La Generalitat se burla del Supremo con la creación de un nuevo cuerpo diplomático propio

En febrero de 2018, en plena resaca del procés, el Supremo confirmaba la disolución del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, tras rechazar la medida cautelar instada en un recurso de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) que trataba de evitarlo. En un auto de la Sala Tercera, el Alto Tribunal dejaba clara la validez de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy que, reunido en Consejo de Ministros el 27 de octubre de 2017, ordenaba suspender las actividades e infraestructura del tejido de 'embajadas' catalanas en el extranjero en un plazo no superior a 6 meses. La decisión del Ejecutivo se apoyaba, además, en el aval del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que investigó los pagos a los observadores del 1-O.

Sin embargo, ahora, en plena negociación por la amnistía de Carles Puigdemont con la que Pedro Sánchez aspira a recibir los votos de Junts para ser presidente, los separatistas, han cumplido con su promesa de «lo volveremos a hacer» y han reactivado «un cuerpo de acción exterior y Unión Europea» pese a no tener competencias en la materia.

Para el independentismo catalán, la acción exterior ha sido y es una «prioridad», tal y como lo ha explicado la consejera Mertixell Serret, al frente de este nuevo departamento de Acción Exterior, con el que la política segura que se garantiza de «hacer más y mejor el trabajo de llevar Cataluña al mundo». Un escenario en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por el silencio y, según fuentes conocedoras del caso, no presentará ningún recurso judicial contra el texto.

Lejos quedan ya para el Ejecutivo socialista, en funciones, los argumentos por los que el PSOE cerró filas con el Gobierno de Rajoy y apoyó la aplicación de un 155 que derivó, entre otras cuestiones, en la cancelación de las infraestructuras y propaganda del Consejo de Diplomacia Publica de Cataluña, más conocido como Diplocat.

Los registros de la Guardia Civil arrojaron, entonces, datos reveladores sobre los pagos que la Generalitat de Carles Puigdemont hizo a través del ente público-privado a los observadores internacionales que asistieron a la consulta secesionista del 1 de octubre en Cataluña y que ascendieron a cerca de 120.000 euros en total.

Una política exterior «inquebrantable»

Así las cosas, en plena negociación por la amnistía de Puigdemont, el separatismo, desde el Ejecutivo autonómico, anunciaba, este martes, la creación y «profesionalización» de un cuerpo especializado en la acción exterior de la Generalitat, que pasa por «internacionalizar aún más la acción del Govern y conseguir un mayor impacto en el país y en la vida de los ciudadanos», Ahora, la administración tendrá las herramientas «para definir los requisitos profesionales que diferencian al personal encargado de implementar la acción exterior».

Tanto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como la propia consejera de Acción Exterior, Meritxell Serret, han dejado claro cómo la política exterior es una «prioridad», y, por este motivo, van a continuar desplegándola, a pesar de que las competencias en esta materia son del Gobierno central. Una clara afrenta del separatismo al Supremo que, además de ser el Tribunal sentenciador del 1-O, será el encargado de decidir sobre la aplicación, a prófugos y condenados, de la futura ley de amnistía que Sánchez todavía guarda en el cajón.

«La acción exterior es una política de país irrenunciable», insistía Serret tras el anuncio de las medidas orientadas a incrementar la veintena de 'embajadas' en el exterior de las que dispone Cataluña por el mundo, casi el doble de las que había antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No en vano, y según consta en el plan diseñado para el 2023-2026 por el Ejecutivo catalán se abrirán nuevas embajadas en África Oriental, Sudeste Asiático o Asia Meridional. Y también se ha creado la figura del 'enviado especial'. En este caso, hay dos: uno en Irlanda, donde está previsto que se abra una nueva embajada; y otro en Quebec (Canadá).