El fiscal general se pone de perfil ante la amnistía y trata de evitar al Consejo Fiscal para dar amparo a los fiscales del procés

«Cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura ley de amnistía de los hechos acaecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El posicionamiento –en todo caso técnico-jurídico– de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención. En consecuencia, el Fiscal General del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados».

Así se ha pronunciado Álvaro García Ortiz, en una escueta nota remitida a la Carrera, a las 09.30 horas de esta misma mañana, tras las recientes reacciones de varios miembros destacados de la misma, señalados por el lawfare, y en contra de la convocatoria de Pleno extraordinario solicitado por la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal en el que tratar el alcance de la norma al Poder Judicial, según el texto ya registrado en el Congreso de los Diputados para el borrado penal del procés.

En el comunicado, al que ha tenido acceso El Debate, García Ortiz asegura que su papel como fiscal general que «ostenta la jefatura superior y la representación del Ministerio Público en todo el territorio español, es la mejor garantía de nuestro quehacer diario y velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas».

García Ortiz insiste –pese a las críticas por su «pasividad» ante las consideraciones recogidas sobre la «guerra judicial» (lawfare) en el pacto suscrito entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez– en que debe «respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de Derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionales atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado».

Y añade: «Es por ello que nuestra norma estatutaria prevé como una de nuestras primera funciones la de velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa». asegura en su nota a los fiscales.

«La observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el Ministerio Fiscal, en ocasiones desarrollados en las más difíciles condiciones, lo que aumenta el valor añadido del cumplimiento de la misión constitucional que las y los fiscales de nuestro país tienen encomendada», concluye García Ortiz.

Sin embargo, el Ministerio Público es la única institución del orden jurisdiccional que, por el momento, ha evitado condenar los términos empleados hacia el Poder Judicial en el pacto entre socialistas y separatistas, así como rechazar la puerta abierta del acuerdo al revisionismo parlamentario sobre la actuación de magistrados y fiscales en nuestro país.