La Audiencia Nacional exige respeto a sus jueces y magistrados frente a la amenaza del 'lawfare'

Exigir «un absoluto respeto a la división de poderes» frente a la supervisión y el revisionismo de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo, tras el pacto alcanzado por el PSOE con los separatistas de Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional (AN) ha hecho suyo el comunicado de su Sala homóloga del Tribunal Supremo (TS) y reaccionar al escenario que se abre tras el acuerdo sellado para amnistiar a Carles Puigdemont y el conjunto de los doce últimos años del procés.

«El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes», afirmaba en su comunicado el Alto Tribunal que hoy ha suscrito la AN. Sin embargo, con el voto en contra del presidente de la Sala de lo Social del órgano judicial central, José Pablo Aramendi, que ha asegurado que el tribunal «no debe realizar pronunciamiento alguno por la inexistencia de hechos o actuaciones concretas que hayan violentado efectivamente la independencia de jueces».

El magistrado se ha expresado así en la reunión de la Sala de Gobierno celebrada este mismo miércoles en la Audiencia Nacional. En esta línea, Aramendi se ha opuesto a emitir «este pronunciamiento en el día de hoy, atendiendo al contexto en el que se va a emitir», en alusión a la sesión de investidura que se celebra en el Congreso de los Diputados.

Pese a ello, y una vez sometida la propuesta a votación, se ha acordado de forma mayoritaria, la adhesión al comunicado de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de este pasado lunes.

En la línea del más Alto Tribunal

Reivindicaba también que «el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley».

Por eso, enfatizaba «la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones», indicando expresamente que «ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado».

Tanto el Supremo como la AN han reaccionado así a dicho acuerdo, que contempla la creación de comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de 'lawfare' (guerra judicial) y, de ser así, que se deriven las «consecuencias» oportunas, lo que podría acabar en querellas pro prevaricación contra jueces y magistrados, además de responsabilidades civiles y disciplinarias.

Cabe recordar que, en las últimas horas, desde que se conociese el contenido del acuerdo entre PSOE y Junts, han empezado los señalamientos de jueces y magistrados que, desde la izquierda política son sospechosos de poner en práctica el 'lawfare'. Con especial intensidad en la figura del instructor del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón quien se ha visto obligado a pedir amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).