Como se puede apreciar, la reacción ha sido escasa pero también es cierto que, dado el Leviatán europeo, es realmente complicado llevar a cabo una política más efectiva si esta no forma parte del plan de gobierno.