La Princesa Leonor jura una Constitución en peligro
Aunque el Gobierno ha intentado dar un barniz de normalidad al solemne juramento de la heredera, casi nada del contexto en el que se producirá lo es
El Rey Felipe y la Princesa Leonor, en los Premios Princesa de Asturias
En junio de 2016, Francina Armengol aprovechó el río revuelto de la abdicación de Juan Carlos I para dar rienda suelta a sus anhelos republicanos. La hoy presidenta del Congreso se plantó ante la Ejecutiva Federal del PSOE y defendió con ardor que había llegado el momento de convocar un referéndum vinculante para que el pueblo español eligiese entre Monarquía o República, obviando que la ciudadanía ya escogió cuando refrendó la Constitución por una amplísima mayoría de casi el 88 % de los votos. El entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acalló la voz de Armengol. Su única preocupación entonces era que la operación de Estado para entronizar a Felipe VI saliera bien, como así fue.
Más de siete años después de aquello, Armengol tendrá un papel principal en el solemne juramento de la Princesa Leonor al alcanzar la mayoría de edad. Más que Pedro Sánchez. Corresponderá a la presidenta del Congreso pronunciar un discurso que condense la dimensión simbólica, pero también jurídica, de un acto que atestigua la lealtad de la Corona a la Constitución y que garantiza su continuidad. No es un trámite: es la esencia misma de la Monarquía Parlamentaria, concentrada en estas 29 palabras que pronunciará la primogénita de los Reyes: «Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas y fidelidad al Rey».
Aquel 30 de enero de 1986, cuando el Príncipe de Asturias dio cumplimiento al artículo 61.2 de la Constitución, el entonces presidente del Congreso, el socialista Gregorio Pérez-Barba, proclamó: «El acuerdo de todos, el consenso de nuestro pueblo y la lealtad recíproca con la que actúan el Rey y los poderes del Estado son garantía de solidez institucional y de enraizamiento de la Monarquía Parlamentaria». También definió a ésta como «la forma política del Estado más adecuada y más racional para nuestro tiempo». Y terminó: «Hoy es un día grande para la democracia, para la Monarquía y para todos los hombres y mujeres de esa España viva y plural de las Autonomías».
Peces-Barba, durante su discurso en el juramento del Príncipe de Asturias.
Como representantes de esa España de las Autonomías estuvieron todos los presidentes regionales, incluidos los de Cataluña y el País Vasco, Jordi Pujol y José Antonio Ardanza, respectivamente. El próximo martes, por el contrario, faltarán en la tribuna de autoridades Pere Aragonès e Íñigo Urkullu.
El Gobierno ha intentado dar un barniz de normalidad al solemne juramento de la heredera siguiendo la plantilla que diseñó el Ejecutivo de Felipe González en 1986. También por lo que respecta al escrito que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de octubre, solicitando a las Cortes la celebración de una sesión conjunta, que es muy similar. Incluso va más lejos, puesto que pone de manifiesto que con el juramento de la Princesa de Asturias «se garantiza la continuidad de la Corona», una frase que no recogía el de 1986.
Un contexto donde nada es normal
Sin embargo, casi nada del contexto en el que se producirá el acto solemne del martes es normal. Empezando por la clamorosa ausencia de Don Juan Carlos de Borbón, mentor y primer depositario de la Monarquía Parlamentaria del 78: «Una Constitución que a todos debe regirnos y todos debemos acatar. Con ella se recoge la aspiración de la Corona, de que la voluntad de nuestro pueblo quedara rotundamente expresada. Y, en consecuencia, al ser una Constitución de todos y para todo, es también la Constitución del Rey de todos los españoles», afirmó el 27 de diciembre de 1978, el día en el que sancionó la Carta Magna a la que su nieta Leonor jurará fidelidad el próximo martes.
La decisión de que no esté ha sido pactada entre la Casa Real y la Moncloa. Don Juan Carlos la ha asumido, aunque no la comparte. Sí estará en la fiesta privada en el Palacio de El Pardo, posterior a la ceremonia en el Parlamento.
No estará el abuelo de la heredera, no estarán Aragonès y Urkullu, ni los ministros Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón, ni tampoco la práctica totalidad del grupo parlamentario de Sumar, que enviará una representación de mínimos, a pesar de ser uno de los dos miembros de la coalición. ERC, Bildu, Junts, el PNV y el BNG, todos socios de Sánchez, ni eso.
Los preparativos en el Congreso para la solemne sesión del martes
En riesgo de implosión
La Constitución a la que jurará lealtad la Princesa Leonor corre el riesgo de implosionar, dinamitada desde dentro por los mismos poderes que deberían protegerla. La ley de amnistía que ultima el PSOE a cambio de la investidura de Sánchez es en sí misma una enmienda a la totalidad del artículo 14 de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
El juramento de la heredera se produce al inicio de una legislatura crítica para la indisoluble unidad de la nación española, en la que se fundamenta la Constitución
El juramento de la heredera se produce, además, al comienzo de una legislatura crítica para la «indisoluble unidad de la nación española» en la que se fundamenta la Constitución, como recoge su artículo 2. La cuestión territorial será uno de los temas nucleares de esta legislatura, dadas las enormes hipotecas que habrá de firmar Sánchez. Los independentistas vascos y gallegos reclaman el reconocimiento de la «plurinacionalidad»; los catalanes exigen, directamente, un referéndum de autodeterminación.
Los socialistas insisten en que su marco es la Constitución, pero ni sus socios se los toman en serio: «Hace cuatro años hablar de amnistía era una quimera. Es bastante probable que de aquí a algún tiempo hablar de referéndum deje de ser una quimera», ironizó hace unos días el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en alusión a las opiniones cambiantes del líder del PSOE cuando la necesidad aprieta. Enfrente, un Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Carta Magna, que atraviesa la mayor crisis reputacional de su historia.
No solo la unidad de la nación, sino también la propia Corona está amenazada. La ofensiva de la mayoría Frankenstein contra la Monarquía no ha cejado ni con el Gobierno en funciones. Dos de las primeras proposiciones de ley registradas por el PNV en esta legislatura han sido para limitar la inviolabilidad del Rey -recogida en la Constitución- y para reformar la Ley de secretos oficiales y desclasificar con ello todos los archivos del 23-F. El PSOE y el PP vetaron la admisión a trámite de la primera en la Mesa del Congreso. La de secretos oficiales (el PNV lleva siete años con esto) está pendiente de ir a un pleno de toma en consideración. Y habrá más.
En su discurso de proclamación ante las Cortes, el 19 de junio de 2014, Felipe VI anunció la llegada de «una Monarquía renovada para un tiempo nuevo». Y afirmó que los deberes de la Corona van más allá de sus funciones constitucionales. «La Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza; y para ello, velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones». Es esa misma autoexigencia la que le ha transmitido a su heredera.
