La ponencia del TC propone dar la razón al PP contra Batet por no pedir al Gobierno los informes de los indultos

El borrador de la sentencia con la que el magistrado Ricardo Enríquez propondrá al Pleno del Tribunal Constitucional (TC), de la próxima semana, estimar el recurso de los diputados del PP contra la decisión de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet de no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos –concedidos al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al resto de los líderes del procés condenados por sedición y/o malversación– está en marcha.

Según ha podido saber El Debate, la propuesta de resolución del jurista encargado de la causa plantea que se debe dar la razón a los 'populares', quienes apoyaron su recurso de amparo parlamentario en el derecho a la información de los diputados y a los deberes de los órganos de la Cámara a preservarlos. Sin embargo, a priori, se estima que la posterior deliberación sobre el texto de Enríquez no será sencilla, en tanto en cuanto que la mayoría de izquierdas que, actualmente, conforma el órgano se muestra en desacuerdo con el planteamiento de base, tal y como han apuntado a El Debate fuentes conocedoras de la causa.

En el caso de que no se llegase a un consenso sobre la cuestión y que el ponente no accediese a modificar su fallo, atendiendo a la tesis mayoritaria de los miembros del Pleno, el magistrado tendría que renunciar y el Tribunal designar a un nuevo ponente que asumiría el procedimiento para redactar una nueva resolución acorde con la posición consensuada, aunque no unánime de la Corte.

El asunto llega al Constitucional después de dos años de periplo y tras la negativa de Batet, en 2021, a requerir al Ejecutivo de Pedro Sánchez, como presidenta de la Mesa del Congreso, el informe en base al que el Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno confeccionaron la propuesta favorable al perdón parcial de las condenas impuestas por el Supremo a los cabecillas políticos del procés de Cataluña.

Esta pretensión, rechazada frontalmente por Batet el 13 de septiembre de ese mismo año, provocó que la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, acudiese al TC al entender que se había incurrido en una vulneración de sus derechos fundamentales como parlamentaria.

La excusa: la Ley de Protección de Datos

El Gobierno, por su parte, rechazó «hacer públicos» o «dar acceso a los expedientes» completos de los indultos a los líderes del procés sin el «consentimiento expreso» de los afectados, amparándose en la Ley de Protección de Datos (LOPD) y en los plazos marcados en la Ley del Patrimonio Histórico Español.

Esta última establece que los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, no podrán ser publicados sin consentimiento expreso de los afectados, hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte o, en otro caso, de 50 años, a partir de la fecha de los documentos.

El Ejecutivo respondió así a una pregunta registrada por el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero, en la que instaba al Gobierno a dar a conocer los expediente íntegros de los indultos en los que se recogían todos los documentos aportados por distintos expertos e instituciones, en función de los cuales se entendía que la medida de gracia cumplía con todos los requisitos necesarios para su concesión.