La Guardia Civil confirma el terrorismo de Tsunami y complica el plan de la Fiscalía para salvar la amnistía de Sánchez

El informe final de los investigadores de la Guardia Civil en la causa abierta en la Audiencia Nacional, desde hace cuatro años, contra Tsunami Democràtic, por las protestas en el aeropuerto del Prat tras la condena del Supremo a los cabecillas políticos del 1-O, no deja lugar a dudas: la plataforma separatista incurrió en actos propios del «terrorismo» a través de una organización «concertada» y «no espontánea» para hacerlos efectivos.

El dictamen policial, que ya ha sido incorporado al expediente judicial del Instrucción Central Número 6, del que es titular el magistrado Manuel García Castellón, complica los planes de la Fiscalía que, en las últimas semanas maniobra para modificar su calificación sobre los hechos, del pasado mes de agosto, para acusar únicamente por desórdenes públicos agravados, una vez eliminada la amnistía del Código Penal, y no perjudicar la amnistía pactada entre ERC y Pedro Sánchez.

Según ha podido sabe El Debate en primicia, el documento de la Jefatura de Información de la Guardia Civil en el que se recoge el volcado del contenido de los teléfonos propiedad de una veintena de imputados en la causa, confirma que los promotores de las protestas de Cataluña, en 2019, contra la sentencia del Alto Tribunal, operaron bajo las premisas de una organización criminal.

«La plataforma Tsunami Democràtic no surgió de forma espontánea, sino que fue el resultado de una estrategia minuciosamente planificada (...), una herramienta que sirvió como elemento desestabilizador y de presión política a través de la movilización social a gran escala». Su «estrategia u hoja de ruta consistía en la ejecución de acciones de gran envergadura que movilizaran a miles de personas y que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España», refleja el extenso informe policial de 202 páginas.

Y lo hicieron con el único objetivo de «subvertir el orden constitucional» alterando, «gravemente» la paz pública y comprometiendo la «seguridad nacional» en instalaciones estratégicas como, por ejemplo, el aeródromo internacional de Barcelona.

No en vano la Guardia Civil apunta a cómo «atendiendo al resultado de las acciones protagonizadas por Tsunami Democràtic, se puede decir que se produjo una alteración grave del orden y de la paz pública en la que hubo momentos en los que se puso en riesgo la integridad física de los usuarios de la vía pública, así como la libertad y el patrimonio de muchos ciudadanos de Cataluña». Esto es, el tipo de conductas que se recogen en el tipo penal del artículo 573 del Código Penal sobre terrorismo.

«Planeamiento premeditado»

La Unidad Central Especial número 3 de la Jefatura de Información de la GC ha concluido que todas las acciones de la plataforma separatista «fueron planeadas premeditadamente y con una clara intencionalidad; provocar grandes perjuicios económicos a las principales estructuras del sistema económico y, por ende, desestabilizar la economía española (bloqueo de los aeropuertos de Barcelona y Madrid), aislar a España del resto de Europa (corte de la autopista AP-7 en la frontera con Francia y marcha lenta en la que llamaron 'Operación Caracol que consistió en la ralentización del tráfico en la frontera de España con Francia en Behobia (Guipúzcoa)) o internacionalizar el conflicto proyectando una imagen antidemocrática de España en el exterior (actos durante la celebración del clásico el 18 de diciembre de 2019)».

De hecho, los agentes que han estudiado los mensajes contenidos en los terminales móviles de los investigados, han encontrado numerosas evidencias que acreditan la «labor de planificación y preparación previa» de los integrantes de Tsunami en diferentes formatos de mensajes móviles, foros y páginas web.

Sin embargo, la más reveladora «son las propias manifestaciones» realizadas «en dos programas de televisados por la cadena de televisión autonómica TV3». El primero de ellos, «fechado el 17 de noviembre de 2019, consistió en un amplio reportaje sobre la acción del corte de la AP-7». El segundo, retransmitido dos días después, «contiene una entrevista a dos portavoces de Tsunami Democràtic bajo 'medidas de seguridad extremas' y con la voz doblada», destaca el informe, en el que uno de ellos reconoce cómo «se ha estado organizando durante más de un año para preparar la respuesta a la sentencia del 14 de octubre de 2019» dictada por el Supremo en la causa del procés.

Una «estructura jerárquica»

Tsunami Democràtic se comunicó a través de una aplicación tecnológica «compleja» y «cifrada» y «nace sobre la base de una estructura creada ad hoc que permitiera la instauración de esta herramienta de movilización social masiva», concluyen los agentes. «Dicha estructura, sustentaba a la plataforma en materia logística, operativa, financiera, legal o comunicativa,(...) cuyos participantes tenían asignadas unas funciones divididas por áreas de trabajo» dentro «de la estructura interna de Tsunami» lo que pone de manifiesto el «planeamiento organizado» propio de las organizaciones en las que se da una «connivencia» para delinquir.

Es decir, los investigadores de la Guardia Civil han destacado cómo de entre todo el material incautado, se aprecia la existencia de «una estructura jerárquica o relación vertical», donde existe «una coordinación en el plano horizontal donde se produce una división del trabajo y un reparto de cometidos por áreas como queda patente en el mensaje en el que explican el gasto del dinero recaudado».

Además, y en relación con el destino de dichos fondos, estos se dirigieron, fundamentalmente, a «equipo internacional de informáticos», «abogados», «material impreso», «infraestructura de 9N», relativa a todos los «gastos empleados en las acciones de Tsunami Democràtic de los actos durante la jornada de reflexión del 9 de noviembre de 2019»; o, del denominado acto «infraestructura de TABACO», nombre en clave utilizado para los cortes de tráfico provocados en la frontera con Francia a la altura de la Junquera.

La Fiscalía, al rescate de Sánchez

Por su parte, la Fiscalía que todavía está pendiente de, una vez recibido el informe de la Guardia Civil, remitir el informe de calificación definitivo al procedimiento penal, maniobra para que los gravísimos disturbios de Tsunami Democràtic no sean considerados terrorismo porque hacerlo podría perjudicar a la amnistía que prepara Pedro Sánchez a cambio de los siete 'síes' del partido de Carles Puigdemont para su investidura.

Así las cosas y tras admitirse la personación de Dignidad y Justicia y Vox en la investigación para esclarecer las responsabilidades de Tsunami Democràtic en los altercados que tuvieron lugar en Cataluña tras conocerse la condena del Supremo a los líderes del procés –y que se saldaron con una víctima mortal, entre otros desperfectos personales y materiales– en la Jefatura de la Fiscalía de la AN se han movilizado para evitar que trascienda un informe remitido este verano por el fiscal de guardia asignado al caso, en el que se apuntaba al terrorismo de la plataforma separatista.

No es la primera vez que en al Ministerio Público se da un bandazo tan acusado. Como ya ocurriera con la renuncia del fiscal encargado del caso reabierto sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, publicada en exclusiva por El Debate, tras presiones de sus superiores para declararla prescrita, nada impide que la posición del fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, «cambie» la lectura del fiscal que en verano calificó lo ocurrido como terrorismo y que «es lo único que justifica» la presencia de la asociación de víctimas en el procedimiento «desde un principio».