Los fiscales insisten en que García Ortiz está «obligado a convocar al Consejo» en defensa de los ataques a sus compañeros del 'procés'

Los cuatro fiscales del procés aún no han recibido respuesta. La mayoría del Consejo Fiscal, tampoco. La escueta nota institucional con la que el fiscal general del Estado despachaba las dos cartas recibidas para que el Ministerio Público se posicionase contra la amnistía y en amparo a los profesionales que, durante el juicio de la causa especial del Supremo, actuaron en defensa de la legalidad «no responde, en modo alguno» a las peticiones formuladas.

Los fiscales siguen a la espera de que Álvaro García Ortiz convoque al máximo órgano de la Carrera, ya que «así lo han solicitado seis vocales». Esto es, dos más del mínimo necesario para instar una convocatoria extraordinaria del Pleno que «está obligado» a atender. «El fiscal general no puede hurtar al Consejo Fiscal una función que le corresponde en exclusiva» apuntan desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), «como es la de prestar amparo a cuatro compañeros», tal y como se deduce de su misiva.

Al igual que ya ha sucedido con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el caso del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, el artículo 118 q) del Reglamento del Ministerio Fiscal recoge, entre los derechos profesionales de los fiscales el de «acudir en amparo al Consejo Fiscal cuando se considere inquietado o perturbado en el ejercicio de sus funciones».

Y es que, desde que se conociese el contenido del pacto entre el PSOE y Junts, para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y su reelección como presidente del Gobierno, y las referencias al lawfare, han sido varios los jueces y fiscales señalados por los separatistas y su entorno como una suerte de prevaricadores que actuaron motivados no en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de la ley entonces vigente, sino por una suerte de «guerra judicial» contra los líderes políticos del referéndum inconstitucional del 1-O.

Así las cosas, apenas unas horas después de que tanto los seis vocales electos de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) en el seno del Consejo instasen a García Ortiz a pronunciarse en contra de la ley de amnistía, en relación al texto de la Proposición de Ley registrada en el Congreso por el grupo parlamentario socialista, y de que los fiscales Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Javier Zaragoza se dirigiesen a él en busca de apoyo y protección ante «el solo hecho de que se arroje la sospecha sobre los fiscales de una actuación ilegal», éste se despachaba para ponerse de perfil en un «texto que responde a alguien a la espera de ser renovado en su puesto».