Fundado en 1910
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, interviene durante la celebración  del 12º aniversario de la creación de EH Bildu, en el Arenal, a 6 de mayo de 2023, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Euskal Herria Bildu (EH Bildu) fue fundado hace 12 años como una coalición de varios partidos políticos y de candidatos independientes. En 2014 se inscribió como partido en el Ministerio del Interior de España.
06 MAYO 2023;BILBAO;PAIS VASCO;OTEGUI;EH BILDU;12 ANIVERSARIO
H.Bilbao / Europa Press
06/5/2023

Arnaldo Otegi, en una imagen recienteEuropa Press

Audiencia Nacional

Víctimas del terrorismo piden a la Fiscalía investigar a Otegi por su posible participación en crímenes de ETA

La Asociación Dignidad y Justicia ha denunciado ante el Ministerio Público al coordinador general de EH Bildu por su presunta implicación en un total de 9 secuestros

En pleno avance de las investigaciones de la Audiencia Nacional para depurar la presunta «autoría material» de más de una decena de ex dirigentes terroristas en algunos de los atentados más dolorosos perpetrados por ETA, como el secuestro y asesinato del concejal popular de Ermua Miguel Ángel Blanco o el coche bomba que asesinó al magistrado Querol, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha presentado una nueva denuncia en la que pide a la Fiscalía que investigue al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por su supuesta participación directa en nueve secuestros organizados por la banda armada y el asesinato del político de UDC Juan de Dios Nogal.

En el escrito presentado ante el Ministerio Público, la entidad que representa a las víctimas etarras ha solicitado que se libre oficio a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para que le informe si, como consta publicado, un total de 12 miembros de la organización terrorista inculparon a Otegi en sus declaraciones policiales por varios hechos delictivos perpetrados entre los años 1977 y 1987.

En un extenso relato de 20 folios, Dignidad y Justicia identifica a Otegi en el marco de un total de 9 secuestros y tras la orden de asesinar al político de UDC Juan de Dios Noval, así como a «diversos atracos y un asalto a mano armada». «De su participación en esos 9 secuestros, tan sólo por tres, éste sujeto ha sido juzgado; por el secuestro de Luis Abaitua, por el que fue condenado a 6 años de prisión, y por los secuestros de los políticos Gabriel Cisneros y Javier Rupérez, de los que resultó absuelto», recuerda la asociación.

Dignidad y Justicia insiste, sin embargo, en que las nuevas informaciones de las que ha tenido constancia implicarían a Otegi «en otros 6 secuestros más, de los cuales dos fueron frustrados y otros dos habrían sido ordenados por él, así como se le imputó la orden de asesinar a Juan de Dios Noval el 31 de octubre de 1980, en San Sebastián».

Por ello, la asociación reclama también a la Fiscalía que libre oficio a la Jefatura de Información de la Guardia Civil «a fin de que informe sobre la realidad de los hechos puestos de manifiesto» y de que «aporte todas las diligencias llevadas a cabo en cada uno de los secuestros» a los que se hace referencia, así como sobre el asesinato de Juan de Dios Noval, detallando si en dichas pesquisas fue investigada la participación de Otegi.

Además, pide que se libre oficio al servicio de decanato de los Juzgados Centrales de Instrucción para que informen «si obra en el archivo de la Audiencia Nacional expedientes judiciales de las diligencias incoadas» respecto de cada secuestro y del caso de Nogal. En caso afirmativo, solicita que «sean traídos del archivo para su reapertura». Propone que se haga lo mismo con la Dirección Nacional de Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior y de la propia Audiencia Nacional.

En el marco de las nuevas pesquisas instadas por Dignidad y Justicia, la asociación de víctimas ha reclamado al órgano central de Instrucción que se cite a declarar al propio Otegi como investigado para determinar su participación en los hechos y que, al margen de lo anterior, se determine si abonó las 100.000 pesetas que debía pagar en concepto de responsabilidad civil tras ser condenado por el asesinato del empresario Luis Abaitua.

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