El compromiso institucional de la Princesa de Asturias: «Guardar y hacer guardar la Constitución»

El sentido de la presencia, cada vez mayor, de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en la agenda institucional de la Casa Real entrará, a partir de este martes, en una nueva fase. La heredera al Trono de Espala jurará, en un solemne acto en la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, utilizando la misma fórmula que su padre, el rey Felipe VI utilizó en 1986, tras cumplir la mayoría de edad. Doña Leonor jurará «desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey» y, con ello, reafirmará el compromiso de la Corona con la representación institucional del Estado.

El rey y su primogénita, llamada a sucederle, son los dos únicos monarcas reinantes en Europa que están obligados a acatar el texto constitucional recitando el contenido de su artículo 61, sobre un ejemplar del mismo, para ser oficialmente proclamados. Y es que, al constituirse España en su forma de gobierno como una Monarquía Parlamentaria, los poderes del monarca están definidos y limitados por la ley. Un sistema que conjuga de manera indisoluble el vínculo entre el Rey y la Constitución.

De ahí que el formalismo que tendrá lugar este martes, cobre especial importancia para declarar la estabilidad y la unidad que representa la Monarquía, frente a los vaivenes políticos de turno. No en vano, tras cumplir los 18 años, la Princesa de Asturias ya reúne todos los requisitos que se le exigen para poder convertirse en Reina y jefa de Estado, llegado el caso, si el Rey Felipe VI se viera inhabilitado para el ejercicio de su autoridad, tal y como recoge el artículo 59.2 de nuestra Carta Magna.

Es decir, más allá de ser un mero un acto protocolario, la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias conlleva una carga simbólica, jurídica e institucional esencial para dotar de legitimidad democrática a la heredera al trono. Una legitimidad que queda indisolublemente ligada a la «unidad y permanencia del Estado» que la heredera asume, desde hoy en adelante, el deber de preservar como su futura jefa y, siempre que el Rey, aún reinante, delegue en ella de manera puntual y concreta.

Un juramento de fidelidad en Derecho

El significado institucional es mayúsculo porque la fórmula del juramento que pronunciará Leonor de Borbón lo es de fidelidad y en Derecho. Esto es, jura fidelidad al rey, pero también a la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente, constatando la igualdad de todos ante la ley.

De esta manera, y a partir de este martes, la Princesa de Asturias irá adquiriendo cada vez más relevancia institucional, en el ejercicio de la función representativa de la Casa Real que le corresponde, y mayor visibilidad en actos públicos, en consecuencia. Sin embargo, a nivel jurídico su posición seguirá siendo idéntica a la que ha venido ostentando desde que nació y así será hasta que llegue el día en que deba asumir, plenamente, la condición de reina.

Leonor de Borbón queda protegida, en su posición de heredera, por la figura del aforamiento, introducido para el Rey y su sucesora, en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2014 por lo que, en caso de tener que ser juzgada, lo sería por el Tribunal Supremo. Pero no es inviolable, como sí lo es su padre en tanto en cuanto Jefe del Estado.

Aunque la Constitución no enumera, de manera expresa qué funciones corresponden a la Princesa de Asturias, salvo en los casos de regencia, ni tampoco prevé el status adquirido por delegación del rey en representación de la Corona, en actos públicos, su papel se rige por la costumbre como fuente de Derecho del que se nutren sus funciones.